La coyuntura de la alternancia en el gobierno estatal y la renovación del congreso con una composición más plural, podría abrir nuevos caminos para las elecciones de autoridades municipales por el sistema de usos y costumbres y desarticular la influencia e intromisión de la maquinaria electoral del PRI-gobierno, que incidió en esos procesos durante el largo ciclo del régimen autoritario.
Si bien los municipios que se rigen por el sistema de Usos y Costumbres no permiten formalmente que los partidos políticos intervengan en sus elecciones y formas de gobierno, en los hechos se ha venido registrando la intromisión de la vieja maquinaria de control político y electoral que generó un sinnúmero de conflictos producto de las imposiciones centralizadas y las demandas de autonomía de los pueblos indígenas, las cuales en muchas ocasiones derivaron en situaciones de violencia prolongada que aún persisten.
La intromisión se daba a tal grado que en las elecciones estatales y federales, las regiones indígenas se consideraban como espacios de control, en donde la burocracia del gobierno y del partido podía maniobrar para cultivar y obtener importantes cosechas del identificado “voto verde”.
Ello ha ocurrido a través del clientelismo y la coacción promovidos por las delegaciones de gobierno y la Confederación Nacional Campesina (CNC), autoerigida desde hace varias décadas como liga de comunidades agrarias; dichas instancias cobijaron la formación de cacicazgos de todo tipo y grupos de choque que aún continúan operando en varias localidades indígenas bajo la denominación de diferentes membretes.
Como se muestra en diversas investigaciones en la materia, el viejo régimen inhibió la participación ciudadana en municipios de usos y costumbres, sobre todo en aquellos con mayor población indígena; estas investigaciones registran, entre otros datos, que el elevado abstencionismo en las elecciones estatales y federales benefició al sistema de partido único, además de que los escasos votos que se contaban eran a favor del PRI (Benton, 2009; Eisenstadt, 2007; Recondo, 2007).
En esas condiciones de control político, las reformas legislativas que en su momento fueron proclamadas como medidas progresistas, quedaron atrapadas en el ejercicio faccioso de poder del gobierno y su partido.
Me refiero al reconocimiento del sistema normativo indígena en la renovación de autoridades en municipios de usos y costumbres, emprendido en 1995, y a la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca publicada en 1998, que intentó recuperar los Acuerdos de San Andrés Larráinzar.
En los hechos, tales medidas fueron utilizadas como estrategias para preservar al régimen priista ante el incremento de las preferencias hacia los partidos opositores, para reducir las tensiones en comunidades indígenas y mitigar la inestabilidad política, en el contexto de ascenso del movimiento indígena de la década de los noventa y el descontento ante la crisis económica acentuada durante esos años.
Por ello, una transformación de fondo para los pueblos indígenas debe ir más allá de contemplaciones folclóricas y de buenas intenciones; tendría que considerar mecanismos para revertir la agresión permanente, la discriminación, el sometimiento, la exclusión y el progresivo empobrecimiento al que han estado sujetos los pueblos indígenas de manera histórica.
Estas condiciones de desventaja han limitado sus procesos de autonomía y autogobierno, y han obstruido sus posibilidades de desarrollo.
Es importante desmantelar las condiciones de abuso y explotación que han sido escondidos en políticas gubernamentales, en el manejo arbitrario de recursos públicos, en la manipulación de la representación, en el aliento a la formación de cacicazgos y en el divisionismo de los municipios y comunidades para mantener el control político de las zonas rurales.
Los resultados electorales del pasado 4 de julio constituyen un eslabón para modificar ese escenario. La operación PRI- gobierno y su efecto de arrastre utilizado en el pasado, ya no da para la intrusión de los operadores de la desvencijada maquinaria en las elecciones de los municipios que se organizan por el régimen consuetudinario.
La coyuntura muestra una oportunidad para que los pueblos indígenas insistan en su propósito de construir nuevos y mejores gobiernos, con una agenda que podría retomar el fortalecimiento de la educación intercultural, el rescate de las lenguas originarias, el funcionamiento adecuado de sus asambleas, la recuperación de perspectivas de sustentabilidad, la defensa de sus territorios y recursos naturales, así como de diversas expresiones de solidaridad local y regional.
Asimismo, para rebasar los aislamientos y divisionismos provocados por la organización vertical y excluyente del viejo régimen, es necesaria la promoción de los medios de comunicación indígena y el respeto a las radios comunitarias, como espacios para el dialogo entre pueblos, en donde se difundan sus problemas y se intercambien experiencias, como medios que procuren soluciones de manera colectiva y construyan alternativas con horizontes más amplios.
Una política de comunicación entre pueblos debe dejar atrás el aislamiento y el divisionismo emprendidos a conveniencia de gobernantes que centralizaban la toma de decisiones y preferían colocar a una cadena de intermediarios, burócratas y caciques, en su relación con los pueblos indígenas en lugar de procurar vínculos directos.
No se trata de inventar sino de recuperar las propuestas realizadas en los diversos encuentros civiles, entre los que destaca el Foro de Pueblos Indígenas realizado en noviembre del 2006, cuando hicieron un llamado para convertir el conflicto político en una oportunidad, “para apostar a todo lo que articule, todo lo que construya desde abajo”.
En su declaración de ese año apuntaron “Oaxaca ya cambió. No puede volver a la situación anterior”.
(*) Investigador del IISUABJO.
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