A 20 años de ocurrido, ahora se sabe que los pormenores del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI en 1994, fueron enturbiados de manera deliberada tanto por Carlos Salinas de Gortari como por su sucesor Ernesto Zedillo. También se mantuvieron ocultos en los gobiernos de Fox y Calderón, según revela Humberto Hernández Haddad, en aquel tiempo cónsul de México en San Antonio, Texas, y testigo clave del caso. De acuerdo con él, “una pandilla burocrática transexenal” ha impedido el esclarecimiento de ese asesinato y del paradero de Manuel Muñoz Rocha, de quien incluso se solicitó en secreto su extradición al gobierno estadunidense

MÉXICO, D.F., (Proceso).- El gobierno de México ocultó información para que el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu quedara sin esclarecerse.

Documentos desclasificados en Estados Unidos dejan en claro que las autoridades mexicanas supieron desde el principio en dónde se encontraba el diputado Manuel Muñoz Rocha, operador del crimen del secretario general del PRI perpetrado el 28 de septiembre de 1994.

Una vez que habían transcurrido 10 días del asesinato, la administración de Carlos Salinas de Gortari le hizo saber a la estadunidense, mediante su embajada en México, que tenía localizado al diputado del PRI por Tamaulipas en Brownsville, Texas, por lo que le solicitó su detención con fines de extradición.

En México, en cambio, el gobierno de Salinas, y después el de Zedillo, mantuvieron oculto dicho paradero, abriendo la puerta para que el homicidio fuera declarado prescrito por la justicia federal sin las agravantes del caso, como en efecto ocurrió en 2009. La justicia mexicana nunca conoció de la solicitud hecha a Estados Unidos, según confirmó el Poder Judicial de la Federación apenas el 26 de junio pasado.

Muchos de los actores de la época siguen en funciones oficiales, tanto en la diplomacia como en áreas administrativas del gobierno de Enrique Peña Nieto, cuya secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu,­ es hija del político asesinado y de Adriana Salinas de Gortari, hermana del expresidente.

Fue precisamente la administración salinista la que comenzó a ocultar en México información relativa al homicidio, no obstante la solicitud oficial presentada a Estados Unidos, que a continuación se reproduce sustancialmente:

“La Secretaría de Relaciones Exteriores saluda atentamente a la embajada de los Estados Unidos de América y tiene el honor de referirse al Tratado de Extradición suscrito entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América para solicitar al gobierno de Vuestra Excelencia (…) la detención provisional con fines de extradición de Manuel Muñoz Rocha, a quien las autoridades mexicanas reclaman por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio”, dice un documento desclasificado por el Departamento de Estado y fechado el 8 de octubre de 1994.

Explica asimismo que la orden de aprehensión en contra del diputado priista había sido emitida apenas un día antes, el 7 de octubre.

“La urgencia de presentar esta petición se justifica en el hecho de que el reclamado se encuentra localizable en la ciudad de Brownsville, Texas”, agrega el documento denominado Unclassified US Department of State Case No. F-2011-06745 Doc No. C1764005 Date 02/05/2013.

El mismo día de esa petición, de acuerdo con los documentos desclasificados, la embajada de Estados Unidos respondió. Una de las comunicaciones fue dirigida al entonces comisionado del Instituto Nacional de Migración, Alberto Pérez Blas, actual director de Comunicación Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

En esa respuesta, firmada por David Beall, segundo a cargo de la embajada, se incluye el nombre de Fernando Rodríguez González, asesor de Muñoz Rocha en la Cámara de Diputados y quien se convirtió en testigo pagado de la Procuraduría General de la República, ya en la administración de Ernesto Zedillo.

Rodríguez fue quien en una segunda declaración ministerial inculpó a Raúl Salinas. El hermano del expresidente fue detenido cinco meses después del asesinato y pasó 10 años en prisión como autor intelectual, aunque en 2005 salió libre por falta de pruebas (Proceso 1493).

El comunicado de la embajada expresa: “Gracias por su carta al embajador Jones del 8 de octubre de 1994, requiriendo que el gobierno de los Estados Unidos inicie los procedimientos de deportación en contra de los ciudadanos mexicanos Manuel Muñoz Rocha y Fernando Rodríguez González. La embajada entiende que los individuos mencionados están siendo acusados de asesinato por el gobierno de México.

“El (entonces) INS (Servicio de Inmigración y Naturalización) y el FBI han iniciado acciones necesarias para poner a Muñoz Rocha y a Rodríguez González bajo los procedimientos de deportación. La embajada lo mantendrá informado…”, señala el funcionario estadunidense.

Aunque el crimen se cometió a finales del sexenio de Salinas, ya con Zedillo como presidente electo, fue la administración zedillista la que se encargó de hacer más grande la confusión al respecto. Sus sucesores del PAN no sólo dejaron que el caso prescribiera, sino que mantuvieron y promocionaron a algunos de los principales funcionarios que ocultaron la información.

La desclasificación evidenció el doble discurso de las autoridades mexicanas de la época. El más revelador de esos papeles es que Salinas y Zedillo, más allá de su confrontación, siempre supieron que Muñoz Rocha huyó a Texas.

Los documentos fueron desclasificados en octubre del año pasado vía el Acta de Libertad de Información (Foia, por sus siglas en inglés), el mecanismo de transparencia estadunidense, y publicados por la revista Nexos en enero de este año (http://www.nexos.com.mx/wp-content/uploads/2014/01/178698147-U-S-Embassy-Cables.pdf).

Las 110 páginas desclasificadas forman parte del acopio de información hecho por la embajada sobre el asesinato del dirigente priista, la violencia política de 1994 y la manera en que actuó el gobierno de Zedillo. Incluye dos conversaciones del embajador Jones con el procurador general de la República de Zedillo, el panista Antonio Lozano Gracia, y el secretario particular del presidente, Luis Téllez, ahora polémico presidente de la Bolsa Mexicana de Valores.

En su contestación al peticionario, al que identifica como “Mr. Schiller”, el Departamento de Estado aclara que cuenta con 44 documentos de “interés primario” sobre el caso; pero que sólo nueve de ellos fueron desclasificados en su totalidad, 18 con restricciones, y que uno más fue retenido por completo. Explica que, de los restantes, dos requieren de coordinación con otras agencias del gobierno estadunidense para su liberación y que 13 más fueron elaborados por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), por lo que deben ser revisados junto con esa agencia. (Aunque el Departamento de Estado reporta 44 documentos, el desglose que hace suma 43.)

“UNA PANDILLA TRANSEXENAL”

Los que están sin desclasificar se consideran top secret, manifestó en entrevista con Proceso el entonces cónsul de México en San Antonio, Texas, Humberto Hernández Haddad, actor involuntario inicialmente de las pesquisas en Estados Unidos sobre Muñoz Rocha, y luego decidido litigante para que las autoridades mexicanas hagan pública la información del caso que él mismo elaboró en cuanto se supo que la justicia estadunidense había localizado al diputado en San Antonio. Obtener sus propios informes a través de litigios de acceso a la información le ha llevado 11 años.

Testigo de primera mano de la actuación de los gobiernos de Salinas y Zedillo, Hernández Haddad terminó confrontado con lo que define como “una pandilla burocrática transexenal que cometió delitos sin ningún control” para impedir el esclarecimiento del asesinato de Ruiz Massieu.

Ante esa reiterada negativa oficial, acabó en el centro de una confrontación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Procuraduría General de la República (PGR) que ha durado ya dos décadas. De ahí que haya decidido publicar el libro Colosio y Ruiz Massieu. Veinte años después, que empieza a circular esta semana.

“Es un memorial jurídico de lo que me tocó vivir como cónsul general de México en San Antonio en el caso Ruiz Massieu. No doy opiniones subjetivas, pero sí pruebas documentales que se encuentran en archivos judiciales y gubernamentales de México y Estados Unidos”, explicó el pasado miércoles 17 durante la entrevista en su despacho del Distrito Federal.

La mañana del asesinato de Ruiz Massieu­ en la esquina de avenida Reforma y la calle Lafragua, en el centro de la capital mexicana, Hernández Haddad llevaba al escritor Carlos Fuentes al aeropuerto de San Antonio. Ahí se enteraron del homicidio del secretario general del PRI, el segundo de ese 1994, medio año después del crimen del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, también del PRI.

Dos meses más tarde, el 30 de noviembre de 1994, comenzó “una pesadilla” para Hernández Haddad. Ese día, el Departamento de Justicia le reportó que Muñoz Rocha estaba localizado en San Antonio, y que había sido visto durante la detención de otro fugitivo de la justicia mexicana, el abogado Enrique Fuentes León, quien fue capturado tres semanas después del asesinato de Ruiz Massieu.

Fallecido en junio del año pasado (Proceso 1912), Fuentes León llevaba seis años prófugo. En México era buscado por haber sobornado a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a dos magistrados para liberar a Alejandro Braun Díaz, conocido como El Chacal de Acapulco, por haber asesinado y violado a una niña en el puerto cuando el gobernador de Guerrero era José Francisco Ruiz Massieu.

“Los cinco agentes estadunidenses que aprehendieron a Enrique Fuentes León el 19 de octubre pasado, a las 12:30 horas en la Torre de Oficinas Alamo Savings de esta ciudad, están rindiendo declaración el día de hoy afirmando que la persona que lo acompañaba al momento del arresto es Manuel Muñoz Rocha, a quien reconocen con base en las fotografías distribuidas por la Procuraduría General de la República.”

Así lo reportó el cónsul al secretario de Relaciones Exteriores de Salinas, Manuel Tello. El último día del gobierno de Salinas, el 30 de noviembre de 1994, el secretario particular del canciller, Juan Manuel Gómez Robledo –actual subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos del gobierno de Enrique Peña Nieto–, le pasó íntegro el reporte al entonces titular de la PGR, Humberto Benítez Treviño, a quien Peña Nieto designó en 2012 el frente de la Procuraduría Federal del Consumidor.

Ante la insistencia de Hernández Haddad, el cónsul no sólo fue removido, sino vetado del servicio público, luego de haber sido también diputado y senador del PRI, además de encargado de asuntos internacionales de su partido.

Abogado egresado de la UNAM, miembro del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Harvard y maestro en Políticas Públicas Internacionales por la Universidad Johns Hopkins, aseguró que como cónsul nunca fue informado de la solicitud de detención con fines de extradición de Muñoz Rocha a pesar de que el caso caía en su jurisdicción consular.

Tampoco la justicia federal fue advertida sobre la existencia de ese documento, como lo confirmó en junio pasado, cuando el Poder Judicial de la Federación le respondió a un pedido de información que la solicitud formal del gobierno mexicano al de Estados Unidos nunca formó parte del juicio contra Muñoz Rocha.

A pesar de su existencia, ni la PGR ni la SRE presentaron ese documento desclasificado por el Departamento de Estado. De haber informado, el plazo para la prescripción se habría duplicado, de acuerdo con el Código Penal Federal, que en su artículo 101 prevé esa circunstancia para quienes salgan del territorio nacional tras cometer un delito.

Añadió: No sólo hubo ocultamiento de información a la justicia mexicana, sino que la PGR reclasificó el delito como homicidio, que tiene una pena de 20 años, y no como homicidio calificado, con premeditación, alevosía y ventaja, que se penaliza con 40 años.

Además, la PGR perdió una supuesta queja contra la prescripción. “Se equivocó” y, en lugar de acusarlo por homicidio y asociación delictuosa, en el recurso lo acusó de narcotráfico, con lo cual el Tribunal Unitario ratificó la prescripción.

“Hay una cadena de mando político, diplomático y administrativo que se encuentra perfectamente documentada y en la que quedan plenamente identificadas quiénes eran las autoridades que tenían la responsabilidad de extraditar a Muñoz Rocha”, subrayó.

LOS INVOLUCRADOS

Como principales involucrados, además de Salinas y sus titulares de la SRE y la PGR, Hernández Haddad identificó al propio Zedillo; a su procurador Antonio Lozano; a su canciller José Ángel Gurría; al subsecretario para Asuntos Bilaterales, Juan Rebolledo Gout; al oficial mayor de la SRE, Ildefonso Guajardo, y al director general de Asuntos Jurídicos, Eduardo Ibarrola Nicolín, entre otros.

Todos siguen activos. La mayoría en el sector público. Lozano Gracia se dedicó a litigar después de ser despedido de la PGR tras la pifia de la supuesta vidente La Paca que le dijo al Ministerio Público en dónde, supuestamente, había enterrado Raúl Salinas los restos de Muñoz Rocha.

Gurría Treviño, que amenazó a Hernández Haddad si no dejaba de insistir en el caso de Muñoz Rocha, es el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cargo al que llegó en junio de 2006 con el apoyo del gobierno de Vicente Fox.

Actor central fue Rebolledo Gout, quien había sido coordinador de asesores de José Córdoba Montoya, jefe de la Oficina de la Presidencia con Salinas hasta el 30 de marzo de 1994, siete días después del asesinato de Colosio.

En el momento del homicidio de Ruiz Massieu, Rebolledo Gout era el secretario particular de Salinas, y en la administración de Zedillo fue el subsecretario para Asuntos Bilaterales de la SRE y quien directamente manejaba la relación con Estados Unidos, precisó el excónsul. “En abril de 1995 fui requerido para venir a México para presentarme en la secretaría. Me recibió Rebolledo Gout. Me dijo que él no tenía ningún conocimiento de mis informes consulares sobre la presencia de Muñoz Rocha en San Antonio. Prendió un cigarrillo y cambió de conversación”.

A su salida del gobierno de Zedillo, Rebolledo pasó a ser vicepresidente de Relaciones Internacionales de Grupo México, cargo que tiene desde 2001. Se trata del mismo grupo minero responsable de la contaminación con sustancias tóxicas del río Sonora. Es el mismo consorcio que en 2006 dejó enterrados a 65 mineros en la mina de carbón Pasta de Conchos, en Coahuila.

Hernández Haddad mencionó también al embajador Alejandro García Moreno Elizondo, cónsul alterno de México en San Antonio cuando fue abatido Ruiz Massieu. Posteriormente el gobierno de Zedillo lo promovió como consejero ante la Unión Europea, y luego Fox lo hizo representante de México ante la OEA. Calderón lo nombró cónsul de México en Seattle. Ahora está como asesor en las oficinas de la SRE en México.

De Eduardo Ibarrola, quien con Salinas fue director general de Asuntos Consulares, y con Zedillo director general de Asuntos Jurídicos de la SRE, Hernández Haddad aseguró que le pidió desmentir a los agentes federales estadunidenses que habían declarado ante la justicia sobre el paradero de Muñoz Rocha. Felipe Calderón lo designó embajador ante los Países Bajos, donde fue ratificado por Peña Neto.

Ildefonso Guajardo, quien como oficial mayor de la SRE emprendió acciones administrativas contra el excónsul, es ahora el secretario de Economía de Peña. Otro de los señalados por Hernández Haddad es Jaime González Carrancá, delegado de la PGR en San Antonio en 1994, a quien el Departamento de Justicia le había retirado su confianza por una serie de reuniones con un narcotraficante.

Aunque alegó que no sabía de quién se trataba, González Carrancá fue acusado por Hernández Haddad como responsable de haber dilatado la documentación oficial para la búsqueda de Muñoz Rocha, así como de haber intentado detener la deportación de Enrique Fuentes León a México. Después de San Antonio, fue enviado a Guatemala y luego fungió como asesor del procurador Jorge Madrazo Cuéllar. Con Peña Nieto llegó a la Secretaría de Desarrollo Social, y en 2013 se integró como magistrado al Tribunal Superior Agrario.