Incluido entre los presidentes municipales emanados del PRI más corruptos del estado, el de Santa Lucía del Camino, Alejandro Díaz Hernández, fue suspendido provisionalmente de su cargo por el Congreso del Estado.

La decisión del Poder Legislativo, que se hará efectiva la semana próxima, incluye también al síndico procurador, Fortunato Mancera Martínez, y al regidor de Seguridad, Catarino Castillo Santiago, sobre quienes, además, pesan respectivas órdenes de aprensión por presuntos actos de corrupción.

Con esta acción, el diputado presidente del Congreso del Estado, Herminio Cuevas Chávez, rechazó los señalamientos de los opositores al Edil en el sentido de que “el Poder Legislativo entorpece el procedimiento de revocación de mandato al munícipe de Santa Lucía del Camino”.

Para la suspensión del mandato del Acalde, Síndico y Regidor de Seguridad, el también coordinador de la fracción parlamentaria del PRI dijo que el Poder Legislativo se apega a la resolución del Juzgado, “porque hay una liberación de orden de aprensión”.

Puntualizó: “No hay protección. Estamos apegados a lo que establece la ley y creo que el lunes o martes (de la próxima semana, en sesión extraordinaria) estaremos suspendiendo provisionalmente al presidente y a los dos concejales que se les ha liberado orden de aprehensión”.

Por otra parte, el diputado Cuevas Chávez lamentó los hechos de violencia en los que perdió la vida el agente municipal constitucional de San Juan Copala, Anastacio Juárez Hernández, en la zona triqui del estado.

Confió en los esfuerzos que realiza la Secretaría General de Gobierno y la Procuraduría General de Justicia para frenar la violencia entre los dirigentes de las organizaciones del MULT, MULTI y Ubisort.

Pidió a las partes en conflicto buscar el diálogo para encontrar un acuerdo de paz duradero, y reconoció que la Comisión Especial para la Atención de la Zona Triqui, que se constituyó en el Congreso del Estado, “no ha funcionado y por ello se replanteará nuevamente su función”.

Protesta contra Alejandro Díaz

En la víspera (jueves último), habitantes de Santa Lucía del Camino protestaron en la sede del Congreso del Estado, en el municipio de San Raymundo Jalpan, para exigir la revocación del mandato del Edil de esa población, Alejandro Díaz, así como auditorías a su gestión.

Para presionar a los diputados, los inconformes encabezados por el regidor de Comercio, José Santiago Velasco, se manifestaron en el recinto legislativo durante la sesión del jueves último.

En la Comisión de Gobernación hay ocho solicitudes de revocación de mandato y cuatro peticiones de auditoría ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) contra Díaz Hernández.

“Pero hasta este momento, ni la Comisión de Gobernación, ni la Auditoría Superior que preside la ex procuradora de Justicia, Rosa Lizbeth Caña Cadeza, han dado el cauce constitucional”, acusaron los inconformes, quienes apoyados con pancartas arremetieron contra el presidente de la Comisión de Gobernación, el priista Javier Mendoza Aroche, a quien acusaron de “encubrimiento”.

A la Auditora también la acusó de encubrir al Edil de Santa Lucia del Camino. Y es que tanto Mendoza Aroche como Caña Cadeza habrían recibido de Díaz Hernández 1 millón y 2 millones de pesos, respectivamente, por no auditarlo ni enjuiciarlo.

No obstante, los opositores manifestaron que agotarán todas las instancias legales hasta lograr la destitución del Munícipe de extracción priista.

Santiago Velasco recordó que en 2009 solicitó ante el Congreso del Estado la destitución del Edil; luego el requerimiento se volvió a enviar a la Gran Comisión y el 5 de abril pasado de nueva cuenta a la Comisión Gobernación, junto con una solicitud de auditoría ante la ASE.

El 1 de julio pasado presentaron otro escrito de solicitud de revocación de mandato por desacato a una sentencia del Tribunal Estatal Electoral (TEE) y de una sentencia de inejecución del 18 de junio último.

“Pero a pesar de todas las pruebas y las múltiples solitudes no hay respuesta; todo se turna a comisiones y se congela”, denunció al tiempo de reprochar que ni con el auto de formal prisión que pesa sobre el Edil, por abuso de autoridad contra una ex trabajadora, Mendoza Aroche actúa en consecuencia.