CRÓNICAS DE LA ÍNSULA
En una entidad donde el desarrollo empresarial es el más bajo del país, donde las empresas capaces de crear numerosas fuentes de empleo se cuentan con los dedos de una mano, lo menos que podría esperarse sería una política pública de todos los niveles de gobierno que no sólo incentivara de verdad la creación de empresas sino, además, las protegiera en estos tiempos de mafias y violencia.
Mientras los gobernantes van al Istmo de Tehuantepec para festejar la próxima instalación del “Parque eólico más grande de América Latina”, las empresas y comercios de oaxaqueños, restaurantes, madereras y otros son asolados por delincuentes de toda laya. Destacan los que se amparan bajo la autoridad municipal.
El 18 de este mes un exagerado contingente de policías municipales de Santa Lucía del Camino arribó violentamente a la empresa oaxaqueña “La Asunción” para clausurarla.
Es argumento es que no pagaba los impuestos municipales. Sin embargo, no exhibieron ningún documento que amparara dicha clausura. Ningún acta, ninguna orden oficial.
Colocaron grandes sellos y como los empleados de la empresa exigieran una orden de clausura, tres de ellos fueron violentamente subidos a las patrullas y recluidos en la cárcel municipal.
Para abrir boca sobre los abusos y el comportamiento arbitrario de esta autoridad municipal, exigían casi como rescate 6 mil 500 pesos por cada empleado detenido.
El claro que no se trataba de una multa municipal normal, pues ésta se tasa por el monto de un salario mínimo.
El motivo de la andanada violenta del edil de Santa Lucía, Galdino Huerta —priista acusado casi a diario de abusos, incumplimientos y corrupción— es el cobro anual de la llamada continuación de operaciones de las empresas. Un viejo impuesto municipal que nadie se niega a cubrir, que no genera conflicto en otras partes. Entonces, ¿por qué si lo genera en Santa Lucía del Camino? Veamos.
Dicho impuesto para negocios grandes anda por el orden de los 23 mil pesos en la ciudad de Oaxaca. En otros municipios conurbado no rebasa esa cantidad, no así en Santa Lucía donde se eleva al mil por ciento, cuando menos. Sufren esa exacción quienes tienen sus empresas instaladas en esa municipalidad, pero pocos quieren enfrentar a esa mafiosa autoridad local.
El costo de hacer frente a esas arbitrariedades es recibir una represión irracional proveniente de una autoridad que no se inscribe dentro del marco del estado de derecho, sino se maneja a su antojo, fuera de la ley. Una autoridad fuera de ese marco, que usa a su policía violentamente, ¿en qué se diferencia de los grupos delincuenciales? En nada.
Esa violencia es la que hoy vive “La Asunción” por no desembolsar alrededor de medio millón de pesos por continuación de operaciones. Como dijo el gerente de la empresa a los medios de comunicación el día de la ilegal clausura —donde, por cierto, también fueron hostigados los periodistas que cubrían el hecho— no se negaban a pagar impuestos, se negaban a caer en esto que parecía más una extorsión. Agresión inicua a una de las pocas empresas oaxaqueñas que provee de empleos locales y crece hacia otros estados (Puebla, Chiapas) atrayendo recursos a Oaxaca.
El contrato social, que definió hace mucho Juan Jacobo Rosseau, debería servir para que la autoridad recibiera el poder de los ciudadanos y lo usara para beneficio de éstos; el viejo concepto supone que el grueso de los ciudadanos depositan en unos cuantos todo el poder colectivo, así como contribuciones para que el investido de autoridad provea de orden y paz social.
Lo que vemos en ese de por sí anárquico municipio de Santa Lucía del Camino es que ni siquiera el primigenio concepto de contrato social se cumple, menos el Estado de derecho que garantice, por un lado, el desarrollo civilizado de una democracia y, por otro, el crecimiento de empresas e industrias que llevaran a un desarrollo económico posterior, con empleos y algún bienestar. Esta carencia es lo que alimenta día con día la numerosa emigración de oaxaqueños.
Los muy extraño de todo esto es que mientras se festeja ruidosamente la llegada de empresa extranjeras buscando que tengan buenas condiciones para su instalación en el Istmo, aquí, en el Valle de Oaxaca, ninguna autoridad voltea hacia Santa Lucía del Camino, ni por el escándalo de la violenta clausura que lleva 10 días, con esa fuente de empleo de un centenar de personas cerrada; ni por el muy visible corredor de cantinas y burdeles —aludidos con el eufemismo de giros negros— ubicadas incluso en inmediaciones de la escuela CBETIS.
Ya una jueza otorgó la suspensión provisional de la clausura para que sean retirados esos sellos de la empresa; sin embargo, la autoridad municipal hace tortuosa la recepción de dicha orden.
Estamos ante un contrasentido que daña la vida social de la entidad: un ayuntamiento que bien puede llamarse el Cartel Municipal de Santa Lucía del Camino, que cierra una empresa con más de 30 años de trabajo en Oaxaca, pero abre un vasto corredor del vicio de todo tipo, cantinas y burdeles cuyas puertas están abiertas toda la noche sobre Camino Nacional y otras calles. Prohíbe lo legal y productivo, y estimula lo ilícito y pernicioso.
