Por mayoría de votos priistas, la sexagésima Legislaturas del Estado aprobó el sábado pasado la última Cuenta Pública del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, que en sólo dos meses –del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2010–, gastó 9 mil 88.6 millones de pesos.
En sesión extraordinaria, con base en el dictamen de la Auditora Superior del Estado (ASE), Rosa Lizbeth Caña Cadeza, quien determinó que se revisaría sólo el 65 por ciento del dinero gastado, 24 diputados del PRI, más uno del diputado Cristóbal Carmona Morales, del Partido Nueva Alianza (Panal), y otro de José Vázquez Morales, del extinto Socialdemócrata (PSD), votaron a favor.
A favor votó también la fugaz diputada “independiente” Carmelina Cruz Silva, quien una vez más volvió al redil tricolor fingiendo demencia de su advertencia de que acudiría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para echar abajo el decreto que impusieron sus compañeros del PRI al quitarle la sede de poderes al municipio de Zapotitlán del Río y otorgárselo a la agencia de San Mateo Yucutindó.
Es que Cruz Silva se había declarado “diputada independiente” desde el 6 de septiembre pasado, cuando incluso se distanció del espacio físico destinado al “rebaño”, pero por segunda ocasión en menos de un mes volvió a su curul, junto a los compañeros que criticó y condenó, para levantar el dedo y aprobar las iniciativas presentadas.
Mientras tanto, las bancadas del PRD y PAN, así como los únicos diputados de los partidos Unidad Popular (PUP), Magdiel Hernández Caballero, y Juan Bautista Ollivera Guadalupe, del PT, hicieron patente su voto en contra de la última Cuenta Pública de Ruiz Ortiz.
Por la bancada del Partido Convergencia (PC), el appista Zenén Bravo Castellanos y Gustavo Velázquez Lavariega, rechazaron el documento, mientras que el su coordinador, Benjamín Robles Montoya, simplemente no asistió.
Así, por mayoría de votos, la bancada del Revolucionario Institucional y sus aliados de los partidos “morralla” establecieron que “se cumplió con las normas de contabilidad y de información financiera en donde fueron aplicables esos recursos”.
El diputado Alfredo Ahuja Pérez, del PAN, criticó la opacidad en la información financiera y presupuestal. Incluso, acusó a la titular de la ASE, Rosa Lizbeth Caña Cadeza, y a los sub auditores, de prestarse a la corrupción. Sostuvo que éstos incumplieron con las leyes de Presupuesto y Gasto Público, y de Deuda Pública, además de los postulados básicos de contabilidad gubernamental emitidos por la Secretaría de Hacienda federal, y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
La también panista Perla Marisela Woolrich Fernández fue más allá al acusar a Caña Cadeza de dedicarse a “encubrir los delitos” cometidos por los funcionarios priistas, al no denunciar ante las autoridades competentes los quebrantos patrimoniales del secretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib, quien malversó fondos públicos por cuatro mil 800 millones de pesos.
“Mientras Miguel Ángel Ortega Habib desfalcaba el erario público del estado, la señora Caña Cadeza engañaba al Congreso asegurando que la gestión financiera, a cargo de la Secretaría de Finanzas, se ajustó a la legalidad y que no causó daño o perjuicio a las haciendas públicas federal y estatal”, espetó la panista.
Censuró que la titular de la ASE no emitiera ninguna observación y sólo optara por opiniones favorables respecto a la administración, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos por parte del titular del Poder Ejecutivo y de los entes públicos estatales y municipales.
Woolrich Fernández dijo que es preocupante que reiteradamente se dejen de pagar capital e intereses por la mala administración de las finanzas públicas.
“Esto representa un riesgo real para el estado y amerita la aplicación de todo el rigor de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca en contra de Ulises Ruíz, su gabinete y la Auditora Superior del Estado, por incompetencia, negligencia y perjurio”, exigió.
Y completó: “Resulta inaudito, por no decir carecer de vergüenza, que después de todo lo señalado, la señora Caña Cadeza afirme que en materia de deuda pública se cumplieron los compromisos adquiridos y que la gestión financiera satisfizo los requisitos de administración, manejo, aplicación y ejercicio de recursos públicos. No. Todo esto es falso”.
Woolrich Fernández sostuvo que no se cumplió con el pago de la deuda pública y que la gestión financiera es irregular, deficiente y opaca, porque hasta ahora no se ha revelado en los estados financieros de la Cuenta Pública Estatal la deuda pública de los PPS´s de Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial por 626 y 1 mil 200 millones de pesos, respectivamente, cuya suma asciende a 1 mil 826 millones de pesos.
Reiteró que el trabajo de Caña Cadeza fue muy por debajo de los estándares de calidad y profesionalismo que ese órgano fiscalizador obligadamente debe tener.
En defensa de la Cuenta Pública del gobernador Ruiz intervino el diputado priista Rogelio Sánchez Cruz, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior del Estado.
Sin más, afirmó que hubo transparencia en el manejo de los recursos públicos y que la ASE sólo se limitó a hacer recomendaciones.
Y aún cuando admitió que la deuda general que heredará Ruiz Ortiz al gobernador electo, Gabino Cué Monteagudo, es de 1 mil 459.1 millones de pesos, el priista indicó que ésta “es manejable” y en relación con la pasada administración se mantuvo estable, a pesar de los vaivenes de la economía y otros problemas que afectaron al estado, al existir un desendeudamiento de 500 millones de pesos.
