Utopía
El talón (¿o tendón?) de Aquiles del gobierno del presidente Andrés Manuel es la inseguridad pública y en particular el feminicidio, la violencia intrafamiliar, las violaciones de tipo sexual y el homicidio doloso, delito del fuero común que no pocos fiscales, gobernadores y alcaldes no asumen como responsabilidad y tarea propias.
No otra cosa se puede deducir de las cifras dadas a conocer en Palacio Nacional y que es necesario no confundirlas con las mediciones de las percepciones (impresiones) de la ciudadanía, del Instituto Nacional de Estadística, como extrañamente lo hacen expertos que comparan peras con manzanas.
Los números más recientes indican que los feminicidios –también del fuero común– tuvieron un alza de 3.3%, al reportarse 508 casos entre enero y junio; las violaciones sexuales subieron 32.6% y los robos en transporte público individual, 34.5%; a transeúnte, 10.5%, y en transporte individual, 19.9%.
Por el contrario, los homicidios dolosos disminuyeron 3.5% al cierre del primer semestre del año respecto al mismo periodo de 2020, con un registro de 16 937. En otros ilícitos como el robo de combustibles y los secuestros, los avances son mucho más pronunciados, pero por no coincidir con las cifras del organismo que administra Isabel Miranda Torres (Wallace), el conductor Ciro Gómez Leyva pone en duda la cifra oficial. Sabido es que el periodista defiende a sus “amigos”, así se encuentren en momentos difíciles, como Felipe Calderón y Enrique Peña.
Los avances y retrocesos son el sello distintivo de la 4T en seguridad pública. Y el recurso facilón es exigir cambio de estrategia y caricaturizar a ésta como “de abrazos, no balazos”, en tratándose de las corporaciones criminales, llamadas cárteles. El tema no se presta a simplificaciones –aunque varios expertos lo hacen por saturación ideológica e intereses profesionales de tipo personal–, pues los resultados son muy buenos en el combate al huachicol y los secuestros, por ejemplo. Además del congelamiento de 39 465 cuentas vinculadas a operaciones ilícitas, bloqueando a la delincuencia 14 394 millones de pesos desde 2015, más de 92.5% en el gobierno actual. Se evitó, también, la pérdida de 7 355 millones de pesos con las acciones de prevención de tomas de casetas.
No sucede lo mismo con los feminicidios, violación y violencia intrafamiliar. Los resultados, pues, son muy dispares. Y las propuestas puntuales no es lo que abunda en organismos atareados en confrontarse con el gobierno de Obrador. Es mucho lo que podrían aportar sin perder autonomía y combatividad, que no es lo mismo que vandalizar bienes públicos y privados, pero no los propios.
Ahora que el gobierno y partidarios de AMLO conducirán más de la mitad de los estados desde el Ejecutivo estatal y también más de la mitad de los Congresos, estarán en mejores condiciones para focalizar más los planes de seguridad desde los 50 municipios más violentos de México, donde se producen 47.8% de los homicidios: Tijuana, Ciudad Juárez, León, Acapulco, Culiacán, Cajeme y Guadalajara. Y seis estados concentran 50.2% de los reportados de enero a junio de 2021: Guanajuato (PAN), Baja California (Morena), Jalisco (MC), estado de México (PRI), Michoacán (PRD) y Chihuahua (PAN).
Estrategia que estará acompañada del “desarrollo social, bienestar. Es un programa integral para atender más a los jóvenes y combatir la pobreza y la marginación, con la finalidad de fortalecer valores culturales, morales, espirituales y también la presencia de la policía. Es un plan especial con este propósito”, explica la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
Eduardo Ibarra Aguirre
Autor de Utopía. Coordinador del Grupo María Cristina. Perseguido por la Sedena (1993-2002) por difundir la propuesta del ombudsman militar. Demandante laboral del CEN del PRI (1992-93). Editor de Forum en Línea desde diciembre de 1993. Redactor de cinco libros y coautor de ocho. Corresponsal en Moscú (1977-79) y becario en Berlín (1967-68).
Colaborador desde el 12 de abril de 2021.
