Diario Ejecutivo
Que quede para la historia: este miércoles, 23 de agosto de 2023, un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, amenazó con dar un golpe de estado blando contra el presidente de la República, constitucionalmente electo, Andrés Manuel López Obrador.
Concretamente el ministro Luis María Aguilar Morales presentó un proyecto para obligar al primer mandatario a ratificar a la magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa María Bárbara Templos Vázquez. De no cumplir con el fallo el presidente López Obrador sería separado de su cargo, destituido y consignado, explicaba el texto previsto para ser discutido ese día, pero que finalmente fue retirado.
Pero la amenaza quedó, como parte del llamado Lawfare (guerra jurídica que puede conducir a golpes de estado propiciados por un poder en contra de un presidente legalmente constituido) que se ha utilizado recientemente en varias naciones latinoamericanas para que la oligarquía destituya a mandatarios de izquierda.
La idea de destitución del Presidente de la República a la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue presentada por Luis María Aguilar para que se debatiera en la Segunda Sala de la Corte, unas horas después de que el presidente López Obrador, el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Arturo Medina, y el subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, denunciaran públicamente (en las mañaneras de esta semana) una galería de jueces, magistrados y ministros que entorpecen la impartición de justicia en México.
Dentro de esta galería se le dio énfasis a la actuación de Aguilar Morales (quien también ha otorgado amparos para impedir la distribución de libros de texto gratuitos), por haber atraído y después retenido por más de ocho meses los expedientes para que el Gobierno no pueda cobrar al empresario Ricardo Salinas Pliego 33 mil 306 millones 476 mil 349 pesos adeudados al fisco.
En términos generales las ponencias de este ministro, quien fue propuesto por Felipe Calderón Hinojosa, han apoyado a empresarios y miembros de la oligarquía y hasta a personajes cercanos al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna (ahora preso en Estados Unidos y ventilado por sus relaciones con el narcotráfico), como Luis Cárdenas Palomino.
En su propuesta contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, se expresaba textualmente: “Esta Segunda Sala estima necesario que, en caso de que exista incumplimiento por parte del Ejecutivo Federal, en específico en lo relativo a ratificar a la quejosa para un segundo período en el cargo de Magistrada, el juez del conocimiento deberá inaplicar la prohibición establecida en la Ley de Amparo y aplicar directamente el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Este artículo de la Carta Magna señala: “Si concedido el amparo, se repitiera el acto reclamado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley reglamentaria, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable, y dará vista al Ministerio Público Federal”.
En síntesis Luis María Aguilar otorgaba un amparo a la magistrada María Bárbara Templos Vázquez para que fuera ratificada por un segundo periodo de diez años como integrante de la Sala Regional del TFJA o de lo contrario, el presidente López Obrador, quien debía ratificarla, podría ser destituido.
Afortunadamente el proyecto fue retirado. Pero el lawfare continúa y la amenaza de que la Corte pueda destituir a un presidente de la República (el más votado de la historia) por una nimiedad está latente porque hay impartidores de justicia que velan por los intereses de la oligarquía no de la mayoría.
Galería de ¿impartidores de justicia?
Así lo demuestra la galería que fue presentada el miércoles, en la que además de a Aguilar se incluyen los siguientes casos:
- La juez Raquel Ivette Duarte Cedillo concedió libertad (aunque seguirá su proceso) al general en retiro Rafael Hernández Nieto, quien era comandante del 41 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, durante los hechos del 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa, supuestamente porque la Fiscalía General de la República presentó mal el caso.
- El juez segundo de distrito de procesos penales federales en Tamaulipas, Ernesto Vladimir Tavera, absolvió a seis presuntos secuestradores y homicidas de Juan Francisco, Javier Sicilia y ordenó su inmediata libertad.
- El juez de control en Querétaro, Eduardo Alberto Osorio Rosado tiene una denuncia penal en su contra por el delito contra la administración de la justicia y dos quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal. En 52 de sus resoluciones, que han sido contrarias al Ministerio Público, en 29 determinó no vincular a proceso penal, en 11 ordenó cambio de medida cautelar para sustituir la prisión preventiva oficiosa, en seis calificó de ilegal la detención, en cuatro declaró sentencia absolutoria y en dos ordenó la reclasificación del delito.
- El juez de control en Coahuila, José Luis Hernández Hernández tiene una denuncia penal y dos quejas ante el Consejo de la Judicatura en su contra por su actuación en el caso de la tragedia en la mina El Pinabete, en Salinas, Coahuila, en la que quedaron atrapados 10 mineros, por haber protegido a dos imputados y a un socio de la empresa responsable
- Los magistrados Martín Soto Ortiz y Rafael Remes Ojeda, así como el secretario Ricardo Reyes González, todos ellos del primer tribunal colegiado en materia penal del séptimo circuito, se han opuesto a la aplicación de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar ante la comisión de delitos graves.
- El juez de control en Guanajuato, José de Jesús Rodríguez Hernández tiene dos quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal en su contra. De 80 de sus resoluciones, en 39 casos determinó no vincular a proceso penal, en 34 calificó de ilegal la detención y en siete declaró sentencias absolutorias.
- El juez de control en el Estado de México, Daniel Ramírez Peña tiene una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal ya que el 29 de junio del presente año dictó sentencia absolutoria a favor del exmagistrado Isidro Avelar Gutiérrez, quien en 2011 recibió tres depósitos por más de 12 millones de pesos, los cuales no correspondían a sus ingresos laborales. De sus resoluciones, en cuatro casos determinó no vincular a proceso penal, en dos casos calificó de ilegal la detención y en un caso declaró sentencia absolutoria. En el 2019 fue señalado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de tener vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. El 20 de febrero de este año le fue confirmada su destitución como magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- El juez de control en Michoacán, Óscar Antonio Madero González, tiene una denuncia penal en su contra por dictar resoluciones contrarias a los intereses de la justicia.
- El juez de control en Chihuahua, José Avelino Orozco Córdova ha emitido siete resoluciones adversas a los intereses de la justicia,
- El juez de control en Tamaulipas, Ricardo Ignacio Rivera Pacheco, ha resuelto adversamente a los intereses de la justicia en 24 asuntos.
- El juez de control en Guanajuato, Jesús Alejandro Jiménez Álvarez ha resuelto a favor de los imputados en 34 asuntos: en 15 casos determinó no vincular a proceso penal, en 14 calificó de ilegal la detención y en cinco sentencias absolutoria.
- El juez de control en Michoacán, Marco Antonio Torres Reyes ha emitido 22 resoluciones adversas a los intereses de la justicia-
- El juez de control en Sonora, Enrique Hernández Miranda. Él ha emitido 13 resoluciones desfavorables a la justicia: en nueve casos determinó no vincular a proceso penal, entre ellos un caso relacionado con de tráfico de migrantes agravado y cohecho, pues transportaba a 116 personas originarias de Guatemala, Honduras y El Salvador, y de los cuales 37 eran niñas, niños y adolescentes.
- El juez de control de Puebla, Jorge Eduardo Ramírez Téllez ha resuelto desfavorablemente a los intereses de la justicia en seis casos.
- El juez segundo de distrito de Sinaloa, Pedro Jara Venegas, concedió la suspensión provisional para que se devolviera un inmueble en cuyo interior se había asegurado un laboratorio para la fabricación de narcóticos.
- El juez 4º de Distrito de Amparo en Materia Penal en Nayarit, Francisco René Ramírez Marcial concedió un amparo para la devolución de una aeronave que en su interior se había localizado drogas y dinero.
Además de los anteriores, en la mañanera del martes se presentaron ocho casos de magistrados y jueces que, ante la comisión de delitos graves, se oponen a la aplicación de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. Ahí mencionaron a Martín Soto Ortiz, Rafael Remes Ojeda, Ricardo Reyes González, Luis Rafael Bautista Cruz, Rafael González Castillo, María Elena Leguízamo Ferrer, José Saturnino Suero Alba y Antonio Soto Martínez.
Pero quien se llevó las palmas fue Luis María Aguilar, quien unas horas después de ser mencionado en la mañanera amenazó el miércoles con un golpe de estado blando. ¿Fue venganza por haberlo exhibido públicamente como mal impartidor de justicia?
Dice el filósofo del metro: la justicia de la oligarquía nunca será para la mayoría.
Roberto Fuentes Vivar
Columnista y periodista fundador del UnoMásUno y la Jornada. Estudió Periodismo en la reconocida escuela Carlos Septién García y cursó la Licenciatura en Letras Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es periodista independiente, conocido como “El Filósofo del Metro”.
Colaborador desde el 6 de marzo de 2022.
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