El conflicto entre el gobierno y el magisterio de la CNTE consumió ya las primeras cuatro semanas del ciclo escolar. Independientemente de los acuerdos inmediatos, la movilización podría entrar a una de sus fases más complicadas, que consiste en el regreso de los mentores a sus comunidades en un ambiente de divisionismo, en la integración a sus escuelas, en las relaciones con padres de familia, con las autoridades municipales y con los profesores afines al SNTE.

Desafortunadamente, el conflicto lleva la huella del desalojo del Zócalo de la Ciudad de México, ocurrido el pasado 13 de septiembre. Ese acontecimiento reveló la incapacidad del dialogo y la negociación política entre los actores involucrados, con responsabilidad para el gobierno federal que decidió la medida, ya que en su afán de mostrar el poder de la autoridad del presidente en el festejo nacional dio a conocer su desinterés en resolver un problema.

El desalojo mostró la desvalorización del reclamo legítimo de miles de padres de familia para que el conflicto terminara pronto y sus hijos iniciaran con su ciclo escolar. Desafortunadamente, en el equipo negociador por parte del gobierno, se impuso la máxima salinista respecto a los opositores “ni los veo ni los oigo”.

El desalojo del Zócalo reveló que la memoria de la clase gobernante es tan corta que ni siquiera llega al 2006. La experiencia de Oaxaca en ese año debería marcarse con tinta indeleble en un gran mural para que ese tipo de conflictos no se repita nunca más. Los problemas no se resuelven con desalojos ni con fuerza pública, ya que es previsible el fortalecimiento de la protesta, su expansión y la multiplicación de otras más, o la persistencia latente del agravio resentido no solo entre quienes lo sufrieron de manera directa sino entre todos quienes están en desacuerdo con el grupo gobernante. Basta con voltear a la historia para comprender esta lección.

En la opinión pública dominante y en la propaganda oficial se ha insistido hasta el cansancio que “a la CNTE la educación de los niños no le importa”, pero lo que estamos observando, es que el cumplimiento efectivo del derecho a la educación no es una prioridad para el gobierno federal. Los ingredientes políticos del conflicto se siguen colocando desde arriba al ensalzar la figura presidencial, como en los viejos tiempos del régimen autoritario.

Desde los medios comerciales se ha insistido en los vicios acumulados en la relación entre la CNTE y los gobiernos estatales. A lo anterior habría que agregar que estas relaciones no son más que reflejos difusos y en miniatura de lo que ocurre en el centro político nacional, en donde prevalece una relación política, partidista, corporativa y clientelar entre los gobernantes en turno y la cúpula sindical del SNTE. Así ha sido desde el surgimiento de esta organización hace siete décadas.

En momentos de tensión y conflictividad es importante ver el bosque completo y no quedarnos con el árbol. Un poco de historia y de contexto nos indican que el conflicto es tan complejo, que su solución es responsabilidad de muchos actores; seguir estirando la liga y ponerle más ingredientes al conflicto, como el linchamiento mediático de un solo actor, la CNTE, resulta sumamente peligroso.

Es importante considerar que aún con el regreso de los mentores a las escuelas, el conflicto no se resolverá. Su persistencia no será únicamente por las terquedad de los disidentes, sino por la política del disimulo del gobierno al querer colocar una reforma laboral como si se tratara de una reforma educativa, o reducir las pugnas entre quienes están a favor de la evaluación y quienes están en contra, como bien dice el investigador del colegio de México, Manuel Gil Antón. http://www.youtube.com/watch?v=jH6lzKYGgNY&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DjH6lzKYGgNY&app=desktop.

El asunto es más complejo, tiene que ver con las contradicciones de las formas de gobierno, centralización- descentralización en la administración y dirección de la educación pública, así como los vacíos del federalismo sobre el mismo asunto. Finalmente el centro federal sigue apareciendo como el lugar en donde se centralizan las decisiones políticas. Así se explica el desplazamiento de los profesores a la ciudad de México y no como mero capricho. Los poderes de las entidades federativas se encuentran rebasados, tanto por distorsiones institucionales, administrativas y políticas, como por la negligencia de las autoridades locales.

En su regreso a las escuelas, a los profesores de la CNTE corresponde mayor información y comunicación con sus bases, con los padres de familia y las comunidades en donde radican, así como la necesidad de proponer opciones para los niños que han perdido clases y emprender estrategias más creativas de lucha social.

La coyuntura debe ser una oportunidad para abrir los espacios públicos a la inclusión de más voces, a la circulación de ideas, al debate y la concientización ciudadana, a las alianzas constructivas con otros sectores. Hacen falta propuestas inteligentes en la organización de la protesta.

La gravedad del problema reclama soluciones de fondo; no se deben escatimar alternativas ni estirar aún más el conflicto; menos aún alentar los enconos como se realiza desde los medios comerciales. La insistencia es para evitar que las pugnas continúen escalando y contaminando los divisionismos locales, entre profesores de las distintas corrientes, padres de familia y grupos de interés. Oaxaca y las otras entidades del país no lo merecen.

sociologouam@yahoo.com.mx