Hace poco más de una semana, un numeroso contingente de estudiantes que cursan la preparatoria en dos planteles ubicados en dos municipios distintos del estado de Tabasco, se presentaron en las oficinas de la Secretaría de Gobernación de ese mismo estado, en Villahermosa, a solicitar una respuesta seria y definitiva para sendos problemas que padecen sus escuelas desde hace varios años.

Se trata de que uno de dichos planteles, ubicado en la comunidad de Chivalito, no cuenta con el reconocimiento oficial por parte de la Secretaría de Educación Pública del estado, a pesar de llevar varios años funcionando y de haber demostrado que cumple con los requisitos mínimos para tal reconocimiento; el segundo, que sí tiene registro oficial, no cuenta con instalaciones de ningún tipo, ni buenas ni malas, y pide ser dotado de ellas.

Los jóvenes se presentaron en la mencionada dependencia de gobierno en forma masiva y con la firme intención de no retirarse de allí sin haber logrado sus objetivos. Pero ello no ocurrió así intempestivamente, por falta de mesura, de paciencia o del respeto mínimo que, en principio, todo ciudadano está obligado a guardar a quienes ejercen el poder público con honradez, eficiencia y auténtico espíritu de servicio a la comunidad, por parte de los solicitantes, sino simple y llanamente, primero, porque, como ya queda dicho, ambas demandas son añejas y se han presentado reiteradamente, con anterioridad, sin que a la fecha hayan recibido ningún tipo de atención; segundo, porque en los últimos meses han menudeado las promesas “serias” de que, “ahora sí”, esas carencias serán satisfechas sin que haya ocurrido absolutamente nada en el terreno de los hechos.

Existe, incluso, un compromiso firmado en tal sentido que, al parecer, es poco menos que papel remojado para quienes estamparon su firma al calce del documento, por lo que, si se tiene en cuenta todo esto, la acción y la reacción de los estudiantes resulta más que explicable y está más que justificada.

Pero, a la vista de los hechos que aquí voy narrando, es claro que para el gobierno de Tabasco esto no es así. En primer lugar, la representación de los solicitantes fue recibida con manifiesta altanería y claro menosprecio por el funcionario encargado de “atenderlos”.

El señor, después del consabido discurso de que “el gobierno no negocia bajo presión” (aunque se le olvidó completar que sin presión tampoco negocia) y de que “no cederán a chantajes” (el estribillo de moda para poner a la opinión pública en contra de la lucha social), concluyó afirmando rotundamente que “no hay, ni habrá”, ninguna solución para los problemas que los estudiantes acababan de recordarle.

Lo que siguió tampoco debió sorprender a nadie: los jóvenes se retiraron de la oficina del “servidor público” (?¡) más sorprendidos que amedrentados ante los desplantes que acababan de presenciar, informaron a sus compañeros de la alentadora respuesta recibida y, juntos todos, decidieron seguir adelante con lo que previamente habían acordado, esto es, acampar frente a palacio de gobierno hasta obtener la solución a sus demandas.

Y comenzó el acoso político y policiaco. Una, dos veces ya avanzada la noche, se presentó un subsecretario (acompañado por un número cada vez mayor de uniformados, con armas largas de grueso calibre con que encañonaban a los muchachos) a “explicarles” la “gravedad de lo que estaban haciendo” y a reiterarles la inutilidad de su protesta, puesto que ya les habían dicho que no habría ninguna solución a su demanda.

Finalmente, a eso de las tres de la madrugada, la fuerza armada arremetió contra el plantón repartiendo golpes con la culata de sus fusiles, con sus temibles toletes y a patada limpia, sin distinción entre hombres y mujeres y sin cuidarse de la parte del cuerpo de las víctimas en que hacían impacto sus armas o sus botas.

El resultado final: la dispersión de la protesta, varios lesionados por golpes contusos y descalabros y la aprehensión de 36 “peligrosos delincuentes” que de inmediato fueron puestos tras las rejas. Así contestó el gobierno tabasqueño a un puñado de muchachos pobres, hijos de familias de muy bajos ingresos y, por tanto, muy representativos de la población marginada del estado, que le demandaban, con toda razón y derecho, reconocimiento oficial para sus estudios y mejores condiciones materiales para cursar con mejor éxito su preparatoria.

Pero falta lo mejor de esta historia de sabia política institucional y de mejor uso de la fuerza pública a las órdenes de tal política. Puestos los jóvenes detenidos (entre los cuales había mayoría de menores de edad) en manos de un señor abogado para “tomarles declaración”, el “hombre de leyes encargado de impartir justicia” se dedicó a echarles un sermón llamándolos “irreverentes y temerarios” por “levantarle la voz” y “faltarle al respeto” al gobierno, sin saber que, con ello, se ponían en riesgo –así les dijo- de que “les toque una bala” por andarse metiendo donde no deben.

En síntesis: como si hablara el lacayo de una monarquía absoluta, les advirtió que el gobierno es “sagrado”, “intocable” haga lo que haga, y que a ellos (es decir, al ciudadano común y corriente) no les toca juzgar su desempeño ni mucho menos desafiarlo en el terreno de la acción.

Y todo aquel que se atreva a hacerlo, puede pagarlo con la vida. Una brutal amenaza de muerte, pues, en contra de inermes muchachos que comienzan a vivir la vida y creen todavía en las leyes, en la libertad, en la justicia y en la democracia que a todas horas se les predica como características de este país en el cual nacieron y en el cual les tocó vivir.

Semejante criterio trasnochado del poder público y de su relación con el ciudadano; tal saña y ferocidad contra un grupo de muchachos que sólo piden condiciones mínimas para estudiar y hacerse mejores mexicanos; tal cerrazón reaccionaria para conceder demandas elementales que atacan uno de los más graves problemas del país, como es su pésimo desempeño educativo, mundialmente demostrado y exhibido una y otra vez, resultan ya un verdadero e imperdonable anacronismo en un país en que, como el nuestro, la creciente pobreza de las mayorías hace que éstas estén cada día menos dispuestas a recibir palos y (cual si fueran acémilas de carga) a agachar las orejas ante el injusto castigo como única respuesta.

Los jóvenes vejados e insultados de tan torpe manera, deben saber que cuentan con todo el respaldo incondicional del antorchismo nacional, que los apoyará con todo hasta hacer realidad sus justas demandas; pero no estaría de más que la opinión pública del país, y los candidatos presidenciales, hoy que está en juego el futuro de la nación, tomaran nota del hecho y comenzaran a pensar qué hacer con tales dinosaurios de la política, ya que la estabilidad social no resistirá por mucho tiempo las brutalidades de que están haciendo gala en tiempos tan difíciles como los actuales.