OAXACA, OAX., julio 11.- El procurador de Justicia, Manuel de Jesús López López aseguró que investigarán y castigarán, de ser necesario al personal de esta dependencia involucrada en certificar la muerte del presidente electo de San Agustín Amatengo, Leninger Raymundo Carballido Morales. Asimismo, aseguró que por oficio reabrieron el caso, pues el delito continúa si es que el inculpado está vivo.

En tanto, el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPC), Alberto Alonso Criollo, informó que no entregarían constancia de mayoría por las presuntas irregularidades.

“Lo que estamos haciendo es analizando todos los supuestos jurídicos y consecuencias y en su caso el juicio fraudulento que suponemos, porque las instancias de procuración de justicia han determinado la existencia de antecedentes penales y se da paso a su inegibilidad”, dijo al señalar que estarían negándole su constancia de mayoría. En tanto, el titular de la PGJE, dijo que analizarán la viabilidad de volver a darle vigencia a la orden de aprehensión, luego de que el denunciado fingió su deceso para evadir la ley, precisó el titular de la PGJE.

El procurador reconoció la intervención del Ministerio Público en algunos puntos del caso, sin embargo, existe un proceso que testifica a los involucrados. “En caso de haber responsabilidades jurídicas contra los involucrados se procederá. Pero lo que estamos viendo es la manera de que vuelva a tener vigencia así como la investigación de los delitos en las cuales haya incurrido el presidente electo, expresó.

Pues explicó que al declararse muerto el indiciado, se extinguió la acción penal, por eso, la autoridad de procuración de justicia busca la manera de retomar, “eso es lo que estamos viendo y someter a consideración del juez la viabilidad de retomar el caso”, expresó.

Aclaró que los hechos fueron denunciados en el año 2004 ante la PGJE, el proceso fue judicializado y al paso del tiempo cuando el Juez que conoció de la causa libró orden de aprehensión, fue presentada un acta de defunción que establecía el deceso del inculpado el 25 de septiembre del 2010, con lo que quedó sin efecto la orden de aprehensión porque así fue acreditado ante el juzgado.

Dijo que la PGJE abrió una averiguación de oficio para que conozcan qué delitos adicionales cometió como usar documentos falsos, falsificación de documentos y otros actos ilegales. Manuel de Jesús López negó que en otro momento hayan estado frente a un caso similar, donde una persona se haya declarado muerta para evadir la justicia.

En tanto reconoció que jueces y personal de la Procuraduría ha incurrido en la alteración de documentos. Eso sin precisar el número de personas que incurrieron en este hecho, “se han sancionado a funcionarios quienes han incurrido en alteración o falsificación de elementos pero son algunos casos”, expresó. Sin embargo, aseguró que la dependencia se encuentra en un proceso de depuración con el fin de evitar este tipo de hechos.