Si en el 2012, con el regreso del PRI a la presidencia de la República, se vaticinaba con cierto sentido común su recomposición en buena parte del territorio nacional y la recuperación que este partido podría realizar de los espacios perdidos, entre ellos el de Oaxaca, en el momento actual no se puede asegurar tal cosa.

Para las elecciones intermedias del año 2015, prácticamente es un hecho que todos los partidos llegan desacreditados. Distintas encuestas, incluido el Informe País sobre la calidad de ciudadanía en México, revelan que la desconfianza de los ciudadanos se extiende del sistema electoral a los legisladores y a los gobiernos de los tres ámbitos.

De esta manera el alto abstencionismo que se prevé no sería culpa de ciudadanos apáticos y desinteresados en hacer valer su voto, sino de la corrupción que transpira el costoso e ineficiente sistema electoral y de partidos, así como de la ineptitud de los gobernantes, de sus complicidades y sumisiones con grupos de intereses privados.

Los ejemplos sobran a lo largo y ancho de la geografía mexicana. Algunos analistas consideran que los flancos débiles del régimen político se encuentran en los municipios y en los gobiernos estatales, sin embargo esa debilidad podría atribuirse a la historia del excesivo centralismo que padecemos, pues es desde el centro donde emanan los indicios de mayor corrupción.

La situación es grave, ya que tan solo a dos años de haber iniciado, el gobierno de Enrique Peña Nieto se encuentra reprobado. Según encuestas ciudadanas realizadas por los diarios Reforma y el Universal, la proporción de desaprobación del gobierno federal es de 58 por ciento y 50 por ciento, respectivamente. Una proporción más alta de ciudadanos, más del 60 por ciento, identifica que el rumbo del país no es el adecuado.

De manera particular el foco de la desconfianza ciudadana se dirige a los aparatos de seguridad pública, particularmente a la policía, debido a la incidencia e infiltración de organizaciones criminales en las instituciones, lo cual ha sido admitido por parte de las propias autoridades, en una situación inédita en la historia del país.

Además, en la valoración de datos duros, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2014, elaborado por Transparencia Internacional, México se coloca en la última posición (34 de 34) de entre los países miembros de la OCDE, pues señala que hay “una amplia brecha entre México y las principales economías con las que comercia y compite; es el país con la puntuación más baja entre todos los países de la OCDE -que agrupa a las economías más desarrolladas del mundo” (El Economista 5/12/14).

En este contexto de descrédito de la política nacional ¿Cómo podríamos valorar al gobierno del Estado de Oaxaca después de cuatro años de haber iniciado? ¿Qué tanto ha cumplido las expectativas de los ciudadanos que le otorgaron su voto en las elecciones del 2010? ¿De qué manera incide y podría seguir incidiendo la correlación de fuerzas políticas a nivel nacional en su desempeño? ¿Qué falta por hacer?

Se ha dicho mucho que la tónica del gobierno estatal ha sido el reparto de cuotas, que ha beneficiado a camarillas, que no hay diferencia entre el gobierno de la alternancia y sus antecesores priistas.

También se ha mencionado que existen corrientes del PRI que operan desde el gobierno de la presunta oposición y que desde esa plataforma se prepara el regreso del viejo partido.

La sospecha de la continuidad y las simulaciones del gobierno de alternancia también desalientan las expectativas de votar para lograr cambios ¿para qué o por quién votamos si finalmente vemos las mismas corruptelas en quienes tienen los cargos públicos?

Tal parece que el PRI ha dejado escuela en las alternancias; las prácticas clientelares entre las burocracias de partidos y organizaciones con sus seguidores se multiplican.

Para muestra basta observar la composición de todas las dirigencias locales de los partidos políticos. En la búsqueda de algo decente no hay para donde voltear; los posibles candidatos provocan desconfianza y enojo, sobre todo si consideramos que son los mismos responsables del desastre de la política oaxaqueña y que sus prácticas son idénticas entre unos y otros.

En un ejercicio de optimismo y buena fe se podría pensar que hay algunos atisbos positivos en el gobierno del cambio con la participación de representantes ciudadanos en consejos consultivos, pero esto no ha pasado del nivel de la formalización y de las buenas intenciones, puesto que al interior del aparato se siguen reproduciendo las prácticas tradicionales de la burocracia.

Tampoco es fácil el regreso del PRI a Oaxaca, aunque ello no tiene que ver con el buen desempeño del identificado como gobierno estatal del cambio, sino por el terremoto político provocado por la crisis humanitaria de Ayotzinapa.

Además, por los escándalos de corrupción, incompetencia y frivolidad que han trascendido desde la casa presidencial y que han caído como cascada, arrastrando indicios de otros abusos en diferentes proporciones y niveles.

La crisis humanitaria no se quedó en Iguala, aún cuando sus resonancias mediáticas se vayan apagando; esta tragedia ha resquebrajado las estructuras institucionales de los tres ámbitos de gobierno.

El asunto ha generado movimientos inesperados erosionando la política nacional. Como un cristal hecho pedazos, aunque se peguen las piezas no volverá a quedar igual.

La gran lección sería entonces comprender la vulnerabilidad de los gobiernos ante los distintos grupos de poder fáctico.

Prácticamente, se ha perdido la inocencia de creer que vivíamos en una democracia.

*Investigador del IISUABJO

sociologouam@yahoo.com.mx