OAXACA, OAX., marzo 28.- Con el esfuerzo y aportación de todos los involucrados en el sector del campo, el Congreso del Estado trabaja en la construcción de una Ley de Desarrollo Forestal Sustentable que sea útil para el desarrollo económico de Oaxaca y además otorgue el sustento y marco jurídico para proteger los recursos naturales de nuestra entidad.
Así lo señaló la presidenta de la Comisión Agropecuaria, Forestal y Minera de la LXI Legislatura local, Carolina Aparicio Sánchez, quien al mismo tiempo detalló que desde el pasado 27 de julio de 2011 cuando presentó esta iniciativa, se ha iniciado una incansable jornada de estudios y análisis de dicho documento.
“Desde esa fecha, se han realizado múltiples reuniones de trabajo con funcionarios federales, estatales, representantes agrarios, autoridades municipales, organizaciones, expertos y conocedores del sector forestal. Gracias al trabajo de las Comisiones Unidas Agropecuaria Forestal y Minera, de Administración de Justicia, de Desarrollo Rural y la de Ecología, se tienen importantes avances”, detalló.
En entrevista y luego de congratularse por la iniciativa en la materia enviada en días pasados por el Ejecutivo estatal, la legisladora de la fracción del PRI afirmó que esta propuesta viene a enriquecer la que ya está en estudio y análisis.
“En las Comisiones Unidas tenemos la apertura para recibir todas y cada una de las propuestas, y así lograr una Ley Forestal de avanzada para el beneficios de los involucrados en este sector”.
Detalló que en la iniciativa que presentó al pleno de la LXI Legislatura, se propone la creación de la Comisión Estatal Forestal que será la encargada de firmar los convenios con la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en beneficio de los silvicultores, misma que dará impulso a la silvicultura comunitaria de la que Oaxaca es ejemplo a nivel nacional e internacional.
En resumen, explicó, la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Oaxaca normará e implementará la política forestal del estado, promoviendo la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y la concertación con los sectores social y privado para lograr el desarrollo sustentable de los ecosistemas forestales y recursos asociados. Con ello, se garantiza la certeza jurídica sobre el derecho al uso y disfrute preferente de los recursos forestales.
