Diario Ejecutivo
Los cambios en la normatividad para adquirir medicamentos y servicios relacionados con la salud pública, han ocasionado que existan empresas “fachada” para disfrazar adquisiciones en perjuicio del erario y de los propios mexicanos.
Es el caso de HS Estudios Farmacoeconómicos S.A. de C.V, empresa dirigida por Hernán Soto Medina que ha inflado precios hasta en 55 por ciento para lucrar con servicios médicos en el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), en posible contubernio con funcionarios de ese organismo público.
De hecho, los titulares de las Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O; del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, y del propio Insabi, Juan Antonio Ferrer Aguilar, ya tienen conocimiento de las tropelías que ha cometido esa empresa fachada.
HS Estudios Farmacoeconómicos S.A. de C.V. es una empresa que desde su concepción brindaría soluciones farmacéuticas para la comercialización servicios que abarcan desde investigación clínica, estudios, marketing, meta-análisis, farmacoeconomía, dispositivos, equipo médico, material de curación y pruebas diagnósticas, con un equipo de trabajo conformado por: Hernán Soto Molina (quienes es consultor privado en evaluación de tecnologías sanitarias: medicamentos y dispositivos médicos e inclusión de insumos en cuadros básicos interinstitucionales en México y América Latina y María Guadalupe Mendoza Medrano (como Gerente de Relaciones Institucionales y Market Access)
Resulta que, aprovechando la laguna existente en el actual sistema de contrataciones a través del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), empresas como HS han ocasionado que la adquisición de medicamentos y servicios se encuentren en la total opacidad.
Este nuevo sistema que ha venido implementándose para el Sector Salud ha caído en compras semi-centralizadas y se ha convertido en práctica común en diversas instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para centralizar las áreas de compra y contratantes de los medicamentos y material de curación que se requieren en sus unidades en todo el país.
Es en Insabi se han pactado con opacidad (como es el caso de HS) los precios para asignar las adjudicaciones de contratos del segundo semestre 2021, asignaciones 2022 y ahora se están negociando los contratos para el procedimiento bianual 2023 – 2024.
Estas contrataciones que se han dirigido a fabricantes, distribuidores y laboratorios farmacéuticos muchas veces en contubernio, pues con las amenazas de filmaciones, los acuerdos no se realizan directamente entre los proveedores y los funcionarios encargados de realizar los procedimientos de compra en el Instituto.
Ahora se cubren con empresas “fachada” que también se llevan una parte (una buena tajada, para decirlo en términos coloquiales) de los recursos públicos destinados a la salud de los mexicanos.
Entre las empresas subordinadas de acordar dichos precios se encuentra precisamente la empresa de Hernán Soto Medina, quien designó a su Gerente de Relaciones Institucionales, María Guadalupe Mendoza Medrano, para pactar los contratos.
Ella, en posible contubernio con funcionarios (quienes tienen en sus manos las decisiones de compra) del Insabi, permite inflar precios hasta en 55 por ciento, con relación a los de referencia, lo cual se traduce en un grave daño patrimonial, ya que se está gastando mucho más del recurso federal en estas compras realizadas por ese instituto que lo que realmente se tendría que estar erogando.
Además, a los sobreprecios se suman las comisiones (nada despreciables) que generan estas usuales alianzas de tercerización disfrazadas como trabajos de “consultoría” realizadas por HS Estudios Farmacoeconómicos S.A. de C.V. y los proveedores colididos para cerrar esta costosa operación para los mexicanos.
De esto ya se ha notificado a las autoridades correspondientes del Insabi y todas las dependencias involucradas (como la SHCP y el SAT), con el propósito de exigir una exhaustiva rendición de cuentas y que se tomen cartas en el asunto.
Ojalá Ramírez de la O, Raquel Buenrostro y José Antonio Ferrer actúen en contra depredación que no solo causa daño al erario, sino también a la imagen del gobierno federal, y castiguen a los involucrados en HS y otras consultorías que imponen sobreprecios.
Dice el filósofo del metro: en salud hay que ser pulcro, por lo que no cabe el lucro.
Roberto Fuentes Vivar
Columnista y periodista fundador del UnoMásUno y la Jornada. Estudió Periodismo en la reconocida escuela Carlos Septién García y cursó la Licenciatura en Letras Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es periodista independiente, conocido como “El Filósofo del Metro”.
Colaborador desde el 6 de marzo de 2022.
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