VUELTA AL PASADO AUTORITARIO (IFE)
Por Renato Consuegra / *
MÉXICO, D. F., febrero 14.- A lo largo de las últimas semanas hemos visto una serie de golpeteos a las instituciones creadas a partir de 1990, las que presuntamente le daban mayor certeza a la democracia mexicana porque se pretendía con la autonomía presupuestal y jurídica de los órganos garantes, que sus decisiones podrían tener mayor independencia de los partidos políticos, convertidos hoy en uno de los grandes males de nuestro país.
Un caso es el IFE. Nació en la etapa cuando México necesitaba cambiar, cuando nuestro país estuvo en peligro de credibilidad y necesitaba de personajes “ampliamente prestigiados de la sociedad”, para que se creyera “el camino espontáneo” que tomaba la democracia mexicana.
Los conflictos poselectorales de 1988 propiciaron la creación de un órgano independiente de los partidos políticos, para sustituir a la Comisión Federal Electoral instalada en la Cámara de Diputados. Sin embargo, entre octubre de 1990 y mayo de 1994, se mantuvo su imagen de órgano de estado por su integración con miembros del Ejecutivo —el Secretario de Gobernación como presidente—, el Legislativo —Consejeros del Poder Legislativo— y Judicial —Consejeros Magistrados electorales.
Con el fin de darle mayor confianza a la sociedad el año que vivimos en peligro tras la muerte de Luis Donaldo Colosio, en 1994 se integró la primera Sala General con consejeros ciudadanos: Santiago Creel Miranda, Miguel Ángel Granados Chapa, José Agustín Ortiz Pinchetti, Ricardo Pozas Horcasitas, José Woldenberg y Fernando Zertuche Muñoz.
La verdad es que realmente ninguno de ellos era apartidista, pero al menos tuvieron la confianza de la gente y, producto de este experimento, en 1996 se abrió la puerta a la “ciudadanización” para que personajes aparentemente sin partido, tomaran las riendas del siguiente IFE: Con José Woldenberg como presidente del Consejo General lo integraron José Barragán Barragán, Jaime Cárdenas Gracia, Jesús Cantú Escalante, Alonso Lujambio, Mauricio Merino y Jacqueline Peschard.
El caso es que como los partidos políticos siempre han aprobado a sus integrantes, lógico es que promuevan a personajes cercanos a sus fines y las fuerzas quedan conformadas en la medida en que cada uno de los partidos pueda impulsar a más miembros o, en su caso, los grupos políticos infiltrados en los distintos partidos, logren desde diferentes posiciones promover a sus alfiles.
Entonces, en lugar de que siguieran al frente personajes como Fernando Gutiérrez Barrios, Patrocinio González Garrido, Jorge Carpizo McGregor, Esteban Moctezuma y Emilio Chuayffet Chemor, además de Arturo Núñez Jiménez, Felipe Solís Acero, María del Carmen Alanís Figueroa y Manuel López Bernal, todos ellos presidentes, directores y secretarios ejecutivos del IFE en su momento, entraron caras nuevas, caras ciudadanas.
En 2003 se mantuvo la fórmula anterior, con personajes con afinidad a los partidos políticos pero sin ser totalmente abierta: Luis Carlos Ugalde, Andrés Albo Márquez, María Teresa de Jesús González Luna Corvera, Luisa Alejandra Latapi Renner, María Lourdes López Flores, Rodrigo Morales Manzanares, Virgilio Andrade Martínez, Marco Antonio Gómez Alcántar y Arturo Sánchez Gutiérrez.
Hasta que tras el escándalo de Andrés Manuel López Obrador por los resultados de la elección de 2006, se produjo la sustitución de Luis Carlos Ugalde al frente del organismo y, no contentos, los partidos políticos encabezados por el PRI, le metieron mano al órgano garante de la imparcialidad electoral, para despacharse con la cuchara grande y hoy vemos las consecuencias.
Aplicaron una reforma que pasó, de una fiscalización de los partidos políticos que era suficientemente intensa y estricta, realizada por el Consejo General del IFE, a una fiscalización que ya no la hace el Consejo General, sino una Unidad de Fiscalización que redujo el alcance de la misma necesariamente por ley. Pero, sobre todo, al evitar que los partidos políticos pagaran por mensajes en medios, que es donde utilizaban el 80 por ciento de su gasto, éste se dispersó y ya se no se pudo seguir la contabilidad de quienes evidentemente superaron los gastos de campaña como el PRI.
El caso Monex, la conclusión de que Andrés Manuel López Obrador fue el único que superó los límites de gastos y la renuncia de Sergio García Ramírez, son sólo un golpe más que terminará por desacreditar la escasa credibilidad que tenía el actual IFE. ¿Estamos viendo su fin y la integración de un nuevo órgano que recupere sólo la imagen de éste, pero todavía más sometido?
VUELTA AL PASADO AUTORITARIO (IFAI)
¿Habrá alguien interesado en dinamitar el IFAI? Parece que lo hay. Un órgano que había ganado prestigio desde su creación está, como el IFE, a punto de decir adiós a sus mejores días como garante de la transparencia en el país. Y hoy que se acercan momentos difíciles para dar a conocer información relevante, se destapa, como por arte de magia, la acusación de un presunto hacker que pone a todos los comisionados del IFAI sobre aviso: los están investigando.
Quien presuntamente los investiga es Wanda Sigrid Arzt Colunga, vinculada directamente con Felipe Calderón, el ex presidente de México, pero ajena a la comunidad que maneja la transparencia en el país. Por el contrario, maestra y doctora en estudios internacionales, ha trabajado como consultora para el CISEN, como secretaria técnica del Procurador General de la República Antonio Lozano entre 1994 y 1996 y en 2007 fue nombrada secretaria Técnica del Consejo de Seguridad Nacional. Es decir, una especie de policía.
Ahora, si es verdad que Arzt Colunga trabaja para Calderón, sería para evitar la difusión de los resultados de la lucha contra el crimen organizado, según dicen por ahí. Pero, entonces, ¿por qué investigaba también a Alejandro Poiré, ex secretario de Gobernación, a Maximiliano Cortázar, ex Coordinador General de Comunicación Social de Presidencia y al ex director de Opinión Pública de Presidencia, Rafael Giménez? o, ¿será que Calderón ya no cree ni en su propia sombra y considera que le jugaron chueco?
Pero si no fue por ahí, entonces habrá que investigar para quién sería la información que involucra, ya no sólo a los compañeros de Arzt Colunga y a los ex hombres del ex presidente, sino también al ex secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Jorge Tello; a los ex secretarios ejecutivos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Roberto Campa y Juan Miguel Alcántara; a la ex titular de la Fepade, María de los Ángeles Fromow; al ex director de Financiera Rural, Enrique de la Madrid y al ex diputado Ildefonso Guajardo, actual secretario de Economía.
Es decir, que salvo Poiré, Cortázar, Alcántara y Giménez, la investigación estaba dirigida a personajes de la vida pública de extracción priista, prácticamente todos ellos vinculados con la seguridad nacional y de los que, seguramente, ella tenía antecedentes a su paso por las oficinas de inteligencia. Son indicios, hay que investigarlos.
El IFAI nació con grandes pretensiones y las logró. Ha sido un referente para dotarnos de información sobre el quehacer de la administración pública, que antes de su existencia simplemente nos era negada a los ciudadanos o se entregaba de acuerdo con el interés de quienes la administraban. Por su labor los ciudadanos nos hemos enterado de muchos asuntos francamente relevantes. Alonso Lujambio pasó del IFE al nuevo órgano y con él se fue también Jacqueline Peschard, ambos lo presidieron con prestigio, como ocurrió al IFE en sus primeros años ciudadanizado.
Pero las cosas en nuestro México tal parece que ocurren por obra y gracia de la Divina Trinidad, en momentos justos. Precisamente cuando los personajes mencionados y los comisionados son investigados, un hacker los alertó. Terrible que un hacker se meta al sistema informático del IFAI con tanta facilidad y rastreé. Nada más como pregunta: ¿No será que la Comisionada fue implicada para deshacerse de ella y utilizar este hecho para remover a todos los incómodos?
No hay crisis institucionales, sino crisis provocadas, sembradas, para golpear a las instituciones y moldearlas a modo del poder. Hoy estamos, parece, ante un nuevo rediseño institucional que al actual grupo le permita mantener el control del país por mucho tiempo.
El jueves 17 de enero el presidente Enrique Peña Nieto y gran parte de su gabinete dieron a conocer su declaración patrimonial, la gran mayoría de ellos, curiosamente, dueños de muebles e inmuebles que les fueron donados, así, nada más. Ese mismo día el presidente quiso explicar las iniciativas que envió al Congreso para combatir la corrupción y se refirió al IFAI, como “el Instituto de información y de acceso a la opinión pública”, un yerro mediáticamente difundido.
Al día siguiente, el viernes 18 fue votada la presidencia del IFAI y al recaer en el recién llegado Gerardo Laveaga, el derrotado José Ángel Trinidad Zaldívar, quien se creía con los merecimientos para estar al frente del órgano, lanzó el primer gran golpe al Instituto el día 21, durante la toma de protesta. Criticó a Laveaga porque “tiene un rezago de 291 asuntos, a diferencia de todos los demás que rondamos en promedio los 63”. Vaya, ¿un ladrón es menos delincuente porque robó una playera que el que robó millones de pesos?
Se debe investigar también lo ocurrido en el IFAI el día 18 porque al parecer Sigrid Artz recibió presiones de Trinidad Zaldívar para votar por él o de lo contrario la tomaría en su contra, y lo cumplió. Estos escándalos han sido tomados por el yerno de Manlio Fabio Beltrones, el senador verde Pablo Escudero y el perredista Julio César Moreno Rivera, para pedir la remoción de todos los comisionados, alentados también por el coordinador de los priístas en el Senado, Emilio Gamboa.
Vaya, una vuelta al pasado, de control absoluto, en el futuro del IFAI.
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