El Estado de Oaxaca ocupa el segundo lugar a nivel nacional en agravios contra periodistas con 39 denuncias en los últimos diez años, informó aquí el director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la CNDH, Juan Pablo Piña Kurczyn.
En entrevista, al término de un encuentro con un grupo de dueños y empleados de medios de comunicación impresa en la entidad, el funcionario nacional refirió que el primer lugar en agravios contra los comunicadores lo ocupa el Distrito Federal, con 62 casos.
El hijo del ex gobernador de Puebla, Mariano Piña Olaya, dijo que para la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Oaxaca calificó como grave en este fenómeno porque registra un elevado índice de agresiones contra trabajadores de los medios de comunicación.
Agregó que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) –que a la fecha dirige María de la Luz Candelaria Chiñas y en la que antes estuvo el hoy secretario general de Gobierno, Evencio Nicolás Martínez Ramírez–, así como las fuerzas policiacas federales, ocupan el tercero y cuarto lugar, respectivamente, en agresiones a los comunicadores.
“Es grave lo que sucede en Oaxaca porque se viola el derecho a la libertas de expresión, máxime cuando se agrede a un periodista, porque de manera indirecta se atenta contra toda la sociedad, y se genera un fenómeno de autocensura”, condenó Piña Kurczyn.
Antes, el Director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos exhortó a los propietarios de los medios de comunicación en Oaxaca, así como a la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca (CDDHO) a firmar un convenio de colaboración para garantizar el seguimiento de las denuncias presentadas por los agraviados.
Anunció que la CNDH analiza proponer ante el Congreso de la Unión federalizar los delitos contra periodistas para que sea directamente la Procuraduría General de la República (PGR) la dependencia que atienda los casos que se presenten.
Por otra parte, Piña Kurczyn criticó la forma de asignación de publicidad de los gobiernos estatales, en virtud de que “se hace de manera discrecional, sin trasparentar o indicar dichas inserciones, causando censura entre los medios de comunicación y los periodistas”.
En su opinión, la publicidad gubernamental debe de otorgarse a los medios con base en métodos más transparentes y sin limitar la libertad de expresión en los contenidos de los trabajos de los reporteros.
