SAN RAYMUNDO JALPAN, Oaxaca, julio 31.- El diputado petista Flavio Sosa Villavicencio afirmó que es necesario superar la etapa de retraso que impera en Oaxaca en materia restitutoria del Estado, para establecer el deber de éste de reparar las lesiones antijurídicas que con su actividad cause en el patrimonio de todo individuo que goce de esa garantía.

Por ello, planteó establecer las bases para reconocer el derecho a la indemnización a quienes sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos, como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado.

Resaltó que la incorporación de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado a la Constitución política estatal, constituiría la base para establecer la obligación del mismo y de los municipios de indemnizar al particular que haya sufrido una lesión en su patrimonio, que no tenga la obligación legal de soportar.

En este sentido, el legislador Sosa Villavicencio, durante la sesión ordinaria efectuada el 25 de julio pasado, propuso al pleno una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar el segundo párrafo al artículo 120 de la Constitución política estatal, relativo a la responsabilidad patrimonial del Estado.

“De ser aprobada la iniciativa se establecería el fundamento para que en los ordenamientos legales secundarios se desarrollen y pormenoricen los mecanismos a partir de los cuales los particulares puedan reclamar la indemnización correspondiente, respecto de aquellas lesiones patrimoniales causadas por la autoridad estatal y municipal, respectivamente”, indicó.

En su exposición de motivos, el Legislador del Partido del Trabajo dijo que la indemnización deberá ajustarse a los términos y condiciones señalados en la iniciativa, y en las demás disposiciones legales a que la misma hace referencia.

La adición de un segundo párrafo al Artículo 120 de la Constitución política estatal quedaría de la siguiente manera:

“Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos determinarán sus obligaciones, a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos o comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas”.

“Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en la suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones, pero no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados”, señala la iniciativa.

La propuesta incluye un artículo transitorio, el cual señala que el Congreso del Estado contará con un año para expedir las leyes o realizar las modificaciones necesarias, según sea caso, a fin de proveer el debido cumplimiento del mismo, así como para incluir en sus respectivos presupuestos, una partida para hacer frente a su responsabilidad patrimonial.