El anuncio de Felipe Calderón del Programa de Financiamiento a la Educación Superior, que consiste en un plan de becas- crédito para educación superior privada con un monto superior a los dos mil 500 millones de pesos, en donde involucra a Nacional Financiera y a la banca privada, obliga a repensar en las definiciones que se habrán de dar en 2012.
¿Qué país queremos? ¿Qué tipo de educación superior necesitamos? ¿De qué manera se resentirá en Oaxaca el mencionado plan de Calderón?
En la presentación del plan, Calderón dijo que “se beneficiará a los alumnos que más lo necesitan”, y que “se avanza en la equidad”; aunque su programa implica que fluirán recursos para capitalizar aún más a la educación superior privada, a partir de hipotecas a 15 años y medio y una tasa de interés fija del 10 por ciento; mientras por otra parte, persistirá el desmantelamiento de la educación pública, restricciones a la ampliación de la matrícula y el aumento de las corrientes de jóvenes rechazados de su cobertura.
No hay que olvidar que los rechazados de las universidades públicas son los hijos de los asalariados que aún quedan, de los campesinos que abundan en entidades como Oaxaca, de los indígenas, de los hijos de las trabajadoras domésticas.
“Los que más lo necesitan” son los jóvenes pobres del campo y de las ciudades, de todos aquellos que sobreviven de la principal contribución de los cuatro últimos sexenios, del aumento de la economía informal y de un número creciente de jóvenes excluidos del estudio y del trabajo formal.
Además, habría que agregar los desequilibrios en la inversión pública, muestran sus peores efectos en el sureste mexicano y de manera particular en entidades como Oaxaca.
Un principio esencial de la educación superior pública debería ser la justicia social de carácter distributivo, no en términos discursivos, sino asociado a un presupuesto más equilibrado y a un ejercicio más racional para la ampliación de la cobertura, ya que a pesar de diversas recomendaciones realizadas por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Oaxaca se encuentra entre las entidades en donde menos del 25 por ciento de los jóvenes entre 18 y 23 años de edad tienen oportunidad de acceder a la educación superior.
De manera particular, la universidad de mayor cobertura en la entidad, la UABJO, es una de las universidades que tiene el presupuesto más bajo por alumno del conjunto de universidades públicas del país (18 mil pesos por año), muy por debajo de los 84 mil y 83 mil pesos por alumno que invierten la UNAM y la UAM, respectivamente.
Respecto a los profesores, en aproximación, en la UABJO, un profesor de tiempo completo con grado de doctor o perfil deseable (según la terminología de la SEP) e integrante del Sistema Nacional de Investigadores, que implica que se encuentra sujeto a evaluaciones periódicas con arbitraje nacional, percibe menos de la mitad de lo que obtienen sus similares con igual calificación en otras universidades públicas del país.
Cabe señalar que del total de profesores de la UABJO, sólo 24 pertenecen al SNI, mientras que en la UNAM se registran 906 en dicho sistema.
Las universidades públicas en el país son las mayores generadoras de conocimiento científico y de investigación académica, siguiendo el criterio SNI, que no es el único por supuesto, sólo el 8% de los investigadores del sistema pertenecen a instituciones privadas.
Además, son las universidades públicas las que registran más del 70 por ciento de la producción registrada en plataformas internacionales (ver las bases de datos de ISI Web of Knowledge o Thomson Reuters), lo que lleva a cuestionar la justificación del mencionado plan del gobierno federal para otorgar más capital al sector privado.
Sin embargo, el objetivo de los operadores del modelo económico dominante en México es difundir la idea de que las instituciones públicas no funcionan, que son de mala calidad y que allí se atrincheran prácticas corruptas.
Estas ideas se convierten en el sustento que da legitimidad a políticas mercantiles como las que emprende Felipe Calderón, entre las que también se encuentra la exención fiscal al pago de colegiaturas en escuelas particulares, emprendida el año pasado.
El cierre del sexenio sirve para mandar señales de que un modelo económico que se encuentra en crisis se afirma con políticas usureras en la educación que pretenden hipotecar el futuro de los becarios en universidad privadas, profundizando aún más las desigualdades sociales y aumentando los desequilibrios que de por sí se arrastran.
Más bien, habría que seguir las experiencias de los países que mantienen mayores equilibrios sociales, mejor calidad educativa y más cohesión social, como sugiere Murayama (El Universal, 10/01/12), que son aquellos que han apostado por la educación superior pública, como Noruega, Suecia, Finlandia y Alemania; ya que por el contrario, en donde la educación se mercantiliza aumentan los niveles de desigualdad y los consecuentes conflictos sociales, como en los casos en donde han operado esos esquemas, como en Chile y Colombia.
En particular, la capitalización de universidades públicas, como la oaxaqueña, la UABJO, asociada a su reorganización, abriría la posibilidad de emprender procesos de redistribución con sentido social para atenuar los rezagos acumulados en el sector, en lugar de seguir inyectando recursos públicos a las universidades privadas en las entidades con mayor crecimiento económico.
De persistir, la tendencia actual abriría más la brecha entre quienes concentran los mayores beneficios públicos y quienes se encuentran excluidos de ellos.
(*) Investigador del IISUABJO.
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