SAN RAYMUNDO Jalpan, Oaxaca, noviembre 12.- A 24 horas de culminar su mandato constitucional, la Diputación Permanente de la LXI Legislatura del Estado eligió y tomó la protesta de ley a Héctor Joaquín Carrillo Ruiz como nuevo titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en sustitución de Manuel de Jesús López López.

Inicialmente, la designación del nuevo abogado del Estado sería ante el pleno de la feneciente sexagésima primera Legislatura, en sesión extraordinaria, pero la Junta de Coordinación Política determinó que fuera la Diputación Permanente la que se encargara del procedimiento de elección.

En la terna enviada por el gobernador Gabino Cué Monteagudo estaban: Claudia Romo Rodríguez, actual fiscal de Delitos Electorales; José Benítez Zárate, fiscal Especial en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, y Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, quien fungía como subprocurador para la Atención de Delitos de Alto Impacto.

Romo Rodríguez y Benítez Zárate no obtuvieron ningún voto de las diputadas integrantes de la Diputación Permanente.

Este órgano legislativo fue presidido por las legisladoras Mercedes Rojas Saldaña, del PRI, y lo integraban Marlene Aldeco Reyes Retana, del PAN; Hita Beatriz Ortiz Silva, del PT; Ángela Hernández Solís, del MC, y Rosa Elena Peña Flores, del PRI.

Carrillo Ruiz obtuvo los cinco votos de la totalidad de las integrantes de la Diputación Permanente, al ser una propuesta preferente del gobernador Cué Monteagudo, según revelaron fuentes legislativas.

Antes de avalar el nombramiento de Carrillo Ruiz, las cinco diputadas aprobaron una dispensa, debido a que el ahora titular de la PGJE no contaba con diez años de haber obtenido su título; no obstante, se certificó que presentó el examen profesional y que tiene 17 años de experiencia en el área de Control de Procesos de la misma Procuraduría.

Durante su exposición, Carrillo Ruiz dijo que fortalecerá y dará seguimiento al trabajo de López López, “que ha permitido contar con una Procuraduría moderna y respetuosa de los derechos humanos, donde no tiene cabida la corrupción (sic) y se impulsa el Sistema Acusatorio Adversarial”.