+ En los socavones en carreteras de Morelos y Oaxaca, así como en fraudes en obras de la SCT, figuran empresas de Eviel Pérez Magaña y el titular de CAO, David Mayrén, e involucran al subsecretario de Infraestructuras, Alejandro Aroche, y empresarios ligados al PRI y a los sexenios de Alejandro Murat, Gabino Cué y Ulises Ruiz
OAXACA, OAX., julio 23.- Empresarios y funcionarios de los gobiernos del estado y federal, así como políticos se encuentran involucrados en actos de corrupción de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), como los socavones de carreteras en Morelos y Oaxaca, además de obras fraudulentas de la oficina de Gerardo Ruiz Esparza en varios estados de la república.
En los casos se involucra a un funcionario de primer nivel del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa y Enrique Peña Nieto, así como a ex funcionarios de las administraciones de Gabino Cué Monteagudo y Ulises Ruiz Ortiz, al igual que a empresarios ligados al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y funcionarios de la SCT, además de gobiernos de otros estados.
INVESTIGAN A EMPRESA OAXAQUEÑA POR SOCAVÓN
Sobre las fallas en la construcción del Paso Express de Cuernavaca, que cobraron la vida de un padre y su hijo, las investigaciones del gobierno federal involucran a la empresa oaxaqueña Desarrollo Integral y Productividad Empresarial, representada por el ingeniero Pablo Mario Arrazola.
De acuerdo con el contrato por 7 millones 227 mil 147 pesos, firmado por el residente general de carreteras federales, Josué Robles Rodriguez, en junio de 2015 y del que el periódico “CENTRO” tiene copia, la compañía se encargó de la “verificación de calidad de los trabajos relativos a la ampliación del libramiento de Cuernavaca (paso exprés) en el estado de Morelos”.
La licitación fue por “invitación a cuando menos tres empresas” y también participaron Grupo de Asesoría Profesional Ronzón y Asociados, de Gabriel Morales Rozón, y la también oaxaqueña Constructora y Operadora de Bienes y Servicios Ñuu, S.A. de C.V.
El periodista Carlos Puig, de Milenio, reveló que tanto Pablo Mario Arrazola como Gabriel Morales Rozón, trabajaron en la dirección de administración del gobierno de Oaxaca durante la gestión de Gabino Cué. “El segundo fue director de patrimonio del estado. Su jefe era Pablo Negrete Santiago, según la prensa oaxaqueña, amigo de Jorge Castillo, a quien rodean varios escándalos de corrupción”, afirmó.
El articulista supone estos negocios como un acuerdo entre los gobiernos de Graco Ramírez y Gabino Cué. Ambos personajes estuvieron bajo el mando del entonces secretario de administración, Alberto Vargas Varela.
PABLO MARIO ARRAZOLA PODRÍA IR A LA CÁRCEL
De hecho, la empresa Desarrollo Integral y Productividad Empresarial, SC está siendo investigada junto a Construcciones Aldesem, SA de CV [Aldesa]; Epccor, SA de CV; SACC Ingeniería, SA de CV; y Grupo Selome, SA de CV.
La indagatoria del Órgano Interno de Control, iniciada el pasado 13 de julio con motivo del socavón en el Paso Express, se enfoca en los antecedentes de las contrataciones de obra pública, los estudios de mecánica de suelos y las especificaciones técnicas de los proyectos para la construcción y reconstrucción del tramo carretero.
La SCT pagó mediante licitación pública nacional 1 mil 45 millones 857 mil 952 pesos a Construcciones Aldesem y Epccor en el contrato 2014-17-CE-D-062-W-00-2014, firmado el 28 de noviembre de 2014. El concepto fue la “ampliación del libramiento de Cuernavaca (Paso Express) en el estado de Morelos”.
En cuanto a la empresa SACC Ingeniería, se le otorgó el 7 de abril de 2015 el contrato2015-17-CE-D-020-W-00-2015, para la “coordinación del proyecto de ampliación del libramiento de Cuernavaca (Paso Express) en el estado de Morelos”. El monto fue de 38 millones 557 mil 733 pesos.
Y sobre Desarrollo Integral y Productividad Empresarial, de Pablo Mario Arrazola, es investigada por el contrato 2015-17-CE-D-036-Y-00-2015, por la “verificación de calidad de los trabajos relativos a la ampliación del libramiento de Cuernavaca (Paso Express), en el estado de Morelos”.
El Órgano Interno también indaga el contrato investigado por el órgano de control interno es el 2016-17-CB-A-041-W-00-2017, adjudicado por invitación a tres personas a Grupo Selome, por 9 millones 846 mil 11 pesos, por “trabajos para la atención del oficio SGPA/DGIRA/DG09236, de fecha 31 de octubre de 2014, expedido por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental derivados del proyecto de ampliación del libramiento de Cuernavaca (Paso Express), tramo del kilómetro 79+620 al kilómetro 94+260 en una longitud de 14.5, del entronque con el distribuidor vial Palmira, en el estado de Morelos”.
Según El Financiero, con dicho oficio la Semarnat ordenó a la SCT plantar más de 22 mil árboles para reparar el daño ecológico ocasionado por la tala de más de 3 mil ejemplares para la ampliación del libramiento.
En tanto, la Secretaría de la Función Pública separó de sus cargos para investigarlos a nueve funcionarios de la SCT, siete del Centro Morelos, encargados directamente de las adjudicaciones de los cinco contratos, y dos de la región central.
ERA AVIADOR DE GABINO CUÉ
La relación entre estos empresarios con el gobierno de Oaxaca data del sexenio pasado de Gabino Cué Monteagudo.
El veracruzano Pablo Negrete Santiago, director de administración de la secretaria que tenía bajo su responsabilidad Alberto Vargas Varela, fue acusado por empleados sindicalizados de tener una lista de “aviadores”, es decir, personal que solo cobraba 25 mil pesos mensuales, sin asistir a sus oficinas.
Entre estos figuraban los empresarios beneficiados por la SCT, Pablo Mario Arrazola y Gabriel Morales Ronzón, este último acusado de ser pariente del director de patrimonio.
Otros servidores públicos exhibidos por los trabajadores de gobierno fueron Félix González Barrios, Felix Alberto Sánchez Vásquez, Elias Alfredo Gaspar Ramírez, Juan Carlos García Lázaro, Juan Carlos, Edgar Eleazar Vásquez Cordero, Carlos Ramírez Lagunes, Nayeli García Bernardo, Pedro Alfonso Cuevas López, Miguel Antonio Torres Sánchez, Raúl Domínguez Cristo y Carlos Piñón Onofre, hermano de Heidi Piñón Onofre, jefa de Control Presupuestal de la Secretaría de Administración.
En el anecdotario de la prensa quedó el reclamo del entonces diputado Manuel Pérez Morales a quien también era el secretario de administración Alberto Vargas Varela, al recordarle el rancho de 10 millones que se compró en Veracruz su director de Administración:“Ustedes que criticaban a los priistas salieron peor, son la misma gata, nada más que revolcada”.
El veracruzano Pablo Negrete fue acusado de corrupción en pagos extraordinarios a la empresa que ponía cada fin de año la pista de patinaje de hielo y de asignarse un bono de 55 mil pesos mensuales.
LOS AROCHE Y “EL CHUCKY”, INVOLUCRADOS
La aparición de un socavón en la carretera estatal Pinotepa Nacional-Corralero, registrado el viernes 14 de julio, cuando se hundió un camión materialista, involucra los pésimos trabajos realizados por una empresa ligada al priista Jorge “El Chucky” Franco Vargas e involucra a un funcionario cercano al gobernador Alejandro Murat Hinojosa.
El 16 de mayo de 2016, como integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Oaxaca, el tío político de Franco Vargas, Jorge Aroche, Antonio Vargas y Victor Palacios denunciaron presuntas irregularidades en las licitaciones de obras por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
En conferencia de prensa, los empresarios denunciaron supuestas irregularidades en las licitaciones de obras del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) en Oaxaca, ya que dos meses antes fueron aprobados y liberados los recursos para 47 obras en Oaxaca, por el orden de 257 millones de pesos.
Jorge Aroche acusó a la SCT de emitir una convocatoria en dos licitaciones públicas nacionales que agrupan un total de 26 obras por un total de 200 millones de pesos, por lo que solo 57 millones de pesos serían para empresas oaxaqueñas. “No podemos hablar de una reactivación económica si no tenemos trabajo”, sostuvo.
Acusaron a Alejandro Fernández Campillo, director de Conservación de Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de haber cancelado una licitación pública de nueve obras, por 48.4 millones de pesos, para entregarla a empresas vinculadas a él y a Héctor Armando Castañeda, delegado de la SCT en Oaxaca.
La SCT convocó a dos juntas de aclaraciones el 4 y 11 de noviembre, asegurando que el fallo se daría a conocer el 2 de diciembre, pero este nunca llegó y en cambio dieron seis diferimientos, el último el 11 de enero del 2017.
Pero antes de esa fecha, la SCT adjudicó la licitación el 5 de enero, sin dar explicaciones del proceso.
Los beneficiarios de la licitación numero LO-009000967-E85-2016 fue el consorcio formado por las empresas constructoras de Antonio Vargas, Jorge Aroche y Victor Palacios, los mismos que habían denunciado anomalías en esa adjudicación.
Se trata de las empresas Aracena Construcciones, de Jorge Aroche, padre de Alejandro Aroche, subsecretario de planeación y programación de la Secretaría de Infraestructura (Sinfra) del Estado de Oaxaca; Servicio de Terracerías, Asfaltos y Construcción, de Antonio Vargas, y Estudios Proyectos y Dibujos, de Víctor Palacios.
SEÑALAN A FUNCIONARIO DE ALFREDO DEL MAZO
De acuerdo a reportes de la prensa nacional, el funcionario de la SCT, Alejandro Fernández Campillo, ha enfrentado acusaciones de corrupción y anomalías como coordinador de Desarrollo Turístico en el Valle de Teotihuacán (2008-2009) y como director de Desarrollo Urbano en Huixquilucan (2010-2012).
En ambos puestos su jefe directo fue Alfredo del Mazo, gobernador electo del Estado de México, según REFORMA.
“En el caso de Teotihuacán fue responsable de un proyecto de iluminación en las Pirámides de Teotihuacán que provocó daños a la estructura arqueológica y que terminó suspendido. En Huixquilucan fue señalado por colonos de Tecamachalco e Interlomas de haber autorizado desarrollos sin cumplir con las normas urbanas”, agrega.
Además, por no tener cédula profesional al asumir cargo en Huixquilucan, vecinos de Interlomas exigieron a la Contraloría municipal que se le suspendiera, menciona el rotativo.
CONSTRUCTORES DENUNCIADOS, AMIGOS DE NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA
En febrero de este año, constructores advirtieron del regreso del ex titular de Sinfra, Netzahualcóyotl Salvatierra, para imponer como candidatos a presidir la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) a su socio Luis Antonio Vargas Enríquez y Jorge Arturo Aroche, involucrado en las obras fraudulentas José Guadalupe Escamilla. Asimismo, José Cruz Urbieta y Francisco Aragón Kuri, con quienes les une diversos vínculos.
Todos ellos obtuvieron contratos o beneficios en el sexenio de Gabino Cué, quien también otorgó obra pública a Orlando Hernández Montes, actual titular del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED).
EVIEL PÉREZ MAGAÑA Y DAVID MAYRÉN, POLÍTICOS Y EMPRESARIOS BENEFICIADOS POR SCT
El 25 febrero 2015, la revista Newsweek en Español acusó a Raúl Murrieta Cummings, subsecretario de Infraestructura de la SCT y José Antonio Rodarte Leal, coordinador General de Centros de la dependencia de traicionar al presidente Enrique Peña Nieto, por otorgar la obra pública a empresas de las entidades en donde se realizará para reactivar las economías locales, entre ellas Oaxaca.
La publicación estadunidense involucró al hoy subsecretario de desarrollo social en el gobierno federal (Sedesol), Eviel Pérez Magaña y al actual director de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), David Mayrén Carrasco.
Los acusó de estar entregando los contratos a unas cuantas compañías foráneas, ocasionando con ello que el 80 por ciento de las constructoras locales atraviesen por una de las peores crisis en la historia del país.
“Se han encargado de beneficiar a un grupo predilecto de constructoras, que aparecen repetidas en los estados de México, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Tabasco, Guerrero, Yucatán, Estado de México, Veracruz, Distrito Federal, Jalisco, Sinaloa, Coahuila y Durango a las que les otorgan el grueso de obra pública e incluso en fechas similares, al grado que hay empresas que pareciera que ejecutan obra al mismo tiempo en distintos lugares.”
Hay compañías que enfrentan demandas por incumplimiento de contratos y obras no realizadas, como Expectras SA de CV, propiedad de David Mayrén y aun así les siguen entregando obra. “Y los directores de todos los Centros SCT en el país son unos títeres, pues tanto las grandes obras contempladas en el Plan Nacional de Infraestructura como un sinnúmero de pequeñas obras del FONDEN salen etiquetadas desde las oficinas de Murrieta y Rodarte para beneficio de sus compañías consentidas, y el director de cualquier Centro SCT que no cumpla con las indicaciones, están amenazados de que los destituirán de sus cargos”, agregó la publicación.
Y mencionaba que se documentó que hay empresas, entre las que destacan Expectras SA de CV, Infraext SA de CV, COINMA Construcciones SA de CV, Constructora ECONORED SA de CV, COPISA Infraestructuras México SA de CV, Tradeco Infraestructura SA de CV, VIRGO Caminos y Construcciones SA de CV y CONSTRUCTPUE de México SA de CV, que son de las consentidas por los funcionarios corruptos de la SCT.
La revista consultó que empresarios de la construcción en Oaxaca, liderados por la Asociación Civil “Constructores Unidos por Oaxaca”, denunciaron el favoritismo en las licitaciones y entrega de contratos a empresas foráneas.
“Dicho problema comenzó en 2013 y es fecha que no se resuelve, al grado que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene en la mira a varias empresas por haber cobrado los contratos en su totalidad y haber dejado las obras a medias y en el peor de los casos, sin haberlas realizado.
“En Oaxaca, la SCT lejos de transparentar los procesos en la ejecución de la obra pública, ha favorecido los intereses de grupo de los ex gobernadores de Guerrero, René Juárez Cisneros, y de Puebla, Mario Marín Torres, quienes comparten un amigo en común: el empresario textilero de origen libanés Kamel Nacif Borge, actualmente preso acusado de pornografía infantil.
“Con la llegada del actual senador guerrerense René Juárez Cisneros como delegado regional de su instituto político (el PRI) en Oaxaca, las cosas empeoraron: tomó el control de las delegaciones federales en Oaxaca y en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nombró como director a su personero, Rafael Navarrete Quezada, ex candidato a la presidencia municipal de Ometepec, Guerrero.”
La investigación periodística menciona que la ASF investigaba a una decena de empresas constructoras involucradas en un presunto quebranto por un monto superior a los 150 millones de pesos por diversas obras que fueron asignadas por el Centro SCT-Oaxaca.
Las investigaciones involucraron al subdirector de Obras del Centro SCT, Julio César Medellín Yee, por permitir que empresas constructoras cobraran sin concluir obras carreteras o por realizaron los trabajos con materiales de ínfima calidad.
Entre las empresas que son auditadas, la revista destacó a Fosmón Construcciones, SA de CV; Grupo Constructor Kero, SA de CV; Infraestructura Geveluse, SA de CV; Obra Civil de Oaxaca, SA de CV; Nalpe Infraestructura, SA de CV; Nacional de Puentes y Estructuras, SA de CV, y Mostar Construcciones, SA de CV.
“Y lo que más le ha pegado al gremio constructor de Oaxaca es la entrega de los contratos a empresas foráneas y a unas cuantas locales, lo que ha originado que decenas de compañías locales estén al borde de la quiebra o de desaparecer ante la falta de trabajo.”
Una de las más beneficiadas es la Constructora de la Cuenca SA de CV, propiedad del senador Eviel Pérez Magaña, excandidato a gobernador del estado y derrotado por Gabino Cué Monteagudo.
En contraparte, en situación crítica se encuentran el Grupo Constructor Presa Canario SA de CV; Rosalo Constructora SA de CV; el grupo formado por Infraestructura Mexica SA de CV y Constructora CODU SA de CV; Ingenieros Consultores de Oaxaca SA de CV; Aracena Constructores SA de CV; Grupo Rasa Ramírez y Asociados SA de CV; Obras y Construcciones Valles SA de CV.
Además Imeca Ingeniería y Construcción SA de CV; TM Proyectos y Construcciones SA de CV; Arrendadora de Maquinaria y Construcciones Antonio’s SA de CV; e Inmobiliaria y Pavimentos de Antequera SA de CV.
En el caso de Expectras SA de CV, empresa constructora que ha sido beneficiada con millonarios contratos no sólo en Veracruz, sino también en Oaxaca, Sinaloa, Guerrero, Nuevo León, Chiapas y Baja California, Newsweek en Español revela que dicha compañía, “que se ostenta como veracruzana, no es más que sólo una máscara, pues la realidad es que es originaria de Oaxaca y su propietario es David Mayrén Carrasco, quien fungió como director del Centro SCT Oaxaca hasta inicios de este 2014, y sólo en ese estado tiene asignadas 41 obras asignadas”.
La revista mencionó que antes de ser cesado del cargo, Mayrén Carrasco le adjudicó a su empresa 21 contratos entre el 18 de diciembre de 2013 y el 15 de enero de 2014, por un monto total de 159 millones 909 mil 142.6 pesos, sin que nadie en la dependencia federal se haya dado cuenta de esta entrega masiva de obra pública.
“En Veracruz, a dicha empresa no sólo se le adjudicaron 14 contratos por 143 millones 529 mil 564, sino que fue la constructora que al gobierno estatal le dejó tirados los trabajos de construcción de las sedes de los Juegos Centroamericanos y de Caribe.
“Además, Expectras SA de CV enfrenta una demanda penal en Veracruz por no construir el reclusorio de Poza Rica, y por el cual le entregaron el 70 por ciento del total de recursos del proyecto y no hizo los trabajos; el proceso que sigue abierto en la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Aun así, desde la oficina central de la SCT, le siguen entregando contratos en varias partes del país, indicó.Anuncian reforma a la Ley de Obra Pública.
LOS AROCHE Y “EL CHUCKY” EMBARGAN AL PRI
Unos días después de que el constructor Jorge Aroche Cortés diera una conferencia de prensa en la que supuestamente denunciaba las anomalías de la SCT, el 21 de marzo de 2016, su hijo y hoy funcionario de Sinfra, Alejandro Aroche Tarasco se casó con Julieta Famania Ruiz, hoy secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI.
A la elegante boda, celebrada en el templo de Santo Domingo de Guzmán, acudieron funcionarios del sexenio de Ulises Ruiz Ortiz, y el hoy gobernador Alejanfro Murat Hinojosa y su esposa Ivette Morán.
El hoy subsecretario de Planeación y Programación de Sinfra es sobrino de Jorge “El Chucky” Franco Vargas, quien embargó el edificio donde actualmente se encuentra la sede del PRI.
Ahí trabaja la esposa de Aroche Tarasco, con el actual presidente del partido, Germán Espinosa Santibañez, ex director de los Colegios de Bachilleres (Cobao) en el sexenio del perredista Gabino Cué Monteagudo.
A través del hermano del hoy funcionario y amigo del gobernador, Jorge Luis Aroche Tarasco, así como cuatro exempleados del PRI, le ganaron a ese partido un pleito laboral por el que tenía que pagar más de 3.5 millones de pesos, para que no los desalojaran del edificio de Santa Rosa Panzacola
Agustín Vera Márquez, coordinador distrital y representante suplente ante la Comisión Local de Vigilancia; Lorena Chagoya Rendón, coordinadora distrital; Ricardo Adolfo González Huerta, coordinador de Información y estadística, y Nancy Rayón Manuel, asistente y recepcionista en la Secretaría de Acción Electoral, son amigos de los Aroche y contratados durante la presidencia del PRI de Franco Vargas, con salarios de 10 mil a 20 mil pesos mensuales.
A Jorge Luis Aroche le pagaba $35 mil como subsecretario de Acción Electoral y representante propietario ante la Comisión Local de Vigilancia.
Según su queja, el 27 de mayo de 2011 fueron requeridos por David Romero Villalobos, entonces secretario de Administración y Finanzas del PRI, quien les manifestó que desde ese instante ya no iba a salir más sus pagos “y que nuestros servicios laborales ya no eran necesarios”.
Cuando Eviel Pérez Magaña asumió la presidencia del PRI, dichos exempleados iniciaron un juicio laboral contra el partido y la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje lo obligó a pagar 2 millones 481 mil 387 pesos con 44 centavos, el cinco de noviembre de 2012.
Como continuación del juicio y se inició el proceso formal para embargar las instalaciones del PRI, el 3 de junio de 2013, cuando el monto casi alcanzaba los tres millones y medio de pesos.
La demanda laboral la asumió el el corporativo jurídico Franco Jiménez, propiedad del exprocurador de Justicia, Jorge Franco Jiménez, y papá del “Chucky”.
Posterior a la salida de Eviel, a la dirigencia llego Juan José Moreno Sada, quien contrató al hermano de Jorge Luis Aroche Tarasco, Alejandro Aroche Tarasco, como secretario auxiliar y a su entonces novia, Julieta Famania Ruiz, la nombró secretaría de Comunicación Social.
Moreno Sada envió a la pareja Aroche-Famania a capacitarse a la Escuela Nacional de Cuadros en México.
EL GOLPE FINANCIERO AL PRI
El 21 de enero de 2016, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) sesionó para cumplir el mandato de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) para retener al PRI parte de sus prerrogativas para pagar salarios caídos de cuatro de los extrabajadores, “en el acuerdo de fecha cuatro de enero de dos mil dieciséis, dictado en el expediente número d-334/2011”.
“A partir del mes de enero del dos mil dieciséis se efectúa una retención del 8.9 % a las ministraciones mensuales del financiamiento público ordinario que por concepto de prerrogativas recibe el Partido Revolucionario Institucional, hasta alcanzar el monto total de $2,981,167.54 (Dos millones novecientos ochenta y un mil ciento sesenta y siete pesos 54/100 M.N.)”, acordó el Consejo General.
También instruyeron “al Secretario Ejecutivo de este Instituto para que de manera inmediata comunique el presente acuerdo a la Dirección Ejecutiva de Partidos Políticos y Participación Ciudadana quien deberá realizar el descuento ordenado en el punto de acuerdo que antecede”.
En ese entonces, el PRI percibía mensualmente la cantidad de $2,275 808.33 (dos millones setecientos setenta y cinco mil ochocientos ocho pesos, 33 centavos), por lo que al aplicarle el descuento de 8.9 % de sus prerrogativas, estará reteniéndole mensualmente la cantidad de $202,546.94 (doscientos dos mil quinientos cuarenta y seis pesos con noventa y cuatro centavos).
El dinero sería repartido ahora entre entre Jorge Luis Aroche Tarasco, Lorena Chagoya Rendón, Agustín Vera Márquez y Nancy Rayón Manuel, quienes demandaron al PRI por despido injustificado.
La JFCA determinó que a cuatro de los denunciantes les correspondía un total de $5,368 147.91 (cinco millones trescientos sesenta y ocho mil ciento cuarenta y siete pesos con 91 centavos).
Anteriormente, y luego de varios reclamos y aclaraciones, en 2015, el IEEPCO le retuvo al PRI en una sola emisión la cantidad de $2,386 980.37 (dos millones trescientos ochenta y seis mil novecientos ochenta pesos y treinta y siete centavos) que distribuyó entre los demandantes.
Otros $2,981 167.54 (dos millones novecientos ochenta y un mil ciento sesenta y siete pesos y cincuenta centavos) se descontaría al PRI en mensualidad del 8.9 % hasta completar la cifra, “siempre y cuando los beneficiados no se amparen, para seguir incrementándose el monto”.
SE VA SUBSECRETARIO AL SOCAVÓN
Luego del socavón registrado en la carretera Pinotepa Nacional-Corralero, el segundo en una carretera concesionada por la SCT después del Paso Express de la Ciudad de México a Cuernavaca, Morelos, el jueves pasado, el gobierno del estado cesó de sus funciones al subsecretario de Planeación y Programación de obra, Alejandro Aroche Tarasco.
Solo a través de un comunicado oficial y un mensaje en Facebook del perfil de Sinfra, el titular de la dependencia Fabián Sebastián Herrera Villagómez tomó la protesta a Constantino Alberto Pérez Morales como nuevo subsecretario.
Herrera Villagómez, hombre de todas las confianzas del ex gobernador José Murat, resaltó la experiencia del nuevo subsecretario, quien es doctor en Ciencias en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional, y que ha desempeñado en diversos cargos públicos estatales y federales.
“Al mismo tiempo, el titular de Sinfra reconoció el trabajo realizado por el maestro Alejandro Aroche Tarasco durante el tiempo que estuvo al frente de la Subsecretaría y su valioso desempeño como servidor público”, reconoció.
Aroche Tarascó no ha modificado su perfil social y aún aparece como subsecretario de planeación de Sinfra. Sus ultimas fotos son de la fiesta de la Guelaguetza en el Auditorio del Cerro del Fortín, el pasado lunes, en que se tomó algunas gráficas en compañía del Gobernador del estado y esposa.
