MÉXICO, D.F., (Proceso).- La trasnacional de origen estadunidense Sempra Energy presuntamente pagó sobornos millonarios a Felipe Calderón Hinojosa cuando estuvo al frente de la Secretaría de Energía, durante el sexenio de Vicente Fox Quesada, para que autorizara la instalación del Complejo de Gas Natural Licuado en Ensenada, según se desprende del reporte de la consultora en información e inteligencia Interfor consultado por Proceso.

Y aunque los “pagos ilegales” no están documentados, fuentes confidenciales de Interfor habrían confirmado que los depósitos se realizaron en un banco de Islas Caimán a la cuenta del entonces gobernador de Baja California, Eugenio Elorduy Walther, y que los pagos adicionales se depositaron en la cuenta de su antecesor en el cargo, Ernesto Ruffo Appel, también en las Islas Caimán, cuando éste fungía como Comisionado de la Frontera Norte en el gobierno foxista.

Con sellos de “privilegiado y confidencial”, en su informe final Interfor establece que William R. Isaacson contrató a la consultora el 17 de enero de 2005 para realizar una investigación discreta sobre las conexiones de Sempra Energy con políticos como Elorduy, Francisco Molina Robles, Gastón Luken y Flavio Olivieri.

Luken fue enlace entre Elorduy y Sempra; hoy es socio de la empresa, mientras que Molina Robles –quien encabezó los comités ciudadanos de apoyo a Elorduy en sus campañas políticas– es accionista de las empresas Gas Natural de Coahuila, Acueducto Baja Norte y Acueducto Ensenada.

Los detectives de Interfor consultaron bases de datos, así como fuentes industriales, gubernamentales, financieras y personales, todas ellas confidenciales. En su reporte asientan que los sobornos “desempeñan un papel importante en la manera en que la política y los negocios se realizan en Baja California y otras ciudades de México”.

Además, dicen, los cárteles de la droga tienen un fuerte impacto en las elecciones y en la política mexicana.

En el reporte se menciona que los abogados de Sempra en México son los panistas Antonio Lozano Gracia y Fernando Gómez Mont. Una fuente de seguridad consultada por Proceso a condición de anonimato asegura que el FBI indaga esa representación por un incidente que vincula al despacho de los panistas con la liberación de Rafael Caro Quintero, aunque la información no pudo ser corroborada.

Al verse perjudicada durante la expropiación del predio El Monumento –ordenado en 2005 por el entonces gobernador Elorduy–,la compañía Marathon Oil contrató a la consultora para detectar la red de influencias que tejió Sempra en México.

Los investigadores descubrieron que Elorduy poseía cuentas ocultas en Suiza –desde donde solía llamar a un tal Felipe a las tres de la mañana– y en las Islas Caimán, alimentadas por Sempra para apoyar el proyecto de Energía Costa Azul (ECA), el complejo gasífero ubicado en Ensenada.

De acuerdo con una investigación más reciente basada en los testimonios de un exempleado de Sempra, Michelón, cuya copia obtuvo Proceso, Interfor descubrió que Sempra International maneja recursos no declarados en un “cuarto oscuro” del departamento tributario que tiene la compañía en San Diego, California. Desde ahí realiza “un complejas operaciones de lavado de dinero y sobornos”.

A través de una fusión operada el 30 de enero de 2003 con la compañía Distribuidora de Gas Natural Servicios (DGN), autorizada por la Comisión Federal de Competencia un mes antes, Sempra se implantó en México.

Interfor asevera que Elorduy poseía acciones en Próxima Gas –perteneciente a DGN–, lo que permitió a Sempra financiar su campaña para la gubernatura bajacaliforniana. Según los detectives, la trasnacional compró las acciones de Elorduy en 31 millones de dólares, una suma “inflada y simulada”, pues el valor real no rebasaba los 12 millones de dólares.

A través de sus familiares, Elorduy mantiene estrechos vínculos con Sempra. Su hija Érika Elorduy Blackaller, por ejemplo, es la apoderada de DGN. Asimismo, el gigante de la energía emplea a un sobrino de Elorduy como asesor legal para IEnova, el nombre de la filial mexicana de Sempra.

EL NARCO CASUAL

El 18 de julio de 1985, Eugenio Elorduy y Héctor Sada Quiroga vendieron a Manuel Aguirre Galindo, El Caballo – uno de los siete fundadores del cártel de los hermanos Arellano Félix–, un terreno de 28 mil 589 metros cuadrados ubicado en Tijuana.

El Caballo les pagó 60 millones de pesos y construyó ahí el Hotel Oasis, donde lavó dinero hasta que le fue incautado por la Procuraduría General de la República, 13 años después, en 1998.

Elorduy no perdió el contacto con El Caballo y, según el reporte, en la década de los noventa le siguió vendiéndole autos de su automotriz, aun cuando el entonces alcalde de Mexicali conocía las actividades criminales del Caballo, quien finalmente fue detenido en el Distrito Federal el 25 de octubre de 2013 por la Policía Federal.

Sempra, empresa pública que trabaja con los ahorros de los pensionados de Estados Unidos, ha sido acusada por los gastos excesivos de sus ejecutivos. Y no obstante que está siendo procesada en ese país por presuntas prácticas fraudulentas, en el extranjero pesan hasta ahora los diferentes cargos en su contra por sus vínculos con políticos mexicanos.

Un ejemplo sirve de muestra: uno de los personajes que ayudaron a Sempra a instalarse en Ensenada fue Elorduy, hoy accionista de la compañía y socio de Donald E. Felsinger, antiguo presidente corporativo de Sempra en el complejo inmobiliario Silicon Border, en Baja California.

La sociedad de Silicon Border está documentada en los archivos de Interfor y en ella participan funcionarios de Estados Unidos como Alan Bersin, subsecretario del Departamento de Seguridad Interior y brazo derecho de Janet Napolitano, secretaria en Asuntos Internacionales.

Bersin, a su vez, fue socio de Charles LaBella, actual jefe del Departamento de Investigaciones de Fraude en el Departamento de Justicia estadunidense. Su oficina, responsable de indagar las prácticas corruptas de Sempra, salió exonerada.

Por su parte, LaBella es compañero de generación de Bob Brewer, abogado de Sempra en un juicio iniciado por Rodolfo Michelón, uno de sus excontralores. El caso fue desahogado por la fiscal Laura Duffy, quien lo sobreseyó, revirtiendo las indagatorias hacia José Susumo Azano, empresario mexicano que apoyó económicamente los litigios contra Sempra en Ensenada.