OAXACA, OAX., marzo 2.- El Congreso del Estado incluirá en la agenda legislativa de este año la discusión y el análisis de diversas propuestas relacionadas con la prevención de riesgos y protección de la actividad periodística, que serán enriquecidas con la invaluable opinión de los comunicadores, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo, Juan Mendoza Reyes.
El también coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) resaltó que uno de los reclamos más sentidos entre los informadores oaxaqueños es la desprotección que sufren en el ámbito de su integridad personal, laboral y profesional.
El diputado Mendoza Reyes participó la tarde de este jueves en el encuentro “Hacia una legislación en publicidad oficial para Oaxaca”, que se llevó a cabo en el Paraninfo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO).
Durante su intervención en el acto organizado por la Asociación Mexicana por el Derecho a la Información (Amedi), capítulo Oaxaca, y la Coordinación de Posgrado de esa Facultad que dirige José Antonio Álvarez, el legislador panista reconoció el empeño en la socialización de un tema cuya discusión fortalece la democracia.
Publicidad y comunicación institucional
En este sentido, dijo que es necesario conjuntar los esfuerzos sociales, de gobierno y la propia LXI Legislatura, para analizar, discutir y aprobar leyes en materia de publicidad y comunicación institucional, así como aspectos relacionados con la seguridad social, laboral, integridad física y todos los derechos de quienes ejercen el periodismo.
Y es que Mendoza Reyes es también presidente de la Comisión Especial de Atención a Periodistas de la LXI Legislatura.
Por eso participó en la mesa de trabajo denominada “El curso de las iniciativas de Ley, su necesaria integración y aprobación”, en la cual intervinieron Jorge Oropeza por el capítulo Oaxaca Amedi, y César Mendoza, catedrático del Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca (IESO).
El Legislador panista consideró de vital importancia analizar, discutir y aprobar leyes en materia de publicidad y comunicación institucional, porque los recursos públicos deben orientarse al desarrollo integral de la comunidad, la inversión productiva y la infraestructura que apuntale el crecimiento y bienestar de los pueblos.
Sostuvo que si se transparenta la asignación de fondos a empresas mediáticas, como debe de ocurrir con todo dinero destinado al gasto corriente y a las inversiones en obra, habrá condiciones de avanzar en la solución de los rezagos sociales.
Manifestó que comparte la idea de evitar que los contratos o acuerdos tendientes a que la publicidad y comunicación institucional sean utilizados por los gobernantes como un mecanismo de control hacia los medios, pues “no hay nada más pernicioso que eso”.
De igual forma, consideró que no es conveniente que la publicidad oficial se esgrima o pretexte para la promoción personal o para exaltar logros administrativos con fines políticos partidistas y, por ello, es legítima la aspiración ciudadana para que esto cambie.
Afirmó que en la Dirección de Comunicación Social del Congreso del Estado los recursos se manejan con total transparencia, y no están al servicio de un diputado o de un partido político.
Gremio periodístico acosado
Refirió que el gremio periodístico ha sido acosado en todo el orbe, incluido México, motivando su inclusión en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo Artículo 19 establece que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión”, e incluye el “no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Dijo que otras instancias de orden global o regional como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos promueven y vigilan el respeto a la libertad de expresión, además de impulsar a las naciones a implementar políticas preventivas y de protección a los periodistas.
Refirió que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 6 y 7, consagra el derecho a la libertad de expresión, “que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública”.
“En relación con este mandato constitucional, y como respuesta del Estado mexicano para generar una política preventiva que garantice el ejercicio de la libertad de expresión, en México se ha instrumentado un mecanismo de protección a periodistas y medios de comunicación”, indicó.
El diputado Mendoza Reyes se refirió igualmente al Convenio de Coordinación para la Implementación de acciones de Prevención y Protección a Periodistas, signado por las secretarías de Gobernación, Seguridad Pública, Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Por ello, consideró de suma importancia que en Oaxaca se cuente con una legislación específica en materia de prevención de riesgos y protección de la actividad periodística.
La publicidad oficial
En el encuentro, que tuvo como propósito estimular la discusión y aprobación de una ley en materia de publicidad oficial en la LXI Legislatura del Estado, los participantes abordaron lo relacionado con tres iniciativas de ley, dos de ellas propuestas por diputados locales y una de la Amedi Oaxaca, en diciembre de 2011, ante el Congreso del Estado.
La iniciativa de ley propuesta por la Amedi Oaxaca pretende transparentar la asignación de recursos públicos a empresas mediáticas por concepto de publicidad y evitar que ésta sea utilizada por los gobernantes en turno como herramienta de control hacia los medios.
El periodista Jorge Oropeza, por el capítulo Oaxaca Amedi, dijo una ley en la materia debe motivar a los medios de comunicación a hacer propuestas encaminadas a regular la propaganda oficial y que permita acceder a esta con criterios de equidad a recursos que el año pasado ascendieron a 164 millones de pesos.
“La asignación de esos recursos deben estar alejados de prácticas de amistad, caprichos y decisiones sin fundamento y una ley al respecto llenaría un vacío legislativo y beneficiaría a los tres Poderes de gobierno”, apuntó.
Señaló que el otorgamiento de dinero para propaganda oficial tendría que basarse en niveles de audiencia, así como tiraje e impacto regional de los medios impresos. “Se trata de hacer más equitativo el ejercicio para los medios de comunicación y evitar despilfarros”, añadió.
Por su parte, el catedrático César Mendoza mencionó que en la publicidad gubernamental “los afectados son quienes reciben la información y, por ello, se debe priorizar a los destinatarios de ésta”.
Dijo que la iniciativa de la Amedi muestra preocupación por la Corporación de Radio y Televisión (CORTV), que tiene la mayor cobertura en el territorio oaxaqueño, promueve una repartición de los tiempos en los medios públicos que asemeja a los tiempos oficiales que tiene el Gobierno federal o los que actualmente realiza el Instituto Federal Electoral (IFE).
“Reglamentar la Cortv en publicidad gubernamental es urgente, ya que hasta estos momentos el canal de televisión y radio pública sólo funciona como un canal oficial no del Estado, sino del gobernante en turno”, señaló.
En este tenor, consideró que todavía hace falta una iniciativa que proponga la reglamentación de los contenidos de la Cortv, que promueva la inclusión de la sociedad civil y que se apegue a principios democráticos, pero avanzar en el tipo de publicidad gubernamental ya es un logro de la iniciativa de la Amedi.
“Es importante que las iniciativas ciudadanas y las del poder legislativo salgan de sus círculos y lleguen a los círculos de otros grupos, que tengan la mayor publicidad para que la población las conozca, tener como cuestión normativa que todos los oaxaqueños deben saber de su existencia y a su vez las entiendan, hacen falta foros para debatir estas propuestas, pero sobre todo para que las presenten”, puntualizó.
Oaxaca y el Distrito Federal son las únicas entidades del país donde se han propuesto iniciativas de ley sobre publicidad oficial.
