OAXACA, OAX., noviembre 23.- Miembros del Comité de Familiares de Desaparecidos, Asesinados y Presos Políticos de Oaxaca (Cofadappo), pseudo integrantes de la Sección 22 del SNTE y el representante legal de la Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh-Oaxaca), Isaac Torres Carmona, se confrontaron este miércoles por el dinero que el Gobierno del Estado entregó para la “indemnización simbólica” de los agraviados en 2006.

La conferencia de prensa convocada en el auditorio del edificio de la Sección 22 del SNTE por el dirigente de la Cofadappo, Porfirio Domínguez Muñozcano, para dar a conocer su postura sobre el caso, fue reventada por Torres Carmona y finalmente terminó entre gritos y jaloneos.

Domínguez Muñozcano se deslindó de los recursos económicos que recibieron un grupo de agraviados, a través de la Limeddh, y denunció que 20 personas de los 60 afectados, quedaron fuera de este apoyo.

“La Cofadappo se deslinda públicamente de la indemnización simbólica que el Ejecutivo del Estado, de manera discrecional, entregó en el Juzgado de lo Familiar el 14 de noviembre a un pequeño grupo de personas del 2006, la cantidad de 160 mil pesos a cada uno”, dijo.

Asimismo, exigió al Gobierno del Estado una “disculpa pública” y el esclarecimiento de su informe, ya que la indemnización simbólica que otorgo “no fue a todas las víctimas y con este hecho se nos vuelve a excluir”.

Por la Limeddh intervino Jorge Luis Martínez, quien acusó a Porfirio Domínguez de actuar de manera irresponsable, ya que pretendía dar a conocer los nombres de las personas que recibieron el dinero del Gobierno estatal, y lo responsabilizó de cualquier cosa que pudiera pasarles, de formar particular o familiar a quienes integraran dicha lista.

Dijo también que Domínguez Muñozcano carece de autoridad moral para denunciar presuntas irregularidades, toda vez que en estos momentos mantiene demandado al Gobierno del Estado por tres millones de pesos, “y como no se los han dado, ahora manipula al grupo minoritario de compañeros y compañeras”.

Martínez argumentó que “hoy no podemos decir el monto total ni la cantidad que corresponde a cada persona, por la seguridad de cada una de ellas, y si Porfirio lo hace lo responsabilizamos de nuestra seguridad y la de nuestras familias”.

Desconoció a Domínguez como dirigente de la Cofadappo, pero negó que la Limeddh lo haya excluido de las indemnizaciones; por el contrario, su demanda de tres millones de pesos es particular.

Torres Carmona, abogado y representante de la Limeddh, argumentó por su parte que el proceso aún no ha terminado, pues el Gobierno del Estado debe continuar con los procesos de reparación del daño.

Además, indicó, tiene que reconocer la inocencia y las violaciones cometidas en contra de más de 400 personas que fueron agredidas, torturadas y encarcelas durante el conflicto sociopolítico del 2006-2007.

Insistió en que el Gobierno estatal reconozca a las 64 personas que decidieron encauzar sus demandas por las vías jurisdiccionales, y también se pronunció en contra de revelar los datos de las personas que recibieron dinero, “toda vez que eso pone en riesgo su integridad física”.

En opinión del abogado, “la gente tiene derecho a un pago como reparación del daño moral, que nada tiene que ver con pactar, ni impunidad, ni nada”.

Señaló que en su momento los abogados de la Limeddh que llevan el caso cobrarán un porcentaje al Gobierno del Estado por la asesoría legal en cada uno de los casos que acompañaron desde el año 2006 a la fecha.

Ante los cuestionamientos de los reporteros, el defensor de los derechos humanos cambió su discurso y señaló que el Gobierno del Estado es el que tiene que clarificar el dinero pagado y hacer pública la lista de las personas beneficiadas, aunque aclaró que eso sería violatorio de los derechos de las víctimas.

En medio de los gritos que inundaban el auditorio Jacobo Herrera Salazar de la Sección 22 del SNTE, alzó la voz Socorro Soriano, presa política del 2006, para señalar que “todos somos víctimas; pareciera que esto es lo que quería el Gobierno: dividir al movimiento, fragmentarlo y acabar con nuestras demandas”.

Luego aclaró que a pesar de haber sido presa política en el 2006, no les tocó ningún tipo de apoyo del dinero pagado por el gobierno de Gabino Cué Monteagudo.

La señora Soriano negó que haya sido convocada por la Limeddh, a pesar de que en múltiples ocasiones se acercó a esa instancia humanitaria para solicitar asesoramiento.

“Nosotros vamos por la justicia, no por el dinero”, aseguró entre gritos.