OAXACA, OAX., junio 24.- Las elecciones locales de diputados y presidentes municipales del 2013 deben contar con una nueva ley electoral, urgió el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, Alejandro López Jarquín.

De cara al proceso electoral 2013, aseguró se buscarán consensos para modificar el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca.

Para dar paso a una reforma electoral, indicó que el Congreso local tiene 60 días antes de la instalación del Consejo General del Instituto Estatal Electoral para actualizar las normas electorales.

De acuerdo al legislador del Sol Azteca, existe voluntad de la mayoría de las fracciones parlamentarias para impulsar la reforma electoral y que se buscará sea producto del consenso.

Entre otras materias, se realizan reformas en materia de usos y costumbres con el propósito de evitar conflictos en los municipios del régimen de derecho consuetudinario, ya que con una reglamentación avanzada se podrá garantizar la tranquilidad durante la elección de concejales.

López Jarquín dijo que es tiempo de generar nuevas reglas que den equidad al ejercicio del voto y la elección de autoridades en Oaxaca, además de que se debe fortalecer al órgano electoral creando la Ley de Participación Ciudadana.

Luego de señalar que el próximo año habrá elecciones intermedias en la entidad para elegir concejales y diputados locales, destacó que existen las condiciones para generar nuevas reglas que den garantía de equidad al ejercicio del voto.

Apuntó que a raíz de las reformas constitucionales del año pasado todavía está pendiente la aprobación de nuevas reglas en materia electoral, así como de las normas que habrán de perfeccionar los mecanismos de democracia directa, como el plebiscito, el referéndum y la revocación de mandato.

En la víspera del inicio del segundo período ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio legal del Congreso local, dijo que una reforma pendiente de los diputados también es la que plantea el juicio para que la actuación de la defensoría de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca pueda judicializarse en aquellos casos en que las autoridades no cumplan con las recomendaciones.

“Con la reforma que se plantea la actuación del organismo defensor de los derechos humanos ya no va a ser solamente declarativa, sino también obligatoria y los ciudadanos contarán con un juicio que se seguirá ante una sala constitucional para que se haga valer la recomendación emitida”, indicó.

Refirió que también existen planteamientos para modificar el formato del Informe del Gobernador ante el Poder Legislativo y que éste ya no sea solamente protocolario sino que también permita un diálogo entre poderes y el intercambio de planteamientos con las fracciones parlamentarias.