MUJERES Y POLÍTICA.- La semana pasada decíamos que de nada o casi nada sirven las leyes, cuando en medio se interpone el interés personal, la corrupción y los malos hábitos de los servidores públicos, tanto del Tribunal Superior de Justicia como de quienes hacen las investigaciones en cada caso.
Entre quienes demandas justicia y los servidores públicos parece haber un ladrón. El escandaloso caso destapado hace unos días que involucra a Genaro Góngora Pimentel, ex ministro y ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien acusó a su ex pareja de fraude y ésta se encuentra en la cárcel desde hace varios meses, más el hecho de pichicatear los recursos para la manutención de sus dos hijos que, además, padecen autismo.
Ambos hechos revelan cómo sigue operando en México el tráfico de influencias, en beneficio, claro está, de quienes tienen el poder, ya sea político o financiero o, peor aún, ambos.
Lo de Góngora no es un caso excepcional, como ese hay muchos, cientos y quien sabe si sean miles, y eso es lo grave, lo que lastima, lo que indigna a la sociedad mexicana, porque como si fuera una mercancía, la justicia se pone en las vitrinas de los tribunales de este país y aunque incomode, la justicia se vende al mejor postor, una vieja pero vigente frase.
Esta falta de justicia tiene un grave componente cuando se trata de una mujer, peor aún si esa mujer es pobre y máxime si esa mujer es indígena y pobre. Concepción Núñez Miranda lo ha expresado en varias ocasiones, ha documentado esa injusticia (Deshilando Condenadas, Bordando Libertades, 2013), en específico estudió los casos de mujeres indígenas y pobres que fueron detenidas y encarceladas en Santa María Ixcotel porque habrían cometido delitos contra la salud, se les llama “burreras”.
Muchas de estas mujeres fueron juzgadas sin un traductor que apoyara sus declaraciones, entre otras anomalías en los procesos. Por supuesto purgaron sus condenas sin que a nadie le importara, antes que a Núñez Miranda, la condición en que se encontraban esas mujeres.
Hoy en Oaxaca estamos frente a un problema que es verdaderamente vergonzoso y que además muestra que las reuniones de las organizaciones civiles pro-derechos de la mujer con el jefe del Ejecutivo y el “gabinetazo de justicia”, por el grave y creciente número del feminicidio, son sólo actos de simulación con buenos dividendos mediáticos para el Ejecutivo que se luce dando órdenes a diestra y siniestra.
La pregunta es ¿qué está pasando? ¿por qué si el gobernador Gabino Cué dispone una cosa, se hace otra? Bien claro tenemos que el Judicial es otro poder, pero también sabemos que este sistema de tres poderes distintos tiene por encima a esa especie de dios verdadero que se concentra en quien está al frente del Ejecutivo, el electo por la ciudadanía, el gobernador del Estado.
En unos días más se habrán cumplido 60 días desde que Alejandro Enrique Rivera López asesinara a sangre fría a su ex novia Dafne Denis Carreño Bengochea.
De los hechos que ocurrieron en el departamento de la víctima en la Ciudad de Oaxaca, hay testigos. Incluso, como ya lo hemos comentado, a Alejandro Enrique Rivera López lo detuvieron mientras corría con un cuchillo en la mano en plena calle y al verse acorralado se pasó el cuchillo por el cuello provocándose una herida.
Bueno, pues hasta este viernes, el agresor y presunto asesino de Dafne Denis no había declarado.
Estas son las cosas que no se pueden entender. Hay una dicotomía entre el decir y el hacer, entre el discurso y la realidad, precisamente en 2013, el año que el gobernador Cué “decretó” como el de la no violencia hacia las oaxaqueñas.
Independientemente de lo que suceda después mañana o en unos meses, esta dilación, refleja todo lo contrario a lo que el gobierno dice que va a suceder y dejan mal parado al gobernante, tal parece que su palabra como la vida en la canción del guanajuatense José Alfredo Jiménez, “no vale nada”.
Claro que el caso de Dafne no es el único, hay otros casos de feminicidio y desaparición de mujeres sin resolver, un tanto porque los asesinos no han sido detenidos y otro tanto porque los procesos se han quedado en “veremos”, esa palabra que no lleva a ninguna parte. (Por eso resulta extraordinario y bueno que el gobierno federal haya empleado “instrumentos de alta tecnología” para dar con el paradero de los niños secuestrados y mantenidos en cautiverio durante más de 100 días. ¡Qué bueno! ¿Por qué entonces no utiliza esa “alta tecnología” para encontrar a las mujeres desaparecidas en el país? ¡Ahora sí que alguien me explique!).
Como necesario es que alguien explique por qué Alejandro Enrique Rivera López no ha declarado, porque si no puede hablar, todo indica que sí puede escribir porque el resto de su cuerpo funciona perfectamente. Y ese es el reclamo que hace Zoila Bengochea Espitia, madre de Dafne, quien señala a la jueza tercera de lo Penal del Distrito Judicial del centro Betzzaida Cruz Mendoza, quien se ha negado a hacer efectiva la declaración del presunto feminicida por escrito, ante la “supuesta imposibilidad de hacerlo de forma hablada, porque se encuentra delicado de salud”, a pesar de las solicitudes hechas por la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Por ello, en conferencia de prensa, la madre de la víctima pidió que se inicie el procedimiento judicial correspondiente.
Pero la justicia está en manos de un poder patriarcal aunque quien decida sea una mujer, nada tiene de extraño eso. La acción de la jueza Cruz Mendoza hace que la sociedad ponga sobre el Tribunal Superior de Justicia bajo sospecha.
Se presume por la probable “compra de justicia” (muchos billetes) hasta posibles relaciones de parentezco entre Alejandro Rivera López, el agresor de Dafne y un alto funcionario del TSJ, como lo señalaron testigos.
Eso es lo que suena entre el pueblo y no sería un caso extraño, porque si lo hizo o hace Góngora Pimentel lo puede hacer cualquiera que tenga dinero e influencias o ambas posibilidades.
No estamos hablando de cualquier cosa. El feminicidio, ese delito autónomo que cuesta tanto trabajo entender y que tardaron años en “comprender” en el legislativo para tipificarlo, de ahí que sigan vigentes los enredos; ahora tiene con los pies para arriba a las juezas y jueces del Tribunal Superior de Justicia ¿por qué?
Porque en la hegemonía patriarcal resulta difícil de entender ¿por qué castigar el asesinato de mujeres de forma distinta al de un hombre? Una pregunta cuya respuesta sigue pareciendo imcomprensible a todas luces, tanto para quienes legislaron como para quienes ahora tienen que aplicar la ley.
En el Poder Ejecutivo las cosas no son de otra forma, ni cambian. Una cosa es “ponerse a tono” con las leyes nacionales e internacionales y otra comprometerse de verdad. Lo que sí hay es una verborrea frenética y nulas acciones concretas.
Bastaría revisar algunos dicursos pronunciados en fechas clave por el mandatario oaxaqueño y contrastarlo con la realidad, la realidad de Dafne, de Verónica, de Filogonía, de Eulalia, de Marcelina, de Elizabeth, de Yolanda, de Abigail… y de 192 mujeres más que han sido asesinadas en los 29 meses del gobierno de Cué.
Cómo explicar la gravedad del problema a quienes despachan desde sus escritorios, rodeados de guaruras, disponiendo en sus pequeños principados que tienen fecha de caducidad; cómo decirle que estos 200 asesinatos de mujeres representan un promedio de casi siete asesinadas por mes en ese lapso, la peor cifra, la cifra más catastrófica para las mujeres y más trágica para Oaxaca.
Y no es que este gobierno sea peor que el anterior, no se trata de eso, pero este gobierno de Gabino Cué es el actual responsable de la vida de las oaxaqueñas y solo por eso debío emprender acciones más allá de los discursos, esa palabrería que ya se le vacío a Gabino Cué y a su “gabinetazo de seguridad y de procuración de justicia”, que ya se le hizo trizas al titular del TSJ, Alfredo Lagunas y que de paso chotearon los 42 diputados (con sus suplentes tomando turno) porque lo que sí nos queda claro a la ciudadanía es que una cosa es decir y otra es hacer y ese dejar de hacer tiene 200 cruces sobre cuerpos inertes de mujeres, asesinadas por ser mujeres y otras tantas desaparecidas sin que nadie haga nada por ellas y sus familias, pero en general por quienes habitamos en la entidad.
MÁS DERECHOS VIOLADOS
Gabino Cué anda de malas y se le olvida el papel que tiene en estos momentos. En la audiencia del pasado jueves pidió a su jefe, director o alto (co) mando de comunicación social, Miguel Ángel Muñoz Navarro que preguntara qué estaba pasando, porque Luis Cruz Hernández le tomó varias fotografías mientras fumaba. Luego, el (co) mando de comunicación social fue hasta el fotógrafo, por cierto premiado internacionalmente en 2008, para preguntar ¿qué estaba haciendo?
La respuesta fue la esperada: Mi trabajo, contestó Cruz Hernández. Miguel Muñoz reprochó por las fotografías que le tomó al Gobernador: “cuando no lo agarras bostezando, lo tomas fumando”, dijo el empleado del gobierno estatal. Yo sólo hago mi trabajo, ratificó el fotógrafo de un diario local y corresponsal de otro que se edita en la Ciudad de México.
No conforme con la llamada de atención, de la que han hecho mutis en el gobierno estatal, ordenaron ponerle una especie de “seguidor”, en otros tiempos se decía “cola” al fotoreportero. De lo cual se dieron cuenta el resto de sus compañeros. ¿Qué pretendía el señor Muñoz? ¿Intimidar al periodista? Y todo esto pasó con la complacencia del propio Gabino Cué y dentro del recinto oficial del principado; es decir, el palacio de gobierno.
Lo otro que debería saber Gabino es que en los edificios públicos no se fuma y que si no quiere que lo vean, entonces que se esconda, no será la primera vez ¿qué fuma o que se esconda? Usted sabra.
A Gabino tampoco le gustó la pregunta de Juan Carlos Zavala, director del portal de noticias Estado20.com, y demandó que el reportero le revelara “la fuente”. Además de advertirle que él contestaba las preguntas que quería. Perdón ¿acaso no es un gobernante obligado a responder? De nueva cuenta el co-mando de comunicación social intervino diciendole al gobernante que Zavala no era reportero ¿cómo ven? Ahora resulta que Muñoz dice quien sí y quien no es periodista y a quién si se le tiene que responder y a quién no.
Tal parece que Miguel Muñoz se da atribuciones que no le competen, como el de censurar a las y los periodistas como en el caso Luis Cruz o de decirle al oído a Cué a quién si y a quién no debe responder. Eso se llama censura aquí y en cualquier otra parte del mundo.
Gabino Cué sabe para qué sirve una oficina de comunicación social, alguna vez desempeñó ese papel en el gobierno de Diódoro Carrasco Altamirano, por cierto, a propuesta de mujeres periodistas oaxaqueñas que ya estaban hartas del plagio de las entrevistas que hacía comunicación social para boletinarlas a diestra y siniestra, además de maltratos a la prensa muy parecidas a las que ahora hace Miguel Muñoz.
La prensa, la buena prensa, no está al servicio de ningún gobernante, eso lo debería saber bien el titular de comunicación social. Una pena que no sepa cuál es su “histórico” papel.
Otra que está de mal humor con la prensa es la candidata Leslie Jiménez, quien “ya le quiere dar la vuelta a la página” con el asunto del “angelito” que tiene como guarura y se molesta demasiado si alguien le pregunta del tema.
Para cualquier información –dice– ahí está su página web y las redes sociales. Si usted, como parte de la ciudadanía, no tiene facebook o tuiter ni modo ya se la perdió.
@jarquinedgar
