La política de prevención de la violencia y del delito que anuncia el gobierno federal marca un giro en la política de seguridad emprendida por el gobierno de Felipe Calderón, la cual mostró el fracaso de su estrategia de guerra frontal con un saldo de más de 60 mil muertos.

Si bien el anuncio de la nueva política se centra en un acuerdo intersecretarial entre nueve dependencias, la mera propuesta no deja de ser limitada ya que se requiere un trabajo mucho más amplio con otras instancias federales, así como acuerdos entre los tres ámbitos de gobierno y las distintas agrupaciones sociales que operan de manera directa en los diversos territorios.

Lo que se conoce del diseño de la nueva política puede parecer favorable, si consideramos que la confrontación directa ha implicado resultados fallidos, no solo en México sino en las diferentes experiencias ocurridas en otras partes del mundo, en donde se ha observado que la delincuencia no ha disminuido, sino que se ha incrementado.

Al respecto se puede consultar el trabajo de Bernardo Kliksberg y Amartya Sen (2007), en donde comparan los resultados de la política de mano dura y “tolerancia cero” aplicado en Nueva York, con el de “policía de cercanías”, implementado en San Diego y Boston en el mismo periodo a fines del siglo pasado y principios de éste. En el primer caso se generó un mayor gasto en policía y número de efectivos, generando mayor presión sobre el sistema carcelario y un sinfín de abusos, principalmente entre las minorías y la población más empobrecida, sin lograr la reducción de la delincuencia.

Por el contrario, con la “policía de cercanías”, que involucraba a las comunidades en las acciones, disminuyó la delincuencia y la policía alcanzó más popularidad. En su análisis, indican que San Diego y Boston tenían la tercera parte de policías por habitantes que la registrada en mismo periodo en Nueva York.

El fracaso de la política de mano dura se atribuye a que no hace diferenciaciones de las diferentes formas de delincuencia que van desde la identificada como delincuencia organizada hasta la que generan las contradicciones sociales y afecta a la población más vulnerable, generando prácticamente la criminalización de la pobreza y de aquellos que pertenecen a minorías étnicas y población migrante. Esta lección es relevante para contextos como el nuestro en donde encontramos diferentes causas y expresiones de la delincuencia y de las violencias.

De acuerdo con Kliksberg y Sen, la política de mano dura simplifica la realidad, da respuesta imaginaria a las expectativas de algunos sectores de la población y posterga los problemas de fondo. Los países desarrollados han alcanzado resultados exitosos no precisamente por la política de mano dura. Finlandia tiene el menor número de policías por habitante del planeta, tiene la menor tasa de homicidios y una tendencia de ir reduciendo el número de presos en las cárceles. Tendencias parecidas se observan en Dinamarca, Noruega y Suecia. La explicación tendría que observarse en el modelo nórdico de economía con fuerte cohesión social.

En oposición, lo que enfrentamos en nuestra realidad es un trabajo institucional fragmentado y politizado, producto de la descoordinación de las instancias gubernamentales en todos los niveles, federal, estatal y municipal, con una desarticulación que es producto de desigualdades socioeconómicas profundas.

Si bien la nueva política de prevención de la violencia y del delito se anuncia como una de las prioridades del gobierno federal, queda pendiente la cuestión más difícil, la operación política y la efectividad de los acuerdos entre todos los actores involucrados para que lo previsto pueda concretarse.

Si revisamos nuestra experiencia inmediata, no bastan los acuerdos intersecretariales; desde hace más de dos décadas, hay varios antecedentes de que estos acuerdos quedan en el nivel formal, ya que de facto las instancias gubernamentales operan de manera desarticulada y es más, donde grupos al interior de cada dependencia operan por cuenta propia y el personalismo de los jefes de la burocracia adquiere mayor peso.

A ello abría que agregar la diversidad de ritmos con los que trabajan las dependencias gubernamentales a lo largo y ancho del país, las distintas condiciones que encuentran en cada una de las entidades, la operación de los grupos delictivos, el tipo de delitos y violencias, así como las particularidades socioeconómicas, culturales y políticas en las distintas regiones y localidades. En fin, el reto es mayor y no caben las generalizaciones.

sociologouam@yahoo.com.mx