MUJERES Y POLÍTICA.- Las cifras de la violencia contra periodistas son grotescas, no tiene precedente alguno. El Comité para la Protección de Periodistas informó que en 2012 fueron víctimas de ataques mortales 70 reporteros en el mundo mientras hacían su trabajo y más de 230 fueron detenidos. En su informe anual, Reporteros sin Fronteras (RSF) señala que son 90 los asesinatos y reporta 192 detenciones.

La semana que terminó no fue la excepción. México, junto con Colombia, forman parte de un binomio mortal para el ejercicio de la profesión de informar, comunicar y opinar en América. En este país, las cifras “oficiales” proporcionadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y repetidas por Amnistía Internacional y RSF, afirman que 80 periodistas han sido asesinados y otros 18 desaparecidos desde 2000. Necesario agregar que se han registrado 28 ataques a instalaciones de medios y 807 trabajadores de la prensa han interpuesto quejas por agravios en ese mismo lapso.

Pero no estamos hablando sólo del pasado. En Ojinaga, Chihuahua, el domingo 3 de marzo fue asesinado Jaime Guadalupe González Domínguez, con esta nueva víctima suman 18 los periodistas muertos en entidad del norte del país desde el 2000, dato proporcionado por la Red de Periodistas de Juárez. Además los recientes ataques a El Diario de Juárez y el Canal 44, en Chihuahua, y la detención de quienes supuestamente buscaban mediante la violencia silenciar El Siglo de Torreón, en Coahuila, donde también hay otros medios en riesgo.

Detrás de estas cifras, cualquiera que sea la exacta, hay una persona, hombres y mujeres, que fueron asesinados, desaparecidos, amenazados; en México no todos los medios y periodistas que han sufrido amenazas o agresiones han denunciado, el riesgo es latente y la criminalidad hacia quienes informan, comunican y opinan no cesa, la razón más importante es la impunidad resultado de las malas artes de la investigación que aplican las instituciones.

En febrero pasado tuve la oportunidad de entrevistar al doctor Miguel Ángel García Domínguez, quien fuera fiscal especial para esclarecer el asesinato del periodista Manuel Buendía (30 de mayo 1984) a propósito del libro póstumo de otro gran periodista Miguel Ángel Granados Chapa, “Buendía, el primer asesinato de la narcopolítica en México”.

García Domínguez –procurador de Guanajuato, subprocurador en el gobierno del D.F., ministro de la SCJN y diputado federal por el PRD, por citar algunos de los cargos desempeñados- observa a través del tiempo muchos de los hechos y lo primero que sostiene es que efectivamente, Buendía, el periodista más importante que ha dado este país, es la primera víctima de la narcopolítica mexicana de la década de los ochenta, y considera que hoy la situación es diferente, porque en el México del siglo XXI el problema es la inseguridad generalizada y “mientras no haya seguridad para toda la ciudadanía, no hay seguridad para nadie”, y eso incluye a informadores, comunicadores y opinadores.

En ese trabajo periodístico por encargo de canalgentelibre.com, García Domínguez hace una extensa explicación de cómo el narco se filtró a la política mexicana y cómo las ambiciones provocaron que México, país de paso de la droga que venía de Colombia, se convirtió en productor de estupefacientes, crecimiento favorecido porque los gobiernos en turno dieron toda clase de facilidades y en ello va, incluso, la corrupción de ejército mexicano, a través de algunos de sus mandos y luego las corporaciones policiacas dedicadas a “cobrar derecho de piso” o “a ordeñar las vacas”, tanto que llegaban a expresar que no era necesario el sueldo institucional o que no importaban los bajísimos sueldos que percibían.

Pecado del autor intelectual del asesinato de Buendía, José Antonio Zorrilla Pérez, entonces titular de la Dirección Federal de Seguridad a quien el periodista Buendía seguía de cerca y quien habría estado por denunciar los hechos, ya que apenas días antes (el 4 y 14 de mayo de 1984) había publicado y comentado sobre la carta de los obispos del sureste, que hablaban del peligro que representaba la penetración del narco en las esferas políticas.

Tiempos de terror policiaco y donde la política (al menos de niveles intermedios) empiezan a confundirse con el narcotráfico, “perfeccionando” la corrupción, la extorsión y otros males que entonces florecieron como las perseguidas amapolas y que resultan comunes en nuestros días. Por ello, la trascendencia del trabajo realizado por García Domínguez al esclarecer el crimen porque al menos no hubo impunidad, los responsables están en la cárcel. El ex ministro apunta que él recibió una instrucción del presidente (Miguel de la Madrid y ratificada después por Carlos Salinas de Gortari), así que contra viento y marea y los muchos obstáculos que venían desde dentro, como la “incomodidad” que causaba para algunos políticos, cumplió el cometido porque sostiene que “el miedo es un sentimiento aprendido y a mi no me lo enseñaron”.

Pero lo más importante es que Buendía, autor de Red Privada, la columna más destacada de la década de los ochenta, nos sigue recordando el quehacer fundamental del periodista: investigar los hechos. Elemento que hoy constituye un riesgo en tanto las autoridades no garanticen la seguridad en este país y la pregunta es ¿hasta dónde es conveniente este clima de inseguridad en un país que nada en actos “institucionales” de corrupción?

Otra de las lecciones que deja Manuel Buendía Tellezgirón al periodismo de hoy y que se confirma con la investigación del doctor García Domínguez, quien por cierto publicará pronto un libro sobre la investigación del asesinato del periodista, es su honestidad e incorruptible actitud. En la entrevista celebrada durante dos días, García Domínguez habla del periodista del cual se declara fanático, aunque no lo conoció en persona pero lo vio de lejos en alguna ocasión.

“Era un periodista profesional cuando todavía no los había, autor de libros donde de alguna manera va relatando sus experiencias…da técnicas, sus puntos de vista y relata cómo debe ser el periodista, el reportero, el jefe de prensa, todas las facetas, él no hablaba de teoría, hablaba de su práctica, y algo muy importante en Manuel Buendía, hablaba de los valores que él consideraba que debía tener un periodista”.

García Domínguez dice que la investigación policiaca lo llevó a conocer a este hombre ejemplar “el periodista más honesto que puede haber en cualquier parte del mundo, incapaz, absolutamente incapaz de recibir nada a cambio de nada que de alguna manera le implicara un compromiso de mover su propio criterio…investigué su vida económica y me encontré con que Buendía era una gente pobre, que nunca salió de una medianía económica a pesar de los medios en que se movía”, a pesar de las acusaciones de corrupción en su contra que surgieron tras su asesinato, tal y como sucede ahora cada vez que matan a un informador.

En cosa de un año se cumplirán 30 del asesinato del periodista Manuel Buendía Tellezgirón, el de la calidad moral, incorruptible y de grandes principios éticos, pero también de la estrechez financiera, tal y como lo define García Domínguez, sin duda un Manuel Buendía que le ha hecho tanta falta al periodismo mexicano y a la ciudadanía mexicana.

Aunque habría que decir que hoy hay una generación de periodistas, mujeres y hombres, con miras a alcanzar su estatura y ojalá sea posible, se necesitan para combatir la corrupción y desenmascarar las mentiras, periodistas que logran esquivar la cotidianidad y también la inmediatez forzados por las nuevas tecnologías.

Hacer periodismo es una tarea de compromiso y son delincuentes quienes no cumplen con los propósitos éticos que exige, quienes pretenden impedir la verdad, quienes asesinan periodistas, los agreden o los amenazan, delincuentes también quienes permiten la impunidad de esos crímenes.

¡No inventen!

Así se hacen los chismes con imprecisiones. Primero, la visita de un embajador (de Estados Unidos de Norteamérica, Anthony Wayne) calificada en un comunicado de prensa como un hecho histórico, lo cual ha de hacer que los historiadores se jalen el pelo y a Manuel Buendía le duelan más que nunca los tres disparos que le hicieron la tarde del 30 de mayo de 1984.

Este personaje paseado por el Centro de Asistencia a Víctimas y Justicia Restaurativa del Estado de Oaxaca fue informado de que en ese lugar “se ha logrado asistir a más de 36 mil personas víctimas de algún delito”, esto debemos entender en los dos años del gobierno actual.

(Entre paréntesis diré que la mayoría de esos delitos tienen que ver con violencia familiar, es decir, ha habido mediación en la violencia familiar a pesar de que las recomendaciones en ese sentido es evitar la mediación porque la violencia no se termina de esa manera).

Pero lo grave y el invento mayor es la declaración pública de que han atendido 36 mil personas víctimas de diversos delitos ¿cómo le hicieron? Es sólo cuestión de matemáticas simples para desmentir a la Procuraduría General de Justicia de Estado, su titular Manuel de Jesús López, y la Subprocuradora de Atención a Víctimas, Sara Idania Martínez López.

¿Pensarán que el embajador y la ciudadanía no saben aritmética elemental? En 730 días (que son dos años) esta dependencia debió atender o al menos recibir en promedio 50 casos diarios, sin descanso de sábados ni domingos, ni vacaciones, ni días festivos de ninguna clase y trabajando las 24 horas del día. Eso explicaría los resultados hasta hoy obtenidos a pesar de la capacitación que le agradecieron al embajador de EE.UU.

Si una pregunta cuánto personal tiene este Centro de Asistencia a Víctimas y Justicia Restaurativa entonces podremos contrastar la realidad, porque un caso requiere, me dicen quienes saben, de al menos dos horas como mínimo de atención en una primera audiencia. Siempre se confunde la calidad de la atención con la cantidad, la cual es una veta periodística muy importante.

Es sabido que una víctima que acude a esa instancia pasa a Trabajo Social donde obtiene un oficio para se escuchados por las y los mediadores, después reciben una consulta psicológica donde les explican en qué consiste la mediación y después en la gran mayoría de los casos reciben un oficio para que personalmente la entreguen al agresor, esto para que el caso camine más rápido, porque qué creen: no hay personal suficiente para entregar de forma institucional los oficios al agresor.

Es decir, si tiene suerte un caso lleva unos tres meses para alcanzar la conciliación y otros tal vez menos, eso sí que ni qué. Los casos por los que acuden las víctimas mujeres son: demanda de pensión alimenticia para las y los hijos; reconocimiento de los mismos y separación del agresor de la casa conyugal, lo cual es indicativo de violencia psicológica, física y todos lo demás. El resultado es lo que decía antes una veta interminable de testimonios sobre la mala calidad de los servicios cuando estas víctimas logran ser atendidas porque muchas veces son devueltas a sus casas con cajas destempladas.

De ahí la súplica: por favor, donde debe prevalecer la verdad, es decir, en la PGJE, ¡no inventen! Que además de saber contar podemos llegar a otras conclusiones, pero sabemos que todo lo hicieron por rendirle pleitesía a su Tata Güero que bien que lo valen los pesos que les da.

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