MUJERES Y POLÍTICA.- Con la muerte de Nelson Mandela nos queda claro que se nos van las y los grandes del siglo XX ¿habrá quien saque la casta por quienes vivimos este siglo XXI?

“La discriminación niega el ejercicio igualitario de libertades, derechos y oportunidades a cualquier persona; la excluye y la pone en desventaja para desarrollar de forma plena su vida; la coloca, además, en una situación de alta vulnerabilidad. Esa desventaja sistemática, injusta e inmerecida, provoca que quienes la padecen sean cada vez más susceptibles a ver violados sus derechos en el futuro”, así define ese fenómeno social que nos vulnera como sociedad el Consejo Nacional para la Prevenir la Discriminación (Conapred)

En días pasados la diputada Zoila José Juan, del Partido de la Revolución Democrática, acusó a una trabajadora de haberla discriminado porque no la dejó pasar al baño “exclusivo” de la diputación. El argumento de la empleada del Congreso local, una mujer mayor de edad, pero la diputada argumentó que era la segunda vez que esto ocurría, lo que valoró como un acto de discriminación por pertenecer a una etnia.

Por supuesto que causó una verdadera revuelta entre algunos diputados y diputadas luego de que la presidenta de la Comisión de Equidad y Género subiera a la tribuna para denunciar su caso, provocando que una buena parte de diputadas y diputados pidieran “castigo ejemplar” para la empleada, hasta que Fredy Gil Pineda (aunque usted no lo crea) y la diputada Natividad Díaz, del PRI y del PAN, respectivamente pidieron que se realizara una investigación y luego se tomaran acuerdos.

En verdad resultaría reprochable la acción si en efecto la diputada fue objeto de discriminación por su origen, eso ni duda cabe. Lo que resulta chocante es que se utilice la tribuna para denunciar hechos tan cotidianos en Oaxaca que desafortunadamente no alcanzan ninguna tribuna, aunque se ventilen todos los días en la prensa local.

La diputada Zoila José Juan, actual presidenta de la Comisión de Equidad y Género, en los próximos tres años escuchará una serie de actos de discriminación y violación a los derechos humanos de las mujeres a quienes tendrá que dar respuestas concretas y claras para evitar que éstas queden en la impunidad total, como hasta hoy sucede en la administración que pomposamente se autonombra de los derechos humanos.

Y aunque hay asuntos que ya no le tocaron, porque acaba de asumir este cargo de elección popular, tendrá que hacer algo concreto, pronto y con resultados para terminar con acciones que de manera permanente muestran la nula o poca importancia que para el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial tienen los hechos de violencia de género contra las mujeres.

El recuento en este sentido es largo y los hemos repetido hasta el cansancio. Hoy sigue en la picota el caso, por ejemplo, de Yeniffer Mirna Barroso Rodríguez, quien entre otras cosas ha sido notificada por la segunda sala de Primera Instancia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, que “se declara la nulidad lisa y llana de la resolución de 26 de octubre de 2012…”. ¿Qué significa? bueno que el despido de Yeniffer Mirna Barroso Rodríguez, porque supuestamente no cumplió con los requisitos de control de confianza y que fue sometida a un “consejo de honor” de la Comisión de Carrera policial del Consejo Estatal de Desarrollo Policial de la Secretaría de Seguridad Pública en la fecha antes citadas, queda sin efecto alguno.

Esta es una resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado que tiene detrás, a decir de Yeniffer Mirna Barroso Rodríguez, una historia negra de violaciones a sus derechos humanos que empezó justamente con actos de discriminación por parte de compañeros de trabajo.

Cuando Barroso Rodríguez cansada de las vejaciones que de ella hacían, por el hecho de iniciar sus labores en la dependencia en el sexenio anterior, vejaciones y humillaciones que buscaban que renunciara para que otra persona ocupara la plaza, acudió ante el titular de Seguridad Pública, el mismísimo Marco Tulio López Escamilla, quien le garantizó que tendría “justicia”. Sin embargo, apunta la justicia se volvió en su contra y las agresiones continuaron hasta pedirle su renuncia argumentando que no había pasado los exámenes de control o mejor dicho no había permitido que le aplicaran “un examen médico” en una clínica particular donde dos sujetos que distaban mucho de ser médicos le pidieron que se desnudara totalmente, apunta la afectada.

Ella -que es una persona de “carácter difícil”, como la han catalogado dentro de la institución en una especie de defensa personal que no institucional-, señaló que no renunciaría y contrario a lo que los “jefes” esperaban convocó a una conferencia de prensa y anunció que se mantendría en huelga de hambre. La conducta inusual e insumisa fue suficiente para que algunas personas la cataloguen como “protagonista y un poco afectada de sus facultades mentales”. Esa fue una tarde infernal –narra- porque fue incluso amenazada por un alto funcionario; el Instituto de la Mujer Oaxaqueña envió a una psicóloga, porque Seguridad Pública pedía que fuera valorada, pues no consideraba “normal” su reacción luego de que le informaran que había sido despedida y que era necesario que firmara su renuncia. La psicóloga del IMO le informó que su caso estaba perdido y que no veía razón para asumir esa actitud, que firmara. Como dicen por ahí “con esas instituciones para qué queremos enemigos las mujeres”.

Cuando la prensa se retiró del lugar, en las oficinas de Seguridad Pública, la empleada fue notificada que sería detenida “por el delito de usurpación de funciones y por portar el uniforme de la policía”. En el primer caso no había pruebas escritas sobre la posible usurpación de funciones y sobre el uniforme éste debía portarlo por orden de sus jefes.

Como se resistió al arresto fue golpeada en varias ocasiones, lesiones que están certificadas. Fue trasladada a los separos de la policía municipal, lo que hasta hoy nadie se explica. Por la madrugada le notificaron que sería trasladada a la Policía Ministerial lo que sucedió a las 06.00 horas y finalmente liberada 12 horas más tarde.

Yeniffer Mirna Barroso Rodríguez, quien unos meses antes había tenido un parto gemelar, fue mantenida sin probar alimentos ni agua. Días mas tarde el “consejo de honor” le notificó que estaba despedida, hechos que ocurrieron el 26 de octubre de 2012, y que ahora nulifica en una resolución el Tribunal de la Contencioso Administrativo.

Por supuesto que aún cuando este Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha resuelto la nulidad de la resolución del 26 de octubre de 2012 emitida por la Comisión de Carrera Policial del Consejo Estatal de Desarrollo Policial de la Secretaría de Seguridad Pública “de forma lisa y llana”, aún hay mucho que hacer sobre este caso porque esta mujer no solo fue humillada, detenida arbitrariamente y despedida sin justificación como ya demostró, sino porque queda pendiente el resarcimiento de daños, sueldos caídos y trabajo, y reparar eso que todavía nos falta mucho que se llaman sus derechos humanos que –dicho sea de paso- con bombo y platillo conmemorará la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca este 10 de diciembre, aún cuando en este caso y otros muchos el señor Arturo Peimbert la hizo del tío Lolo…

Estos son los casos importantes que deben preocupar a quienes integran la LXII Legislatura no el hecho concreto de confusión que provocó una empleada mayor de 60 años, también indígena, como casi todas las y los que nacimos en Oaxaca, al impedir el paso a la diputada Zoila José Juan “al baño exclusivo de diputadas”, una confusión que tiene que ver con nuestra formación y la idea de “personas en el poder” que tenemos basados en la colonización y el vasallaje del que fuimos y somos objeto socialmente.

Lo que sí es discriminación con respecto al resto de la ciudadanía es el hecho de que haya un baño exclusivo para diputadas y diputados. Si eso no existiera la diputada Zoila José Juan se habría ahorrado el disgusto y otras y otros legisladores el derroche de saliva exigiendo castigo ejemplar, sí como lo leen, castigo ejemplar para la empleada quien como se ha dicho solo obedece instrucciones y confundió a la legisladora con una persona “sin curul, sin poder” y por tanto sin derecho a realizar sus necesidades fisiológicas en un baño “exclusivo”.

Pero la ociosidad parece ser el mal en el Congreso, donde las nimiedades los mantienen ocupados y los ciega a ver la realidad de Oaxaca. Otro caso es la aprobación para poner en “letras doradas” el nombre del Ejército Nacional en una de las paredes del congreso. ¿De quién fue tan brillante idea? Pues nada más ni nada menos que de los integrantes de la Junta de Coordinación Política del último año de la anterior legislatura, entonces presidida por el ahora titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Alejandro López Jarquín, ex diputado del PRD. Propuesta que se había quedado guardada pero que otro brillante neo perredista retomó y sacó del cajón, nada más ni nada menos que el “perredista” Jaime Bolaños Cacho.

Eso podría explicar los hechos. A estos “perredistas” se les olvidó las fechorías cometidas por elementos del Ejército contra mujeres y hombres indígenas. Algunos casos concretos ocurridos en Chiapas, Oaxaca (Loxicha y Triquis), Michoacán, Baja California, Coahuila, Veracruz, Chihuahua, las y los jóvenes en Tlatelolco 68, parte de las y los desaparecidos actuales…pero claro no saben historia y no tienen ningún compromiso social con la población.

Mucho le agradecerá la ciudadanía a los 42 diputados y diputadas de la LXII Legislatura ponerse a trabajar en serio por Oaxaca.

@jarquinedgar