SAN RAYMUNDO Jalpan, Oaxaca, junio 7.- La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado solicitó a lassecretarías de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, de Finanzas y a la Consejería jurídica de la Gubernatura, que de manera inmediata rindan un informe del estado que guardan las auditorías realizadas a las cuentas públicas de la administración del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz.

A propuesta de la diputada del PAN, Marlene Aldeco Reyes Retana, también se solicitará al procurador general de Justicia del Estado, Manuel de Jesús López López, informe por qué pidió la revocación de las órdenes de aprehensión libradas en contra de ex funcionarios de Ruiz Ortiz.

Durante la sesión ordinaría de este miércoles, Aldeco Reyes Retana cuestionó la petición de la PGJE de cancelar las órdenes de aprehensión libradas dentro de la causa penal 105/2011en contra del ex secretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib; el subsecretario de Finanzas, Fernando González García, y los ex coordinadores de Comunicación Social, Raúl Castellanos Hernández y Soledad Rojas Walls.

En virtud de que las querellas fueron presentadas por la secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Marisela Woolrich Fernández; el secretario de Finanzas, Gerardo Cajiga Estrada, y el Consejero Jurídico de la Gubernatura, Víctor Hugo Alejo Torres, y porque se presupone deficiencias en la integración de la Averiguación Previa o en los procedimientos administrativos que antecedieron al ejercicio de la acción penal, pidió presentar informes.

La propuesta fue turnada a la Junta de Coordinación Política que preside el diputado Juan Mendoza Reyes, del PAN, para esta solicite los informes del estado que guardan las auditorías realizadas a las cuentas públicas de la administración del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz.

No obstante, la Legisladora panista refirió que se ha hecho del conocimiento público que en la Procuraduría estatal solo existen dos querellas, una relacionada con el peculado en el área de Comunicación Social y otra por el caso de Caminos y Aeropistas de (CAO).

Recordó también que la secretaria Woolrich Fernández, en diciembre del año 2011, informó públicamente que al concluir 45 auditorías se detectó un daño patrimonial de más de 4 mil millones de pesos en contra de la Hacienda pública de nuestro Estado de Oaxaca.

“Los anteriores hechos ponen de manifiesto que algo está fallando en la procuración de justicia o en la revisión de la cuenta pública de la administración pasada, tanto por la PGJE, Finanzas, de Contraloría y la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, lo que ha dado lugar a especulaciones sobre posibles acuerdos políticos para que sean exonerados los exfuncionarios y con ello se le des un bono de impunidad”, sospechó.

Reyes Retana exigió que el daño patrimonial en perjuicio de los recursos públicos de los oaxaqueños debe ser castigado con severidad y su castigo no puede estar sujeto a negociaciones y menos quedar en la especulación.

Demandó que los órganos encargados de los rubros de transparencia y procuración de justicia actúen en forma eficaz para que no se abone a la ilegitimidad de las instituciones frente a los ciudadanos, quienes merecen una explicación puntual de lo que está pasando en ese tema.

Por ello, dijo, es necesario requerir un informe por este Congreso, para que de manera inmediata los funcionarios antes señalados, hagan del conocimiento del pleno del Congreso, el estado que guardan los procedimiento de revisión de cuentas de la anterior administración y el estatus legal del mismo y con ello aclarar las especulaciones que han nacido por las acciones jurídicas desplegadas por la Procuraduría de Justicia.

En respuesta a la petición de la diputada panista, el diputado del PRI, Maximino Vargas Betanzos, aseguró el Poder Legislativo, a través de la Auditoría Superior del Estado (ASE), es la única instancia facultada para la revisión de cuentas públicas.

Vargas Betanzos afirmó que esta petición resulta improcedente, porque es a la ASE a donde se tienen que dirigir las solicitudes en este sentido.

De igual forma, solicitó al pleno del Congreso local que se agregue al punto de acuerdo que la Auditoría Superior del Estado informe al Poder Legislativo el estado que guarda la auditoría realizada a la Cuenta Pública del ejercicio 2010, concretamente el bimestre noviembre-diciembre.