Los medios de comunicación, locales y nacionales, adelantaron en su edición de este 12 de agosto de 2012 la acción evidente de los 25 diputados priistas en el Congreso del Estado de Oaxaca:

La exoneración de su jefe político, el gobernador Ulises Ruiz Ortiz, por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto sociopolítico del 2006 y 2007.

Horas más tarde, en el recinto parlamentario de San Raymundo Jalpan, los legisladores priistas concretaban la crónica de una absolución anunciada.

Y a cambio, los representantes populares del PAN, PRD y Convergencia, así como del Comité de Familiares de Desaparecidos, Asesinados y Presos Políticos de Oaxaca (Cofadappo), asentaban el enjuiciamiento al diputado del Partido Nueva Alianza y ex priista, Cristóbal Carmona Morales, quien fue por el juicio político y salió juzgado.

La demora de Doña Tere Alcalá, la directora de apoyo legislativo, retrasaba más de media hora el inicio de lo que fue la última sesión ordinaria de la actual Legislatura.

El dictamen de la Comisión Instructora circulaba desde muy temprana hora en manos de los reporteros. No había asombro en el desenlace.

El salón de sesiones era un hormiguero. En el hervidero: diputados, integrantes de la Cofadappo, reporteros, “orejas” y todo el equipo de Comunicación Social de Gobierno del Estado.

Estoica, la diputada panista, Perla Woolrich Fernández, demandó desde la tribuna el regreso del dictamen a la Comisión por la serie de irregularidades cometidas por la Comisión Instructora.

Sus ojos se volcaron virulentos sobre el promovente del “juicio político” y lanzó directo: “al Diputado lo conozco desde hace tiempo y siempre ha merecido mi desprecio. Esto es un cochinero, no puedo referirme de otra manera porque hay diputados de oposición que dieron su aval a cambio de unos buenos pesos”.

Un estruendo de aplausos rubricó la declaración tomada como verdad.

Carmona Morales, quien para su suerte estaba de bruces al atril y alumbrado directamente por los reflectores del salón, los flash y las cámaras de televisión, se acicaló el pelo y agachó la mirada, esperando los demás porrazos.

Entre el público, Porfirio Domínguez Muñozcano y Florina Jiménez Lucas, el primero golpeado y encarcelado de forma arbitraria durante el 2006, y la segunda viuda del profesor José Jiménez Colmenares, asesinado en 2006, levantaron las primeras pancartas:

“¡Exigimos justicia para los asesinados y presos políticos de Oaxaca!”.

Afuera, en los accesos a la Cámara de Diputados se arremolinaban por puñitos gente de Etla, San Agustín de las Juntas, San Antonio de la Cal, Unidad Ricardo Flores Magón, El Retiro, acarreados por priistas para “blindar” el recinto parlamentario.

“¡Si este es su gobierno, en esta Legislatura se le tiene que enjuiciar!”, lanzaba una mujer de figura robusta y lenguaje chapucero que dirigía la manifestación.

Ajenos a esta protesta se mantenían los 250 habitantes de Zapotitlán del Río que por segundo día consecutivo se manifestaban en rechazo al cambio de poderes a San Mateo Yucutindó.

Del otro lado de los barrotes de acero permanecían vigilantes elementos de seguridad vestidos de civiles.

Mientras, el juicio contra el promovente continuaba adentro del salón de sesiones.

El dedo del coordinador de los diputados convergentes, Benjamín Robles Montoya, se alzó instigador desde la tribuna en contra de Carmona Morales y con furia caló con un par de calificativos y recriminaciones.

“No nos prestaremos al circo, iremos hasta sus últimas consecuencias”, pregonó el convergente y pidió a los afectados por el conflicto del 2006 seguir luchando porque, aseguró, “habrá justicia”.

Entre sombrerazos y reclamos, el presidente de la Comisión Instructora, el priista Etelberto Gómez Fuentes, se dirigió a la tribuna para justificar el dictamen.

Sin sorna asentó directo: “La Comisión Instructora no encontró en el dictamen de la facultad de investigación 1/2007 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ningún dato que arroje culpabilidad en contra de Ulises Ruiz Ortiz.

“El gobernador del estado, Ulises Ruiz Ortiz, no es responsable por acciones u omisiones”, recalcó en tres ocasiones de frente a Porfirio Domínguez Muñozcano y Florina Jiménez Lucas, quienes se instalaron detrás de la bancada priista con pancartas en alto durante las dos horas y media que duró la discusión sobre el tema.

Al término de la intervención, subió el promovente del “juicio político”.

Porfirio Domínguez Muñozcano aguantó el cólera. Florina Jiménez Lucas, primero, entre susurros entrecortados y después crispada, increpó al ex priista:

“¡Cuánto te pagaron!”

Alguna voz se levantó pidiendo respeto para la viuda. ¿Y no hay respeto para nosotros, no hay respeto para nuestros muertos?, cuestionó y sus labios quedaron sellados con impotencia.

“¡Ladrón, corrupto, pelele!”, siguió la ola de insultos desde el respetable en contra de Carmona Morales, quien apresuraba la lectura de su posicionamiento.

“Esto no es una farsa, es un deber ineludible llevar a juicio político a quien haya violentado la ley”, se desgarró el también expulsado del Partido Nueva alianza, y pidió “dignidad” (sic) a los diputados priistas para enjuiciar al “represor” (sic), palabra que expulsó entre la temblorina de su boca.

Risas aisladas, insultos lanzados con furia y rabietas de impotencia se mezclaron en el salón cuando el legislador se asumió como una persona con “dignidad” y con el “deber moral” de exigir, como ciudadano, el desafuero del mandatario estatal, Ulises Ruiz Ortiz.

Y fue más allá al pedir a los diputados del PRI “no ser reticentes y castigar al represor” (re sic).

El desfile continuó. A la tribuna subió el perredista Wilfredo Vázquez López, le siguió el convergente Gustavo Velásquez Lavariega, quien en ocasiones cruciales votó a tono con el PRI. Subió también el convergente y ex líder de la APPO, Zenén Bravo Castellanos.

En defensa del dictamen usó la tribuna Jaime Aranda Castillo, priista que redujo el alcance del dictamen del juicio político.

Las intervenciones continuaron con Jesús Romero López (PRD), Dagoberto Carreño Gopar (PAN), también con rechazo al dictamen y enjuiciamiento a Carmona Morales.

La discusión, que había caído en lo tedioso, revivió con la intervención del priista Antonio Amaro Cancino, quien tras calificar como equivocada la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno al caso Oaxaca 2006, se lanzó en contra de quienes en su momento avalaron la intervención de la PFP y hoy se desgarran las vestiduras.

“Si hay que hablar de sentencia, hay que hablar de fondo, porque ‘El Libretón’, yo con respeto me dirijo a él como Carlos Moreno Alcántara, avaló la entrada de la PFP”, lanzó mostrando el acta de sesión del primer periodo extraordinario de sesiones de la 59 legislatura, en donde el hoy dirigente panista pidió la entrada de las fuerzas federales a Oaxaca.

También lo hizo el entonces diputado perredista Lenin López Nelio, quien a tono con las traiciones, deslealtades y golpes bajos, perdió las elecciones para presidente municipal de su natal Juchitán el 4 de julio pasado.

El controvertido Amaro Cancino añadió que el enjuiciamiento que exigieron los diputados del PAN, PRD y Convergencia no es más que una estrategia para alcanzar el poder por el poder.

“¿Y si no fue estrategia, qué hace Flavio Sosa en la siguiente legislatura en una coalición entre PAN, PRD, PT y Convergencia, cuando fue el PAN quien pidió la intervención de la PFP?”, cuestionó.

De regreso, el diputado panista Alfredo Ahuja Pérez exhibió que la entonces procuradora de Justicia del Estado, Rosa Lizbeth Caña Cadeza, afirmó que al enterarse de los excesos cometidos por los mandos policiales, los llamó a cuentas y se deslindó de su actuación.

De igual forma, dijo que como delegado de la Secretaría de Economía federal fue testigo cómo la Federación canalizó recursos para los comerciantes que resultaron afectados por el movimiento social de aquel año, pero que sin embargo fue usado por Ulises Ruiz para “premiar” a aquellos empresarios que lo defendieron durante ese tiempo.

El dictamen finalmente exoneró a Ruiz Ortiz con la votación a favor de los 25 diputados priistas y el rechazo de 11 legisladores (tres del PAN, con la ausencia de Gerardo García Henestrosa por licencia; 4 del PRD con la ausencia de Francisca Pineda Vera y Félix Serrano Toledo; los tres votos de Convergencia, uno del PSD y sin el apoyo del diputado comparsa del PRI, el petista Juan Bautista Olivera Guadalupe).

Y quien había solicitado el “juicio político”, Carmona Morales, también votó en contra del dictamen de los priistas, aunque nadie le creyó.