Según los medios, hay paros y plantones de maestros en tres estados de la república: Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Aunque no de la misma magnitud ni exactamente con las mismas demandas, parece que sí les es común su radical oposición al examen de evaluación que pretende aplicarles la Secretaría de Educación Pública (SEP), cuyos fines y propósitos la misma dependencia federal ha mantenido en la ambigüedad y falta de precisión puntual.
Y es esto justamente lo que genera y acrecienta los temores y sospechas de los maestros, quienes creen que se trata de un pretexto “académico” para despedirlos, o para rebajar sus prestaciones y conquistas sindicales, en provecho de incondicionales al partido en el poder y de la educación privada.
En resumen, los profesores ven en la “evaluación” una especie de picota en la que se pretende colocarlos y exhibirlos (para eso se inventó la picota) y obligarlos a aceptar, indefensos, las exigencias y condiciones del gobierno.
Sea así o no, la verdad es que el conflicto encierra lecciones que ningún político sensato debe ignorar. Creo, en primer lugar, que el giro violento de la lucha magisterial es fruto del manejo autoritario y vertical de la política educativa por parte de la SEP. Eso implica, necesariamente, hacer a un lado la opinión y los intereses (como quiera que se los califique) de los maestros de base, suplantándolos con acuerdos de las cúpulas gremiales cuya legitimidad y representatividad están más que cuestionadas.
Es mi profunda convicción que, salvo raras excepciones, el maestro mexicano, del nivel que sea, es patriota, nacionalista con un nacionalismo racional y no excluyente, y firme partidario del progreso compartido del país.
No puede, por tanto, estar en contra de una educación de calidad como la nación demanda, con tal de que se le explique el problema de manera completa, racional, fundada en hechos y cifras irrefutables y a través de un coloquio respetuoso que incluya a toda la base magisterial.
Se evitaría así la confrontación y, lo que es mejor todavía, el maestro participaría en el cambio con convicción y entusiasmo. Lo que hoy vemos es el fracaso de la vieja política tejida con mañas, trampas, mentiras y engaños, basada en planes ocultos o revelados a medias y con propósitos no del todo claros. Eso es lo que genera la oposición de los maestros.
Creo, en segundo lugar, que la desconfianza en las “soluciones” de los gobernadores y la exigencia de negociar con Gobernación Federal como testigo y garante de los acuerdos, es prueba de la bancarrota de otro de los recursos favoritos del político al uso: tomar acuerdos y firmar minutas al por mayor, para, a renglón seguido, olvidarse de cumplirlos y burlarse con toda desfachatez de las personas o grupos demandantes (los antorchistas somos víctimas privilegiados de este tipo de fraude).
Resultado: el gobernante actual, con rarísimas excepciones, no le merece ningún respeto ni credibilidad al ciudadano común y corriente, y es eso lo que lo vuelve totalmente inútil para contener y resolver los conflictos de su área de responsabilidad.
Creo también, en tercer lugar, que importa notar que los protagonistas del movimiento actual son todos miembros de la CNTE, el organismo rival del Sindicato oficial, es decir, ajenos al redil de la profesora Elba Esther Gordillo. ¿Qué demuestra esto? Que quienes han hecho de “la maestra” la bete noir de la educación nacional y piden su cabeza un día sí y otro también, ven sólo el lado “malo” de un liderazgo fuerte y con autoridad entre sus agremiados, olvidando que un dirigente respetado por sus bases y buen negociador, puede ahorrarle muchos dolores de cabeza al gobierno y permitir un manejo terso de los problemas de su gremio.
Yo no afirmo que Elba Esther Gordillo sea ese tipo de líder; lo que sí digo es que lo peor que podemos hacer (o pedir) es defenestrarla sin más, sin medir bien las consecuencias de su ausencia, en vez de plantear y exigir la auténtica democratización de todos los sindicatos del país y, luego, dejar que sean los propios sindicalizados quienes resuelvan la cuestión de sus liderazgos. ¿Se acuerda del “quinazo” en PEMEX? ¿Y acaso el sindicato está mejor que entonces?
Una última lección. Todas las noches espero, con tensión renovada, oír al temible “león de los medios”, Ciro Gómez Leyva, acusar a los maestros de Oaxaca de “chantajistas”, “extorsionadores” y culpables de despojo a la nación, por “robarse” el centro histórico completo de la capital del estado, tal como lo hace con toda saña y puntualidad cada vez que se manifiesta Antorcha en el centro del D.F. Pero nada.
Se limita a algunos gestos de desagrado y a soltar algún comentario inocuo, a pesar de que se trata, en esencia, del mismo derecho y de la misma forma de ejercerlo. ¡Qué bueno que Ciro Gómez “Torquemada” respete a los maestros! Pero que quede claro, entonces, que las injurias y acusaciones que nos lanza son “válidas” sólo para nosotros, es decir, que tal como hemos dicho, se trata de ataques mercenarios, cobardes y abusivos, sin ningún sustento legal ni moral, lanzados sólo por así convenir a quienes financian al mencionado periodista.
Termino con el peligro que entraña el conflicto magisterial. Ayer lunes, 4 de junio, el Presidente de la República se pronunció en contra del paro y lanzó un enfático ¡ya basta! Dijo, además, que no permitirá más daños a la educación de los niños y jóvenes mexicanos y que no consentirá una sola escuela cerrada en todo el país. Creo que si nos vamos al contenido del discurso, el señor Presidente tiene razón y refleja el sentir de la mayoría de la población.
Pero me parece que no es allí donde está el nudo del problema, sino en el hecho de que varios miles de maestros (aunque no alcancen a ser la mayoría del magisterio), haciendo uso de un derecho constitucional, han tomado las capitales de Guerrero y Oaxaca y se han instalado en plantón permanente exigiendo solución a demandas que ellos creen justas.
Y es obvio que, si la decisión presidencial ha de cumplirse, sólo hay dos caminos para ello: la negociación eficaz, seria y conducida por ambas partes con inteligencia, flexibilidad y compromiso firme de respetar los acuerdos, o el desalojo violento del plantón. Y es claro, también, que en este último caso, sería indispensable la intervención del Ejército Mexicano, única institución con la autoridad y la capacidad requeridas para un operativo de esa envergadura.
Pero ello significaría, casi con seguridad, el comienzo de una espiral de violencia y represión cuya primera víctima sería el proceso electoral en curso, y esto, a su vez, el principio del descarrilamiento del país entero. Por eso, por la tranquilidad y la paz pública de la nación, es necesario que el Gobierno elija el camino del diálogo y la solución negociada. Si no, ¡que Dios nos coja confesados!
