SAN RAYMUNDO JALPAN, Oaxaca, diciembre 9.- “El uso indiscriminado de la fuerza pública no es la vía ni el camino para resolver los conflictos sociales y políticos, (porque) en la medida en que interviene es porque en la política alguien no está haciendo su trabajo”, devolvió este viernes el secretario de Seguridad Pública (SSP) estatal, Marco Tulio López Escamilla, a los diputados del PRI, PAN, PRD, PT y MC.

Al comparecer ante la Comisión Permanente de Protección ciudadana y una parte del pleno cameral, en la glosa del primer informe del gobernador Gabino Cué, el funcionario reconoció que la policía tiene que replegarse para que la política sea la que resuelva los conflictos, pues “cuando la policía interviene quiere decir que la política está fallando”.

El encargado de la seguridad pública de la entidad fue generosamente cuestionado por legisladores del Movimiento Ciudadano (MC) y Partido del Trabajo (PT), pero recibió el reconocimiento de la mayoría de los diputados del PAN, PRD y MC.

Incluso, el diputado Flavio Sosa Villavivencio aceptó que la labor desempeñada por López Escamilla “ha sido profesional y eficiente”.

En lo que fue la tercera comparecencia de secretarios de Gobierno ante comisiones y una parte del pleno, López Escamilla insistió en que “la política no debe de interferir en la policía y la policía no debe de estar al servicio de un grupo político sino al servicio de Oaxaca”.

Rechazó que la policía que dirige sea un brazo de represión y ofreció que se replegarán cuantas veces que sea necesario para que los políticos demuestren que son los que tienen la capacidad de resolver los problemas sociales, políticos y agrarios de la entidad.

“Pero si la policía interviene quiere decir que la política está fallando”, insistió a los diputados de la Comisión de Seguridad Pública que preside el priista Francisco Martín Vela Gil.

Asimismo, convocó a los diferentes grupos y actores sociales a dejar las prácticas de protesta que se convierten en delitos.

“Todos tienen derecho a denunciar las injusticias o a manifestarse, pero eso no les da derecho a quemar patrullas, bloquear calles, perturbar la legalidad y los derechos de terceros”, advirtió el jefe policiaco desde la más alta tribuna del Estado.

Se dijo respetuoso de los derechos humanos y aclaró que no es la ley de las armas o de la policía la que debe imperar, sino la objetividad en el respeto a los derechos humanos para preservar la legalidad.

Aún cuando reconoció que persisten violaciones a las garantías individuales por parte de los cuerpos policiacos, refirió que éstas han disminuido sustancialmente, pues en el 2010 la Policía Estatal tenía 102 quejas ante Derechos Humanos y para este 2011 hay sólo 44 quejas.

“En la Policía Estatal ninguna mala conducta será tolerada y se sancionará con todo el peso de la ley”, prometió a los diputados y ofreció revisar la parte de operativos en los penales para despresurizarlos con pleno respeto a las garantías individuales.

Por eso el diputado Sosa Villavicencio, ex líder moral de la APPO, preso en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez por los presuntos delitos de sedición y ataques a las vías generales de comunicación durante el conflicto sociopolítico de 2006, que nunca le comprobaron, reconoció:

“Es honesto de mi parte reconocer que su labor al frente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ha sido una buena labor; debo reconocer su profesionalismo”, puntualizó el petista desde la tribuna.

Luego exigió que la policía no sea usada para dirimir los conflictos políticos y sociales, “o para sustituir la ineptitud de funcionarios que tienen a su cargo resolver conflictos políticos y sociales”.

Más severos en sus cuestionamientos fueron los diputados del PRI, como Marco Antonio Cuevas Hernández, quien citó ejemplos de violencia desbordada de la Policía Estatal, como en la Villa de Etla, cuando un grupo de habitantes pedían su incorporación al Ayuntamiento, así como las agresiones a dirigentes e integrantes del STAUO.

Para el priista, “la política está fallando porque tiene un gabinete que no cuenta con el perfil que pueda resolver los problemas que padecen los oaxaqueños”, y “este gobierno no es del cambio, sino todo lo contrario: es farsante, inexperto e improvisado”.

López Escamilla respondió que en materia de seguridad todos han fallado, debido a la falta de diálogo que hay entre diputados, políticos, partidos y sociedad en general.

Aseguró que jamás se ha utilizado la fuerza pública para reprimir y si se llegara a suscitar ofreció que tomará medidas para erradicar esta problemática, a fin de contar con los mejores elementos policiacos.

LA DELINCUENCIA HA ENTRADO A OAXACA

El titular de la SSP reconoció que pese a los operativos que se han implementado, “la delincuencia ha entrado al Estado de Oaxaca ante la pelea de plazas que diferentes grupos delictivos libran en la capital oaxaqueña”.

Aclaró que no sólo la entidad oaxaqueña padece esta situación, sino el país en su conjunto.

Admitió que Oaxaca ha sido alcanzada por la ola de violencia que se vive a nivel nacional, pero afirmó que las acciones emprendidas han evitado el deterioro y daño, que no es el mismo que en otros estados de la República Mexicana.

Sostuvo que los avances logrados a lo largo de un año han sido los correctos, pero aún son insuficientes.

Atribuyó esta situación a los bajos recursos para la depuración de las policías, así como a los bajos salarios que incentiven a los elementos de seguridad pública.

Aceptó también que las condiciones salariales colocan a los policías oaxaqueños en el cuarto lugar de los elementos peor pagada del país.

En cifras, refirió que durante este año se han realizado cuatro mil 170 evaluaciones de control de confianza, se han atendido 787 mil llamadas de auxilio y se han instalado 12 unidades de prevención del delito.

Aclaró también que no existe la posibilidad de sub ejercer recursos presupuestarios que para el 2011 fueron de 1 mil 181.7 millones de pesos.

Señaló que al cierre de este mes de noviembre sólo quedaron pendientes 205 millones de pesos, además del pago de salarios.

López Escamilla reconoció igualmente que fue elevado el costo en la compra de uniformes, pero aclaró que prefirió comprar los mejores uniformes del mundo, no imitaciones chinas como se hacía en el pasado, “para los mejores policías que son los oaxaqueños”.

APLICACIÓN SELECTIVA DE LA LEY

En una segunda ronda de intervenciones, el diputado Pavel López Gómez, ahora en la bancada del PT, criticó a López Escamilla porque aseguró que “el 87 por ciento de los oaxaqueños no confía en la Policía Estatal”, ya que la aplicación de la ley ha sido “selectiva”.

El Legislador entregó al funcionario un recuento de asaltos, robos, secuestros y “levantones” ocurridos a lo largo de este año que concluye.

“Ahí tenemos el caso de la Unión de Taxistas del Estado de Oaxaca, quienes bloquearon más de 24 calles de la ciudad y usted no aplicó la ley, a pesar de atentar contra la libertad de tránsito de los oaxaqueños.

“En contra parte, nuestros hermanos de los Chimalapas fueron reprimidos por las fuerzas policiacas cuando actuaban en defensa de nuestra propia tierra”.

Insistió en que “la aplicación de la ley es selectiva porque el 9 de noviembre, cuando los taxistas bloquearon 24 calles de la capital, la Policía Estatal estaba amedrentando a nuestros hermanos chimalapas; unos son tolerados y otros son reprimidos”, acusó.

En tanto, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Vela Gil, demandó capacitar a los funcionarios del gabinete del gobernador Gabino Cué Monteagudo “para inculcarles que el uso de la policía es el último paso a seguir, desde el Secretario General de Gobierno, hasta quienes tienen que ver con el tema político, porque desconocen totalmente lo que se tiene que hacer”.

PRESUPUESTO GENEROSO, PERO INSUFICIENTE

Otro tema abordado fue el del presupuesto contemplado en la Ley de Egresos 2012, el cual fue considerado por el Secretario de Seguridad Pública como “generoso, pero insuficiente, pues no permite un incremento a los salarios de los uniformados”.

El funcionario propuso un nuevo tabulador de salarios para la policía que implica un impacto presupuestal de 90 millones de pesos al mes, a fin de que los elementos de Seguridad Pública ganen 7 mil 400 pesos mensuales en una primera etapa e ir incrementando los sueldos poco a poco.

Acordaron que la propuesta será presentará ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su análisis y aprobación, en su caso.

Al respecto, el diputado Alejandro López Jarquín, del PRD, advirtió que el crimen organizado puede corromper a los elementos de tropa mal pagados.

Consideró que los uniformados realizan actividades inhumanas y es una lástima que el salario que devengan no les alcance para sostener a sus familias.

Y ofreció el compromiso del PRD para revisar el presupuesto de la SSP y destinar un mejor salario a los elementos de tropa, pero no a los mandos administrativos.

A este mismo pronunciamiento se sumó la diputada Marlene Aldeco Reyes Retana, del Partido Acción Nacional (PAN).