Sin Derecho a Fianza

Por el criminal bloqueo de taxistas que duró unas catorce horas, este 25 de julio fue un día de rabia e impotencia para la mayoría de oaxaqueños y visitantes a las fiestas de la Guelaguetza, por ello, turistas afectados afirmaron que jamás volverán a nuestro estado. Una vez más se pudo observar la incapacidad de este, llamado pomposamente, “gobierno del cambio”.

Más de año y medio; a veinte meses, de haber asumido el poder que anhelaron quienes hoy lo ostentan, no hay avances; cuando mucho, siguen copiando los métodos de los corruptos que tanto, también, criticaron.

No se ve atisbos de la gobernabilidad que prometieron y en lo que creyó la ciudadanía que derrotó al ex invencible PRI. Hasta uno de los principales promotores, Jesús Martínez Álvarez, hoy Secretario de Gobierno, expresó en su comparecencia en la Cámara de diputados, que existen fallas en la administración actual, pero que, ““En lo personal no estoy satisfecho, pero tengo confianza en que el gobernador se va a legitimar conforme transcurra el tiempo”. Claro, así es, pero, ¿cuánto tiempo? Digamos… ¿unos cinco años?, o mejor seis.

Gabino, hombre cumplidor

Cuestionado sobre el tema, el 20 marzo de este año Gabino Cué afirmó: “Yo nunca dije que se iban a acabar los bloqueos, plantones y marchas, nunca lo pensé ni pude haberlo dicho”, reiteró. Lástima que Fox ya lo había dicho, si no la frase excelente sería “Y ¿yo, por qué?”.

Es cierto, no lo dijo o lo prometió, pero su deber como gobernador es trabajar por el bienestar del mayor número de gente; aplicar la ley, sin importar si el problema lo creó el PRI o cualquier antecesor. Qué irresponsabilidad de un gobernante expresar lo anterior.

Semánticamente, entonces, podemos entender que, como nunca prometió apresar a los secuestradores, pederastas o violadores, estos deben sentirse libres de ejecutar sus crímenes sin temor a la ley.

El gobierno gabinista ignora lo que dictan las leyes, porque en la Ley de Vías Generales de Comunicación, según su última reforma (DOF 09-04-2012) señala en su Artículo 533: “Los que dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o interrumpan la construcción de dichas vías, o total o parcialmente interrumpan o deterioren los servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, serán castigados con tres meses a siete años de prisión y multa de 100 a 500 veces el salario mínimo general vigente en el área geográfica del Distrito Federal”. Eso corresponde a la cuestión federal.

Y en el Código Penal del estado de Oaxaca, en el apartado: Delitos en materia de vías de comunicación y correspondencia. Capítulo 1, en “Ataques a las vías de comunicación”, en el artículo 168 Bis, se indica: “Al que se apodere de uno o varios vehículos de motor destinados al servicio público o interrumpa o lesione el servicio a que están destinados, sin intención de apropiarse de ellos, se le aplicará sanción de uno a seis años de prisión y multa de mil a cinco mil pesos”.

Y en el 169.- Se impondrán de tres días a cuatro años de prisión y multa de cincuenta a quinientos pesos (tercera fracción): “III.- Al que, para detener los vehículos en un camino público, o impedir el paso de una locomotora, o hacer descarrilar ésta o los vagones, quite o destruya los objetos que menciona la Fracción I, ponga algún estorbo o cualquier obstáculo adecuado”.

Este columnista no es abogado pero, considero que los “secuestradores de ciudadanos” de ayer, también podrían incurrir en otros delitos como los tipificados en “Delitos contra la autoridad. Desobediencia y resistencia de particulares., ya que en estaría violando los artículos: 177:

“Al que, sin causa legítima, rehusare prestar un servicio de interés público al que la Ley lo obligue, o desobedeciere un mandato legítimo de la autoridad, se le aplicarán de quince días a un año de prisión y multa de cien a quinientos pesos”. Y el 179:

“Se aplicará de uno a dos años de prisión y multa de cien a dos mil pesos: al que, empleando la fuerza, el amago, o la amenaza, se oponga a que la autoridad pública o sus agentes ejerzan alguna de sus funciones o resista al cumplimiento de un mandato legítimo ejecutado en forma legal”.

Pero en Oaxaca se “gobierna” omitiendo la Constitución y el Código Penal. Es cierto que después de la matanza de 1968, las cosas cambiaron. Hoy un gobierno es considerado represor si usa su poder coercitivo, es decir, echar mano de la ley para solucionar un conflicto. Esto es usado por las organizaciones de todo tipo de filiación para chantajear y obtener prebendas, independientemente de la legitimad de sus reclamos.

Sin embargo, esto ha ido más allá de una leve molestia para quien sufre los bloqueos, por ejemplo. Ahora que tan de moda están las encuestas, el gobierno podría hacer unas y sabría que la gran mayoría de la población no desea bloqueos ni marchas, y que estaría satisfecha si solamente se aplicara ley.

En el caso de los taxistas criminales (Unión de Taxistas del Estado de Oaxaca: UTEO) que mantuvieron “secuestrados” a los habitantes de la capital oaxaqueña, uno de los puntos torales de la problemática es el de la gran cantidad de concesiones que hasta el último día del mandato de Ulises Ruiz se entregaron a quienes no lo merecían.

Este fue uno de los temas que sirvió para denigrar, al de por sí desprestigiado gobierno priista. Se detuvo a Gonzalo Ruiz Cerón, ex titular del organismo donde se facturó el fraude y hasta ahí llegó el asunto. A esto se suma la inconformidad por los mil permisos que otorgó Pedro Silva a su paso por la Cotran ya en este gobierno.

Ante eso, los taxistas presionan para que sean retirados los taxis con concesiones apócrifas; Tránsito del estado los detiene y encierra los vehículos, pero más tarda en hacerlo, que las presiones del otro lado lo obliga a liberarlos.

Taxistas impunes

El taxismo oaxaqueño es otro gremio que ostenta su impunidad. Su educación deja mucho qué desear. No respetan el reglamento de tránsito. Debido a su número indiscriminado, exceden los límites de velocidad para ganar más viajes. Son los principales generadores de de la corrupción entre elementos de Tránsito. Ellos ofrecen la “mordida”, y en cado contrario, no denuncian a los malos elementos y aceptan la corrupción.

Como en toda profesión u oficio, no todos son iguales, hablamos de la mayoría. También es cierto que muchos son explotados por los patrones, pero ese no es el tema de hoy. Este es un gremio privilegiado. De cuando en cuando, sin que importe la condición del pueblo, aumentan el costo del pasaje por presiones al gobierno; también se han opuesto, con éxito, al uso del taxímetro.

Casi no hay taxista que cobre menos de 50 pesos por un corto viaje, digamos del zócalo a la terminal del ADO. Sin embargo, en la ciudad de México, por una distancia equivalente, más o menos del zócalo a la estación del metro Hidalgo o Revolución, el taxímetro marca de quince a veinte pesos.

¿Es que acá cuesta más la gasolina o las piezas de repuesto que en el D.F.? Claro que no.

¿Sabe usted por qué se roban más autos tipo Tsuru? Porque la mayoría de las piezas robadas las compran los taxistas, ya que no tienen que entregar facturas a Hacienda, a la que no pagan impuestos.

Ahora en el colmo de la estulticia, bloquean en los días de fiesta cuando ellos son de los principales beneficiados (incluso aumentan las tarifas en contra del inocente turista). La afectación es enorme. El bloqueo sólo tuvo provecho para el hampa, pues aprovechando los cierres, asaltantes robaron más de 50 mil pesos, de una sucursal de la Caja Popular Mexicana. ¿Cómo los sigue la policía?

No obstante, por primera vez se oye una voz diferente. Arturo Peimbert Calvo, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, afirmó que los taxistas pueden perder sus concesiones por violar los derechos de terceros.

“Reiteró que por el momento no se puede llevar este caso a los tribunales, porque subrayó que hay un atraso en materia de salas constitucionales; sin embargo, dijo que de acuerdo a la nueva ley los manifestantes pueden ser llevados a juicio y perder sus concesiones”. (rioaxaca.com).

Pero no lo creo, porque el “gobierno del cambio” no ha podido hacer nada contra los criminales del magisterio, contra los mototaxistas, contra los del Mult, el Falp, Antorcha Campesina, UGOCEP, ODI, CDDP, FPR, UCO, Codeci, a las varias Cocei y a quinientas más, a las que pone freno entregando recursos del pueblo, que el año pasado fueron más de 300 millones, solamente a las más aguerridas “organizaciones sociales”.