Desde el Congreso acusan a Rosado de delincuente y al Gobierno de encubrirlo


SAN RAYMUNDO JALPAN, Oaxaca, julio 20.- Dos ciudadanos llegados del Istmo de Tehuantepec burlaron la vigilancia este miércoles y desde la tribuna del Congreso del Estado desplegaron mantas y emitieron su protesta. 

“Alto a la protección política y al tráfico de influencias; prisión y cárcel para Roberto López Rosado…”, denunciaron y exigieron, previo al inicio de la sesión ordinaria.

Sorprendida, la presidenta de la Mesa Directiva, Eufrosina Cruz Mendoza, dejó que los istmeños leyeran el documento de protesta contra del actual Subprocurador para la Defensa del Indígena del Gobierno del Estado y dirigente de una de las tribus del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Los inconformes exigen el cumplimiento de las órdenes de recomendación de derechos humanos contra actos del Procurador General de Justicia y mandos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), por inejecución de la orden de comparecencia girada contra Roberto López Rosado y otros integrantes de su organización, la Coordinadora Democrática de Pueblos (CDP), acusados del delito de despojo.

Con una manta de protesta desplegada, los dos ciudadanos istmeños acusaron que el Gobierno del Estado “está evitando el cumplimiento de las órdenes de aprehensión giradas contra López Rosado, funcionario de la Procuraduría para la Defensa del Indígena (Prodi)”.

Omar Luis y Manuela Gómez Rosado recordaron que los hechos denunciados ocurrieron en agosto de 2008 en la ciudad de Juchitán de Zaragoza.

Explicaron que hasta la fecha no se ha cumplido la recomendación 13/2011, de fecha 30 de junio del presente año, formulada por la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Oaxaca, al Procurador de Justicia y al gobernador Gabino Cué por no haberse presentado Roberto López Rosado, dirigente de la Coordinadora Democrática de Pueblos (CDP), y actual Subprocurador para la Defensa del Indígena y Grupos Vulnerables.

Entre los involucrados en el caso, señalaron también al ex regidor de Salud del municipio de Juchitán, Juan Valdivieso Luis, y al sentenciado Vidal Gabriel Jiménez Gutiérrez, presuntos responsables todos de la comisión del delito de despojo con violencia cometido en perjuicio patrimonial de Manuela Gómez Rosado.

Una comisión de Diputados, integrada por los coordinadores de las fracciones parlamentarias, atendieron a los afectados, quienes habían anunciado el inicio de una huelga de hambre, “para exigir la aprehensión y destitución del delincuente prófugo de la justicia, Roberto López Rosado, y una solución digna y justa para una anciana que ha sufrido un atropello por parte del Estado”.

Omar y Manuela insistieron en que hay “colusión de funcionarios públicos y protección jurídico-política del Gobierno estatal para evitar el cumplimiento de las órdenes de aprehensión giradas contra López Rosado, ex presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, y coacusados”.