Utopía
Falta una semana para que venza el plazo fijado por la Cámara de Diputados para que las deleznables y expoliadoras prácticas que se ocultan en la subcontratación desaparezcan o las empresas se hagan acreedoras a multas económicas e incluso la prisión preventiva y la sentencia.
Se percibe imposible que se cumpla dentro de una semana –siete días y no ocho como es generalizado atribuirle–, lo dispuesto por la ley, cuando alrededor de 2.1 millones de asalariados permanecen subcontratados por empleadores que bajo la tercerización evaden obligaciones laborales, fiscales y la seguridad social de los trabajadores.
Mas el hecho es, de acuerdo con la interpretación expresada por Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda, al jornalero Jared Laureles (21-VIII-21), que la mitad de los asalariados de los que se encontraban bajo el esquema de subcontratación ahora laboran bajo contrato directo con las empresas para las que en realidad prestan sus servicios. Movimientos que significaron un incremento promedio de 12% en los salarios.
Lo anterior gracias a que 2 millones 660 mil trabajadores migraron de la tercerización a ser contratados por empresas de servicios especializados. Esto implicó, también, que ya están cotizando con su salario real al Seguro Social e Infonavit. Las retenciones de impuestos darán lugar a que tengan derecho a la participación de las utilidades de la empresa.
Cálculos oficiales estiman que para los que migraron de la subcontratación las percepciones salariales pasaron de 471.9 a 528.2 pesos diarios. Se trata de un aumento en la masa de salarios pagados que tendrá efecto en la capacidad de compra de las familias y en la economía.
Más de 1.3 millones de trabajadores obtuvieron un incremento salarial mayor o igual a 10%, mientras que 700 mil obtuvieron un aumento salarial menor a 10% de su salario base de cotización. Sin embargo, la Información indica que 23% de los trabajadores que migraron de la subcontratación fueron contratados con un salario inferior. Es decir, perdieron ingresos, pero ganaron en prestaciones y seguridad social, pero no deja de mostrar la capacidad de los empresarios para negar los derechos salariales.
Si lo anterior es cuestionable, lo es más que no esté definido el futuro laboral inmediato de 2.1 millones de asalariados “de tercera” –por el outsourcing–, a pesar de que Romero Aranda reconoce que “Todavía hay malosos que están queriendo seguir vendiendo esos esquemas, pero ya es mucho riesgo, es como quien juega una ruleta rusa”. Pero que “grosso modo se estaría terminando” con la subcontratación. ¿Con 2.1 millones de asalariados esclavizados por la subcontratación?
Está muy bien que el fiscal formule todas las advertencias sobre los riesgos que corren los empresarios omisos, que no sean deducibles sus comprobantes, que no sea acreditable el IVA y que la autoridad determine las cuotas obrero-patronales omitidas. “Y no sólo eso, que puedas ubicarte en un delito de defraudación fiscal y que además cárcel hasta por 13 años. ¡Pues que se animen!”
Si las autoridades no cumplen con las obligaciones de vigilancia y supervisión de las empresas y sus dueños, por supuesto que se animarán a violar la ley como lo hacen desde tiempo ha. No es casual que la voraz banca trasnacional, con BBVA a la cabeza, mantuvo los niveles más altos de subcontratación, a pesar de que es un sector que acumuló en 2000-2010 ganancias por un billón 127 mil millones de pesos, alrededor de 5% del valor actual del PIB.
Eduardo Ibarra Aguirre
Autor de Utopía. Coordinador del Grupo María Cristina. Perseguido por la Sedena (1993-2002) por difundir la propuesta del ombudsman militar. Demandante laboral del CEN del PRI (1992-93). Editor de Forum en Línea desde diciembre de 1993. Redactor de cinco libros y coautor de ocho. Corresponsal en Moscú (1977-79) y becario en Berlín (1967-68).
Colaborador desde el 12 de abril de 2021.
