+ Se han instalado diversas mesas de diálogo con las y los habitantes de Tierra Blanca, para establecer el protocolo de retorno a su comunidad. La Segego hace un llamado a la organización social MULT-I, a privilegiar el diálogo, mantener el respeto institucional a la procuración de justicia y respetar los acuerdos firmados en la mesa de atención permanente, no afectar la integridad física y moral de la población, y coadyuvar para construir la paz en la zona Triqui.

Tlalixtac de Cabrera, Oax. 21 de julio de 2021.- El Gobierno del Estado de Oaxaca, a través de la Secretaría General de Gobierno (Segego), en una estrecha coordinación con la Secretaría de Gobernación (Segob), la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública y dependencias estatales, han otorgado atención interinstitucional a las y los habitantes de Tierra Blanca desde el inicio de su conflicto.

Con el objetivo de reconstruir el tejido social, crear las condiciones de paz y construir el protocolo de retorno de personas a la comunidad de Tierra Blanca, se han establecido diversas reuniones en la sede de la Secretaría de Gobernación (Segob), así como en Palacio de Gobierno del Estado de Oaxaca, Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, Ciudad Administrativa y en las oficinas sede de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

En las reuniones, ha participado el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, junto con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Alejandro Encinas; el secretario de Gobierno (Segego), Francisco Javier García López; el fiscal General de Oaxaca (FGEO), Arturo Peimbert Calvo; el titular de la DDHPO, Bernardo Rodríguez Alamilla; el secretario de Seguridad Pública, Heliodoro Díaz Escarraga y el representante de la Segob en Oaxaca, José Carlos Fuentes Ordaz, así como titulares de dependencias estatales.

Cabe señalar que, derivado del conflicto presentado en el mes de diciembre entre organizaciones sociales de la zona Triqui, MULT Y MULT-I, en la comunidad de Tierra Blanca, Santiago Juxtlahuaca, personal de la Secretaría General de Gobierno, junto a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca y de la Guardia Nacional, ingresaron el pasado 6 de enero del 2021 a la comunidad de Yosoyuxi, Santiago Juxtlahuaca, con el objetivo de brindar el acompañamiento a las personas de la comunidad de Tierra Blanca, mismas que retornaron a sus hogares.

Durante esta acción, personal de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, constató que no se vulneraran los derechos humanos de las personas durante el retorno, y personal de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano (Sepia), y de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, realizaron una verificación al estado en que se encuentran las viviendas, ante los hechos violentos que originaron el desplazamiento de las y los habitantes a otras comunidades.

Así mismo, el pasado 11 de enero, la comisión interinstitucional acudió a la región para garantizar las condiciones necesarias para el reingreso a la comunidad de Tierra Blanca, de las familias faltantes; acción que se realizó en total tranquilidad dando cumplimiento al acuerdo de la minuta con fecha 5 de enero.

Por parte de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, mantuvieron un despliegue disuasivo para brindar seguridad en la zona.

El conflicto entre organizaciones de la zona Triqui, continuó, motivo por el cual el Gobierno de Oaxaca, implementó un Plan Integral de Seguridad. El 23 de enero una comisión interinstitucional junto con elementos de la Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública, realizaron un recorrido exhaustivo en asentamientos urbanos, parajes y caminos de terracerías en las comunidades de Tierra Blanca y Yosoyuxi.

En ese sentido, la Segego, junto a la Federación, organismos autónomos y dependencias del Gobierno del Estado, otorgaron ayuda alimentaria, atención médica y social a habitantes de Tierra Blanca. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca realizó una verificación y certificación a las acciones realizadas en el desarrollo de la jornada. También participaron la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, la Secretaría de Seguridad Pública y el Heroico Cuerpo de Bomberos.

Así mismo, el 26 de enero, la Segego, en coordinación con la SSPO, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), el Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca (Icapet) y Unidades Móviles, se trasladaron a las comunidades de Tierra Blanca y Yosoyuxi en Santiago Juxtlahuaca, como parte de la implementación del Plan Integral de Seguridad en la zona Triqui.

Posteriormente, se sostuvieron reuniones con las organizaciones sociales en la Secretaría de Gobernación, así como en Palacio de Gobierno del Estado de Oaxaca, Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, Ciudad Administrativa y en la oficina sede de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

Como parte del Protocolo de Retorno presentado el 31 de mayo del año en curso en una mesa de trabajo con ambos grupos de habitantes de Tierra Blanca, se realizó un censo de las y los pobladores de la comunidad de Tierra Blanca para su retorno.

En dicha reunión, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, puntualizó que este encuentro fue un primer paso, que se valoró entre todos, porque abre las puertas para dar un paso significativo en el desarrollo del pueblo Triqui. Señaló que la solución tiene que surgir de las partes en conflicto y el gobierno tiene la obligación de acompañar y cristalizar los acuerdos que permitan la construcción de paz y el desarrollo de las comunidades.

En aquella mesa de trabajo, el titular de la Secretaría General de Gobierno, solicitó a los habitantes de Tierra Blanca que a través del diálogo y acuerdo fueran la ruta para llegar a una conciliación, y poder encontrar una solución duradera para que Tierra Blanca sea un espacio en el que todos vivan en paz y calma; y reiteró a los pobladores que el Gobierno del Estado los acompañará en la resolución del conflicto.

Por su parte, el asesor de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Neftalí Granados Gonzales, destacó que ambas partes buscan la paz y que se encontró la voluntad necesaria para lograrlo; por lo que dijo, que derivado de la reunión en la Ciudad de México se planteó un protocolo para el retorno para que los habitantes de Tierra Blanca pudieran comenzar un proceso de reconciliación, en donde no falte la justicia, no quede de lado la dignidad, y que se apueste a la tranquilidad de la comunidad.

En este sentido, el fiscal General del Estado de Oaxaca, Arturo de Jesús Peimbert Calvo, enfatizó que el protocolo de retorno a Tierra Blanca, son reglas de cómo retornar y garantizar la paz y el desarrollo pacífico de la comunidad, las cuales deben aplicarse de manera rápida y segura, estudiado y analizado entre las partes en conflicto.

Planteó que el tema de la impunidad fuera tratado en mesas de trabajo de justicia, para atender especialmente todas las inquietudes que tuvieran ambas partes sobre este tema, y garantizar los acuerdos de manera plena.

Como parte de avances de la reunión, el Secretario General de Gobierno (Segego), señaló que ambas partes quisieron y aceptaron el regreso de los que están fuera de la comunidad y los que están afuera, quisieron regresar.

Asimismo, refirió que estuvieron de acuerdo ambas partes que el regreso se diera lo más pronto posible; además, solicitaron al Gobierno Federal y Estatal que para que la comunidad siga viviendo en paz y tranquilidad tener el respaldo del gobierno en los trabajos que se vayan a desarrollar en la comunidad y el respeto a las formas de organización de los pueblos.

El protocolo que se planteó para el retorno para que los habitantes de Tierra Blanca puedan comenzar un proceso de reconciliación, consiste en cuatro fases, mismo que será revisado y posteriormente analizado en una siguiente reunión.

Este protocolo establece que el retorno o reubicación, constituye la base para la superación del desplazamiento, lo que es considerado como una medida de reparación conducente a la restitución de derechos y forma parte de la ruta integral de medidas con relaciones de complementariedad e interdependencia.

Cabe señalar, que el fiscal general, Arturo Peimbert Calvo, sostuvo una reunión de trabajo el pasado 1 de junio con el subsecretario de Derechos humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, para revisar el proceso de retorno seguro y en paz de las personas desplazadas a Tierra Blanca en la zona Triqui de Oaxaca.

El protocolo de retorno seguro debe considerar a las partes en conflicto y las necesidades particulares de cada una de ellas, además de ir acompañado de un proceso de reconciliación en el que es necesario el acceso pleno a la justicia, ponderando el respeto a los derechos humanos, así como a la dignidad de las personas que permita establecer un piso mínimo para iniciar la cimentación de una paz duradera.

Debido a que la procuración de justicia desempeña un papel clave para construir la paz y la reconciliación, la Fiscalía General del Estado enfocará los esfuerzos necesarios para garantizar el acceso a la justicia de todas las personas en condiciones de igualdad, no discriminación y considerando un enfoque humanitario.

Dicho protocolo fue revisado y se integró un censo de las y los pobladores de Tierra Blanca, firmando una minuta el pasado 25 de junio que establecía que la fecha de retorno se realizaría a los 30 días posteriores y ambas partes realizarían las consultas necesarias con sus asambleas.

Así mismo, se programó una reunión de trabajo el pasado 29 de junio en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para definir la revisión del censo de las y los pobladores de Tierra Blanca para su retorno.

La Segego hace un llamado a la organización social MULT-I, a privilegiar el diálogo, mantener el respeto institucional a la procuración de justicia, respetar los acuerdos firmados derivados de las mesas de atención permanente, no afectar la integridad física y moral de la población, y coadyuvar para construir la paz en la zona Triqui.