CRÓNICAS DE LA ÍNSULA
No tiene caso que persistan leyes que casi nunca tienen referencia con la realidad, leyes que no se usan. Menos cuando éstas se quieren aplicar a algunos actores sociales y a otros no. En lugares donde lo que predomina no es el Estado de derecho, sino una simulación a contentillo del dinero del cliente o de su fuerza política o de presión, el derecho a violar la ley ha ser parejo para todos.
Lo anterior sucede en Oaxaca de manera cotidiana, la administración de la justicia se encuentra sumida en la impunidad propiciada por la ineficiencia o corrupción de sus actores. Sobre todo, por la venalidad de los gobernantes, que aplican la ley a quien ellos quieren o pueden, y dejan libre a los que presionan o son sus cómplices.
No hay Estado de derecho
En resumidas cuentas en Oaxaca no existe el Estado de derecho. Pero ¿qué es eso? En términos simples Estado de derecho engloba tres aspectos: es un conjunto de leyes; un grupo humano que la respete; o una autoridad que la haga respetar por la fuerza. En Oaxaca no tenemos estos dos últimos supuestos.
Que la autoridad sea casi por completo omisa de su función, que no haga respetar a ley crea un fuerte encono social, que no tiene ni siquiera posibilidad de desahogo contra los responsables de quienes no respetan la ley o contra quienes no la hacen respetar. Generalmente, esa inconformidad repercute contra sus conciudadanos. En última instancia, llega a provocar que cuando pueden algunos se hagan justicia por propia mano.
De ahí que esta anarquía propicie que se incremente la desobediencia a la ley, pues como otros no la respetan, entonces, como decía el clásico, “Y yo por qué”. Esto tiene su referente en datos duros, de los delitos que se cometen la mitad no se denuncia, y de los que se denuncian sólo se resuelve un 5 por ciento. Es evidente que la autoridad no sirve.
Tres conejos y un desafortunado
Hace unos seis meses fue condenado a prisión un zapoteca de Tlacolula de Matamoros por haber sacrificado tres conejos. La condena fue por incumplir la ley de protección de la fauna silvestre. La tragedia humana y familiar de esta decisión de la autoridad local es alta. Sin siquiera considerar otros elementos. Como sería su origen étnico que lo protege con otras leyes y acuerdos internaciones, como todo indica es el caso.
En México existe una Ley de protección de la naturaleza, que reconoce el derecho de los pueblos originarios a la explotación de la flora y la fauna de su entorno, derecho reconocido por encima de cualquier otra disposición nacional. Esto avalado por el Acuerdo 169 de la OIT, que trata de los derechos internacionales de los pueblos indígenas. El tlacolulence que sacrificó esos tres conejos fácilmente puede inscribirse en este supuesto.
Los impunes afortunados
El tema es que a este paisano se le aplica todo el peso de la ley, sin esas otras consideraciones importantes que lo hacen inocente, mientras que otros acusados de intento de asesinato, de lavado de dinero, de tráfico de influencias, entre tantos otros delitos, como los líderes de la Sección 22, salen libres de la cárcel sin siquiera pagar una fianza.
O un alto funcionario de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca, Juan Arturo López Ramos, defrauda con todas las agravantes, sobre todo por su actuar con dolo, porque conocía y sabía que cometía un delito y así vendió una casa que se está cayendo, en terreno comunal y reserva ecológica en San Felipe del Agua, además de no contar con licencia de construcción. Naturalmente, éste no pisará la cárcel.
Ajustar las leyes a la realidad
Ante esta situación primitiva, ¿qué debemos hacer los gobernados, al margen de autoridades ineficientes? No parece haber opciones, más que una barbarie cada más lacerante. Ni siquiera podemos asumir la milenaria Tabla de Moisés, para respetar al menos derechos básicos. En la historia del derecho, ¿Dónde, en qué lugar estaría Oaxaca?
La realidad nos muestra que las leyes actuales no funcionan en nuestra vida cotidiana. Hay que ajustarnos a esa realidad, es urgente. Ardua tarea tienen los abogados locales para proponer un entramado legal coherente y justo, que brinde igualdad a todos los miembros de la sociedad. Una legislación que ofrezca a todos, parejo, el derecho a vivir chueco.
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