Hace exactamente una semana y después de varios días de búsqueda de acuerdos y de “consensos”, Oaxaca amaneció con la designación de los Consejeros electorales quienes habrán de garantizar la organización, desarrollo, transparencia, imparcialidad, certeza y legalidad de los comicios estatales a desarrollarse en el estado en los próximos años.

El elegir los nombres de quienes integran el Consejo General del ahora llamado Instituto Estatal Electoral y de Participación (IEEPC) Ciudadana no fue nada fácil, pues incluso se tuvo que diferir la fecha establecida en un principio (23 de marzo) dado la evidente intromisión de los partidos políticos en el proceso, quienes ante los ojos de la ciudadanía exhibían su intervención para colocar a quienes les siguieran garantizando el control en las tomas de decisiones, así como el manejo de los millonarios recursos al interior del IEEPC.

Muchas fueron las voces que demandaron una auténtica ciudadanización del órgano estatal electoral.

Fue así como el Congreso del Estado, en aras de mostrar su disposición para “ciudadanizar” dicho instituto y con la aprobación de la mayoría de los diputados, emite una convocatoria pública en la que subraya la posibilidad de que todo ciudadano que cumpla con los requisitos establecidos en la misma pueda participar y aspirar a ocupar dichos cargos.

Pero con eso de que hay partidos que se acostumbraron a ver como algo propio a dicho instituto, en la mencionada convocatoria una vez más se confirma la intromisión de los institutos políticos con registro, ya que se establece que la solicitud de registro deberá realizarse ante la fracción parlamentaria del “partido” de su preferencia.

A pesar de ello, se reportó un registro de 102 solicitudes, de las cuales 98 se presentaron a la entrevista con las fracciones parlamentarias que cuentan con bancada y que son el Partido Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Acción Nacional, del Trabajo y de Convergencia.

El PRI entrevistó a 34 candidatos, el PRD a 26, el PAN a 20, el PT a 9 y Convergencia a 9.

Ahí los aspirantes dieron a conocer sus razones por las que deseaban ocupar dichas posiciones, así como mostraron sus conocimientos en materia de derecho electoral. Hasta ahí los acuerdos caminaban según a lo pactado.

Es importante que señalar que nos hemos referido a cinco fracciones parlamentarias que hasta ese momento debatían responsablemente y de frente.

Para nadie resultaba ser un secreto el interés del partido tricolor por impulsar la candidatura de un aspirante que les garantizara tener la influencia que hasta el anterior consejo era evidente tenía sobre el órgano electoral.

Si un órgano había sido severamente cuestionado por la ciudadanía, no sólo por aquél famoso “pendientito” de su anterior Consejero presidente, José Luis Echeverría Morales, sino por los duros cuestionamientos de la “caída del sistema” del año 2004, que dieron pauta a una sospecha de fraude que no se pudo sostener ante los Tribunales Electorales federales, así como las graves irregularidades detectadas en los municipios que se eligen por el sistema de “Usos y Costumbres”, sin duda que ese es el extinto Instituto Estatal Electoral.

Pero adicional nadie sabe hasta ahora, el uso de los millonarios recursos que año tras año se le asignan para su operación; incluso, se ha llegado a comentar de una gran lista de asesores que ni siquiera el día de la quincena pasaban a cobrar, pues se les depositaba directamente a su cuenta bancaria.

Eso, entre otras cosas era el interés por colocar a alguien que les permitiera tener la tranquilidad de que nada de eso sería revisado y auditado. Sólo que no contaban que ahora sí lo de la ciudadanización del IEEPC si iba en serio.

La presión ciudadana logró que la más clara propuesta del PRI y que incluso era respaldada por otros partidos, se cayera.

Othoniel Melchor Peña Montor, el ex director general de dicho instituto, fue motivo de severos señalamientos que lo identificaban como parte de “más de lo mismo”; ahí se complicaron las negociaciones, pues el PRI se aferró a que fueran ellos quienes propusieran al Consejero presidente y a algunos directores en las áreas estratégicas.

No ubicaron que ya mediáticamente la elección de los consejeros se había vuelto parte de la demanda de cambio por el que la ciudadanía había votado el pasado 4 de julio.

La liga se comenzó a estirar, hasta que terminó por romperse.

Se tuvo que recurrir al famoso “reloj parlamentario”, pues después de la primera votación no se alcanzó el voto de las dos terceras partes del Congreso, se declaró un receso de 10 minutos que se convirtieron en horas, para ver si en ese tiempo se alcanzaba consenso alguno.

Situación que no se logró. Ante tal perspectiva se avaló por parte de las fracciones parlamentarias presentes en la Cámara someter la votación a mayoría simple, una vez agotadas las tres rondas en la que ninguno de los aspirantes alcanzó la mayoría calificada.

Sin embargo, a pesar de estar debidamente notificados para el reinicio de la sesión, 17 de 18 diputados del PRI no se presentaron a la sesión donde se habría de someter a votación la elección de Consejeros, pero aun suponiendo sin conceder, que se hubieran presentado y que su voto fuera en un solo sentido, 25 votos son más que 17, por lo que el resultado de la votación hubiera sido el mismo.

Ahora bien, días después aseveraron a través de su partido que dicho proceso era ilegal, por lo que uno les pregunta ¿por qué no lo defendieron en donde deberían y les correspondía haberlo hecho?

Por qué, además hay que subrayarlo, cuatro de las cinco fracciones parlamentarias y un diputado del PRI sí cumplieron con su responsabilidad y obligación constitucional de aprobar dicho consejo.

Una explicación no sólo a los aspirantes a ocupar el cargo, sino a la ciudadanía en general para saber qué los motivó a no asistir a la sesión, sería lo adecuado.

El viernes pasado fueron presentadas las impugnaciones por parte de algunos aspirantes a Consejeros quienes esgrimen violación de sus derechos políticos ciudadanos por lo que adicional demandarán un recurso de revisión constitucional al proceso de selección.

En tanto llegan las resoluciones correspondientes, habrá que demandarles a los nuevos consejeros que no caigan en los mismos errores del pasado, donde los partidos políticos colocaban a sus incondicionales en las direcciones estratégicas.

Hoy la ciudadanía demanda una verdadera y auténtica ciudadanización de ese órgano, por lo que el maestro Alberto Alonso Criollo debe corresponder a la confianza del pueblo que demanda un órgano electoral verdaderamente ciudadano.

Entonces, ¿de quién es la irresponsabilidad?