OAXACA, OAX., abril 26.- Los extrabajadores migratorios o ex braceros, son un grupo de mexicanos que trabajaron de manera legal en los Estados Unidos de América durante la Segunda Guerra Mundial, durante el periodo de 1942 a 1964.
Hoy su demanda es el pago del 10 por ciento de su salario retenido durante el tiempo que trabajaron en aquel país y que se les entregaría al regresar a México, lo cual no sucedió, informó el presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Migratorios de la LXI Legislatura del estado, el priista Max Vargas Betanzos.
Se trata, puntualizó el legislador, de una deuda del Gobierno federal y que algunos Estados en un acto de justicia social han actuado en consecuencia, autorizando en sus presupuestos recursos para apoyar socialmente a sus paisanos, quienes en su mayoría son ancianos, algunos de éstos están enfermos y otros más ya han muerto sin que la justicia les llegara.
“Son ciudadanos mexicanos beneficiarios de un derecho, no piden ni han pedido algo que no les corresponda, por lo que el gobierno federal tiene la obligación de pagar la deuda que se tiene con ellos, no es posible que este pago lleve 47 años de atraso y que además cuando se ha cubierto por la Federación, que es a quien le corresponde, lo ha dado a cuenta gotas, representando su cobro un gasto más en vez de un beneficio directo al patrimonio familiar de los ex braceros”.
Los legisladores, emanados de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de la LXI Legislatura hicimos lo propio, y en un hecho inédito logramos que se votara el 15 de diciembre de 2010 la autorización de 10 millones de pesos, para pagar a este grupo de ex braceros, no como resultado de presiones sociales, ni porque legalmente nos corresponda, sino como un acto de justicia social y solidaridad con nuestros paisanos oaxaqueños.
Por lo cual, Vargas Betanzos subrayó que resulta alarmante, cuando menos, que el Gobierno del Estado no haya liberado ese recurso, debidamente autorizado, para entregarlo a los ex braceros, y dada las características humanas de los sujetos a quien está destinado, resulta urgente y de obvia resolución.
Tampoco, concluyó, es permisible que nuestros ancianos que ya aportaron su mano de obra se vean en la necesidad de tomar calles para que les sean atendidas sus demandas; que indudablemente se acrecientan por excesos burocráticos o pasividad gubernamental, cayendo incluso, en actos institucionales de intimidación mediante el uso de la fuerza pública olvidándose el compromiso de gobernar obedeciendo y sobre todo en detrimento de adultos mayores y de este sector poblacional.
