El sector central de la Sección 22 del Magisterio oaxaqueño convocó este jueves a reagruparse con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) para reactivar la lucha social hasta lograr el encarcelamiento del gobernador Ulises Ruiz Ortiz.
Lo anterior, ante la absolución que concedieron los 25 diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al titular del Poder Ejecutivo estatal por las violaciones probadas a los derechos humanos durante el movimiento magisterial popular del 2006 y 2007.
Entrevistado afuera del recinto legislativo, donde una comisión de unos 20 trabajadores de la educación instaló una protesta de dos horas, el representante del Valle Central de la Sección 22 del SNTE, José Alfredo Martínez Jiménez, informó que será en su asamblea general del 28 de agosto próximo cuando definan su plan de acción.
Pero no descartó un escenario similar al del 2006 con la toma de dependencias, bloqueo de calles y levantamiento de barricadas.
Tras calificar el juicio político como una “nueva burla del PRI al pueblo de Oaxaca”, el dirigente magisterial llamó a la movilización a los diversos grupos sociales que participaron durante el conflicto social del periodo por el que fue juzgado Ruiz Ortiz.
“Hoy todos los referentes, todos los esfuerzos tenemos que unificarnos y será la Sección 22, así como lo fue en el 2006, la que aglutine todos los esfuerzos, movilizarnos y exigir la justicia para el pueblo de Oaxaca”, convocó.
Reiteró que será en asamblea plenaria de la Sección 22 en donde se diseñará el plan de acción, así como la ruta penal a seguir para lograr el encarcelamiento del Mandatario estatal.
Dijo que junto con las bases se mantendrá vigilante de que se haga justicia y se castigue a Ulises Ruiz.
“Ellos pueden considerar en este espacio, como siempre lo han hecho, artimañas y argucias para exonerar al asesino, pero la justicia la va a tomar el pueblo de Oaxaca y en ese sentido nos pondremos al frente porque no es posible que se vuelvan a burlar del pueblo de Oaxaca”, advirtió.
Los mentores gritaron consignas desde el exterior del recinto parlamentario ubicado en el municipio conurbano de San Raymundo Jalpan, sin la intención de ingresar al salón de sesiones donde los legisladores debatían la resolución de la Comisión Instructora Permanente que perdonó al Mandatario estatal cualquier posible delito cometido.
Y es que la comisión encabezada por el legislador priista, Etelberto Gómez Fuentes, decretó que “no ha lugar a proceder en contra del Gobernador por los hechos que dieron origen al procedimiento de juicio político porque no es responsable ni por acciones, ni por omisiones, ni directa, ni indirectamente”.
