El coordinador de los diputados locales del Partido Convergencia (PC), Benjamín Robles Montoya, anunció este jueves que las fuerzas políticas de oposición al PRI acudirán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a interponer un recurso de anticonstitucionalidad para echar abajo la absolución del gobernador Ulises Ruiz de su responsabilidad en el conflicto sociopolítico del 2006 y 2007.

Esta es la primera respuesta al dictamen de la Comisión Instructora de la sexagésima Legislatura del Estado, que determinó que no ha lugar a sanción alguna en contra del titular del Poder Ejecutivo estatal por “no haber encontrando responsabilidad alguna atribuible a éste, ni por acción, ni por omisión, ni directa, ni indirecta”.

El legislador convergente acusó a los 25 diputados del PRI de contravenir la determinación de la SCJN, que responsabilizó al Gobernador de violaciones graves a las garantías individuales durante el conflicto sociopolítico del 14 de junio de 2006 al 14 de junio de 2007.

En opinión de Robles Montoya, el dictamen de la Comisión Instructora, integrada mayoritariamente por priistas, está plagado de irregularidades, las cuales generan una responsabilidad jurídica por no haber respetado los plazos tanto de notificación como de investigación.

Opinó que un procedimiento apegado a la normatividad daría paso a la paz de los oaxaqueños que aún se sienten lastimados por los acontecimientos del 2006 y 2007.

Sostuvo, asimismo, que el proyecto de dictamen propuesto por diputado local del Partido Nueva Alianza (Panal), Cristóbal Carmona Morales, carece de legalidad, viola toda lógica jurídica, en virtud de que está por encima de la resolución de la SCJN.

Insistió en que la determinación de los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) tendrá que ser discutida en el máximo tribunal de justicia del país.

“Esta farsa montada por los tres diputados del PRI en la Comisión Instructora la vamos a impugnar; ya nos hemos puesto de acuerdo los diputados; vamos por un recurso de anticonstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia”, adelantó.

El también secretario técnico de la oficina de transición del gobernador electo, Gabino Cué Monteagudo, consideró que a Ruiz Ortiz se le debe establecer un juicio justo, no un juicio a modo que lo exonere y contravenga al máximo tribunal del país.

Recordó que la SCJN lo determinó culpable de los hechos violentos del 2006 y parte del 2007 y, por tanto, la Comisión Instructora debió sancionarlo con una amonestación pública o inhabilitación.

Sostuvo que la absolución llamará la atención de los ministros de la Suprema Corte, cuando se enteren que su resolución sobre el caso Oaxaca “los priistas se la pasaron por el arco del triunfo”.