El sismo sociopolítico que significó la Revolución de 1910 encuentra en Oaxaca una nueva réplica 100 años después –toda proporción guardada–. Recordemos que hace un siglo, el movimiento revolucionario fue provocado, entre otros factores, por la lucha contra la reelección de Porfirio Díaz, mientras que en nuestro terruño se libra actualmente una lucha política y electoral contra un cacicazgo gubernamental encubierto por un partido de Estado.
La referencia no es exagerada si consideramos que en Oaxaca se acumularon los rezagos sociales y económicos del viejo régimen, y que en la pobreza abundante se anidaron y desarrollaron prácticas facciosas y patrimoniales de las élites gubernamentales.
Por lo tanto, tenemos como consecuencia que el desenlace de la coyuntura electoral que se vive, y la posibilidad de un cambio, no son asuntos locales, sino que se encuentran como parte de las deudas del proceso de democratización nacional.
Se ha dicho con frecuencia que México es un país de contrastes y de diferentes velocidades entre sus regiones, ya que al mismo tiempo que atestiguamos innovaciones y cambios institucionales en algunas entidades, también podemos observar la persistencia de antiguas prácticas de distorsión institucional y de control político de la mayor parte de la población, en estados como el nuestro.
Desafortunadamente, aquí se reproduce una forma patrimonial, que observa el gobierno y la función pública como botín personal para familiares, compadres y amigos subordinados del jefe en turno.
Cabe señalar que dentro de una estructura vertical, las relaciones de amistad no son horizontales, sino que están cimentadas en favores y concesiones que se cobran en los momentos electorales.
Esta situación ha llevado a algunos analistas a plantear que en Oaxaca siguen vigentes algunos términos que han caído en desuso en el nivel federal, tales como sistema de partido hegemónico, carro completo, partido de gobierno, dedazo, caciquismo, autoritarismo y sobre todo elección de Estado, “que Oaxaca es refractario al cambio, una isla intocada por la democracia”, “los excesos del gobernador no tienen límite”, “el autoritarismo oaxaqueño es una de las vergüenzas nacionales” (Casar, Reforma: 15/06/10).
Se insiste en que el modelo político y electoral que prevalece en Oaxaca mantiene viejas prácticas de control, en donde “La debilidad y el control sobre las instituciones estatales que, supuestamente, garantizan la democracia representativa (organismos de derechos humanos, de transparencia y de elecciones) en el caso de Oaxaca se dan al extremo. En ese estado se da literalmente un viaje al pasado” (Aziz, El Universal: 15/06/10).
Y sobre la persistencia de condiciones de violencia y vacío institucional en tiempos políticos, como ocurre en San Juan Copala, “los funcionarios públicos combinan el uso faccioso de la ley, la violación de derechos humanos, la designación arbitraria de “representantes” a modo, el “monopolio legítimo” de la fuerza y la violencia ilegal para doblegar a los sectores populares inconformes” (Hernández, La Jornada, 15/06/10).
La continuidad de lo mismo sería una mala manera de recordar a nuestros antepasados independentistas y revolucionarios en las conmemoraciones del Bicentenario; tanto como mandarles el mensaje de que hay regiones en el país que se parecen mucho a lo que dejaron.
Que incluso en versión nacional, el paisaje de grupos de poder se asemeja cada vez más a la confederación de caciques que conformaron al Partido Nacional Revolucionario (PNR), el abuelo del PRI, en los años treinta del siglo pasado.
Aunque quizá habría que matizar; el cacicazgo contemporáneo es un poco más sofisticado, ahora se ha vestido de gubernaturas y burocracias modernas pero sus prácticas son las mismas, personalistas y facciosas, en algunas entidades más que en otras.
Y es que desde esta pléyade de nuevos jefes con viejas costumbres surgen las iniciativas para la reestructuración o el regreso de un presidencialismo recargado y la reedición del partido de Estado con miras al 2012.
El reposicionamiento caciquil que se cocina en Oaxaca no tiene que ver con visiones modernas del federalismo y la descentralización, sino con la refuncionalización de las prácticas más antiguas, como el agandalle, la falta de transparencia y el abuso del poder.
Para ello pretenden abrevar del bastión autoritario oaxaqueño que les permita exportar los modos magistrales del acarreo, la coacción y la desestabilización, para dirigir de manera “moderna”, todo el país.
(*) Investigador del IISUABJO.
