OAXACA, OAX., enero 7.- María Amparo Ruiz Solana, empresaria de bienes raíces, puso en evidencia que el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Administración que encabeza Alberto Vargas Varela, le adeuda 38 meses de arrendamiento de un terreno de 14 mil metros cuadrados, mismo que ocupan como bodega y estacionamiento de unidades oficiales.
Dicho predio se ubica en Camino del Rancho, número 805 segunda sección en Tlalixtac de Cabrera. La deuda que esta dependencia gubernamental tiene con Ruiz Solana asciende a los 17 millones 302 mil 560 pesos.
El contrato tenía vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010, mientras que el pago mensual se pactó en un monto que oscila en los 420 mil pesos, no obstante, a partir del mes de noviembre de ese año, El Gobierno del Estado dejó de pagar el monto acordado, sin embargo, dicho predio no se entregó en tiempo y forma por lo que el contrato se renovó automáticamente.
Ante ello, María Amparo Ruiz Solana interpuso una demanda penal por incumplimiento de contrato con número de expediente 27/2011 del Índice del Juzgado Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial del centro, en el cual el Gobierno del Estado fue emplazado a juicio sin recibir respuesta, por lo que se actuó con una apelación en contra de la sentencia donde, posteriormente, se remitió a la Primera Sala Civil del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado expidiendo otra demanda con número 88/2012.
“El inmueble continúa en renta, no se entregó cuando el contrato lo postulaba, por ello, seguiremos actuando hasta que el gobierno de Oaxaca nos dé una respuesta”, dijo. Las demandas emitidas culpan al secretario de Administración, Alberto Vargas Varela y al consejero jurídico del Gobierno del Estado, Víctor Hugo Alejo Torres, por abuso de autoridad, delito de desacato y las demás que se acumulen.
Asimismo, informó que acudió ante la oficina del alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para denunciar la violación de sus derechos humanos, y agregó “Las autoridades mencionadas violan el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por ello, exigimos el pago total de 17 millones 302 mil 560 pesos de la renta del inmueble”, exigió Ruiz Solana.
Aclaró que su petición radica en el pago de las rentas vencidas y la devolución del inmueble que comprende una extensión de 14 mil metros cuadrados. La afectada, refirió que además de causarle perjuicio al patrimonio de su familia, el consejero jurídico, Víctor Hugo Alejo Torres y el secretario de administración, Alberto Vargas Varela, están causando un grave perjuicio patrimonial al Estado, porque en términos de la sentencia emitida por el poder judicial, deberán seguir pagando las rentas hasta la total desocupación y entrega del inmueble, que hasta la fecha no lo han hecho.
A pesar de ello, refirió que ha buscado el diálogo con Alejo Torres y Vargas Varela, sin embargo, no ha tenido éxito.
