+ Alto costo, haber propuesto relación de bilateralidad; ¿Y la federación?
Las protestas de la Sección 22 del SNTE no son parte de la tradición de Oaxaca, y tampoco son hechos aislados como para simplemente negar su existencia y efectos, al sólo afirmar que “la entidad está en paz”. Las protestas del magisterio —que ahora exigen el cumplimiento de la relación de bilateralidad que el propio gobierno les prometió— tiene razones perfectamente explicables, que ahora deberían ser revisadas con todo detalle porque nadie, ni el gobierno ni la sociedad ni los sectores productivos, pueden seguir dándose el lujo de cometer errores tan costosos como estos.
En efecto, en los últimos días la Sección 22 del SNTE estableció como una de sus principales prioridades, la del cumplimiento del planteamiento hecho por el propio gobierno en febrero pasado, de establecer una relación de “bilateralidad”. Quizá él gobierno asumió que esa bilateralidad significaba una forma más democrática de conducir las relaciones educativas o políticas con el magisterio —incluso en un plano de equilibrio— lo cierto es que para la Sección 22 eso significa simple y llanamente cogobierno.
De hecho, quién sabe qué haya querido plantear el gobierno al proponer esa nueva relación de bilateralidad con la Sección 22, pero lo que sí es seguro es que el magisterio vio en esa afirmación, la puerta de entrada posible hacia la recuperación del control administrativo y político del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, lo cual ha sido uno de sus mayores anhelos desde que éste les fue expropiado justamente en julio de hace dos años gracias al acuerdo establecido por el entonces gobernador Gabino Cué y el gobierno federal.
Incluso, desde el mes de febrero pasado, cuando se dio a conocer la intención de establecer esa relación de bilateralidad, en este espacio advertimos el enorme riesgo que ello representaba, tanto en la parte sustantiva, como respecto a las señales poco claras que ofrecía el propio gobierno respecto a sus intenciones.
El gobierno estatal —dijimos aquí el 13 de febrero pasado— entabló una nueva relación con la Sección 22 que, según parece, ha enviado señales poco claras tanto de sus derroteros como de las condiciones en que ésta ocurrirá. ¿De qué hablamos? De que por un lado el Gobierno del Estado ha reconocido la necesidad de entablar una nueva dinámica democrática con el magisterio, aunque al mismo tiempo ha dejado ver —o ha cuidado poco su discurso— la intención de generar una especie de cogobierno con la Coordinadora.
Esto, en general, ha sido muy mal recibido tanto por la opinión pública como por las voces especializadas —señalamos desde entonces—. Es perfectamente conocido en Oaxaca, y en el gobierno federal, lo engañosa que resulta la idea de que se puede cogobernar con la Sección 22, y aún más de que ese cogobierno puede darse cediendo espacios de privilegio para el magisterio. La larga experiencia oaxaqueña en el tratamiento del conflicto educativo, como una condicionante permanente para la gobernabilidad, ha demostrado reiteradamente que no es posible cogobernar con ellos; que las únicas dos relaciones posibles, excluyentes entre sí, entre el gobierno y la 22, es la del sometimiento, o la de la disputa abierta.
RELACIÓN AVENTURADA
Esa intención del cogobierno no es nueva. De hecho, el previsible fracaso de esa política se ha venido reiterando, y quedó perfectamente delineado en la administración pasada: durante los cuatro primeros años de gobierno, Gabino Cué no cogobernó ,sino que se sometió al mandato de la Sección 22; y el 21 de julio de 2015 decidió que la nueva relación con el magisterio —respaldado por el gobierno federal— sería la de la disputa abierta. Si bien ninguna de las dos es una fórmula perfecta, sí queda claro que la única forma que tuvieron los gobiernos estatal y federal de que la reforma educativa diera sus primeros pasos fue sólo a través del escenario de la confrontación abierta.
Eso explica por qué, cuando en febrero pasado el gobierno de Alejandro Murat habló de la posibilidad de generar una nueva relación de bilateralidad con la Sección 22, la generalidad de las voces que analizan cotidianamente el conflicto educativo consideraron que eso se trataba de una capitulación —es decir, una rendición— disfrazada del gobierno ante el magisterio.
Incluso, desde entonces se decía que no ayudaba el hecho de que el gobierno estatal fuera tan poco cuidadoso en la construcción de la narrativa de esta nueva relación, y que la Sección 22 —que sí entiende a la perfección este nuevo contexto— estuviera desde el inicio completamente desbordada aprovechando su posición de fuerza y la percepción a su favor, contribuyendo a la idea de que el diálogo con el gobierno de Oaxaca no es más que la formalización de un nuevo periodo —o la recuperación— de supremacía magisterial sobre el Gobierno del Estado.
En todo esto, las expresiones del gobierno federal respecto a la situación que prevalece en el sector educativo de Oaxaca no ha sido muy consistente. Ellos se han limitado a señalar que la implementación de la reforma educativa continúa con normalidad y que no hay ningún cambio en las condiciones en que se aplica la Ley del Servicio Profesional Docente. Fuera de eso, han evitado involucrarse en las suspicacias que generan las nuevas sinergias gobierno-magisterio en Oaxaca, quizá porque saben que volver a formalizar la relación de los temas educativos con la gobernabilidad, es algo así como jugar con fuego. Y como eso es justamente lo que hoy están haciendo en Oaxaca, parece que por eso están optando por el silencio.
Lamentablemente, esa opacidad en las posiciones tanto del gobierno estatal como del federal, sí están permeando de manera negativa en la percepción que se tiene de la nueva relación que están construyendo con el magisterio oaxaqueño. Esa percepción, básicamente, radica en asegurar que alguien miente: quizá mienta la Sección 22 que ahora está exigiendo el cumplimiento del compromiso de la relación de bilateralidad que dicen que tienen con el gobierno de Oaxaca. En exigencia de eso, incluso, llevaron a cabo sus movilizaciones de todos estos días, que trataron de equilibrar con su añeja —y ya cumplida— demanda de la contratación automática de los egresados de las escuelas normales de la entidad.
Si no miente la 22, entonces miente el gobierno. Hasta ahora, la administración estatal ha optado únicamente por esconder el rostro y negar todo. Incluso, no sólo han negado la posibilidad de esos acuerdos —que estarían generando las consecuencias que hemos visto por las protestas magisteriales en el marco de las fiestas de julio—, sino que incluso han negado la propia inestabilidad política argumentando que todo es fiesta, paz y colorido por la Guelaguetza.
Al final, si no mienten ni la 22 ni el gobierno de Oaxaca, entonces estaría mintiendo el gobierno federal. Casi todos los días, el titular de la SEP, Aurelio Nuño sale a algún noticiero nacional para hablar de los avances en la implementación de la reforma educativa. Dice que Oaxaca es parte de ese éxito. ¿Entonces esa relación de “bilateralidad” que pretenden construir la 22 y el gobierno de Oaxaca, está ocurriendo a sus espaldas? ¿O la SEP lo avala pero le miente a la ciudadanía al no reconocerlo?
Evidentemente, tantas contradicciones sólo revelan que en realidad sí se está intentando establecer nuevamente el cogobierno con la Sección 22. Los oaxaqueños ya sabemos que eso no sólo no funciona, sino que arrodilla y postra al Estado de Derecho frente a los caprichos magisteriales. ¿Entonces?
“TAXIS GRATIS”
¿Cuánto le va a costar a la ciudadanía, al orden público y al Estado de Derecho, que nuevamente el gobierno se haya recargado en un poder fáctico como la CTM —esos mismos que se enfrentan violentamente con sus adversarios, que cierran calles, que intimidan personas, y que ‘echan bala’ cuando se necesita— para “garantizar” la fiesta de los Lunes del Cerro? Los taxis gratis son todo menos gratis. La contraprestación quizá sea económica, desde las arcas públicas. Pero muy seguramente lo que buscan son prebendas, impunidad y todo lo que necesitan para operar. Pobre Oaxaca.
