¿Hemos tocado fondo en la crisis del sistema de seguridad? Al parecer no. La violencia registrada este primero de mayo que involucró a grupos delincuenciales, policías y militares en Jalisco, Colima y Guanajuato con saldo de siete muertos, más de 20 heridos y múltiples daños materiales, se suma a la espiral de violencia que viene por lo menos desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

La estadística registra más de 120 mil muertos desde ese periodo y hasta la fecha. Entre los últimos acontecimientos se registran las  ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, y en el remate de estas tragedias, las ejecuciones de Apatzingán de enero del presente año, por mencionar algunos casos.

La ausencia del estado de derecho se revela ante el descubrimiento de fosas clandestinas con cientos de cuerpos no identificados en diferentes lugares del país, en el aumento de los feminicidios, de los atentados en contra de luchadores sociales y de periodistas críticos.

La inseguridad y la falta de justicia no solo es asunto de percepción de los ciudadanos. El pasado 28 de abril, el Centro de Investigación y Docencia Económica entregó al Presidente de la República el Informe y propuestas sobre justicia cotidiana en México, en donde se señaló, entre otras cosas, que “la justicia sólo avanza si hay sobornos”, y que la procuración y la impartición de justicia en México enfrentan una situación de desastre que hace cuestionable la existencia de un estado de derecho (La Jornada 28/05/15).

El informe es producto de Foros de consulta temáticos y especializados en los que participaron más de 400 expertos de 17 instituciones entre las que destacan, la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, entre otros.

Según el boletín de la propia presidencia del mismo día, Peña Nieto admitió que la justicia cotidiana está rezagada, y en muchos casos rebasada; “en la práctica, esta justicia suele ser excluyente, lenta, compleja y costosa, lo que provoca que la mayoría de los mexicanos no accedan a ella o queden insatisfechos con sus resultados”.

En esta dimensión, la crisis del sistema de seguridad pública y de derechos humanos, se observa el aumento de la criminalidad y de la impunidad; el surgimiento de los grupos de autodefensa que emergen en diversas regiones del país ante la incapacidad del Estado mexicano para proteger a sus pobladores, así como el aumento de la búsqueda de justicia por propia mano ante un sistema de seguridad que genera terror.

En este ambiente de descomposición, las  expresiones de protesta se multiplican en espacios públicos, en las plazas, en las calles; en la toma de oficinas gubernamentales y edificios públicos o instituciones privadas.

Los actores son diferentes y los motivos también; concurren expresiones de protesta legítima hasta la presencia de grupos de choque identificados con intereses caciquiles; hay quienes se manifiestan de manera pacífica, hasta quienes buscan la confrontación como parte de su estrategia.

Por no ir más lejos podemos identificar las disputas entre las mafias del transporte vinculadas a lo que fue el viejo partido de estado, que también han salido a tomar las calles y a realizar actos vandálicos en un hecho reciente ocurrido en la capital de Oaxaca.

Del boletín de la Presidencia (28/05/15) se recupera la afirmación de Peña Nieto de que “para que los mexicanos vivan en un verdadero estado de derecho, el derecho debe estar al servicio de los mexicanos”.

Pero el hecho es que el estado de derecho en México está lejos de ser efectivo; su sistema de seguridad y de procuración de justicia se encuentra en crisis.

El estado es quien debería garantizar la seguridad y coadyuvar en la construcción de ciudadanía y democracia, pero en contraposición a ello lo que observamos es un telón de impunidad, donde los partidos políticos y las instituciones electorales muestran sus expresiones facciosas, arreglos y complicidades para alcanzar beneficios económicos y más cuotas de poder: en no pocas ocasiones, en la elección de gobernantes y legisladores con vínculos con organizaciones criminales.

La debilidad de la justicia mexicana no es ninguna novedad; la desconfianza hacia partidos políticos e instituciones de seguridad e impartición de justicia, ha sido documentado en las distintas ediciones de la Encuesta Nacional de Cultura Política, subvencionadas por la Secretaría de Gobernación,  y de manera reciente, por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE) y el Informe País sobre Calidad de la Democracia.

En momentos críticos como el que vivimos resulta relevante seguir abriendo espacios de información y análisis, desde perspectivas críticas y de pluralidad.

Así tenemos el Seminario “Elecciones, Ciudadanía y Crisis Política”, en el que participa el Instituto de Investigaciones Sociales de la UABJO,  Educa, A.C. y el Capítulo Oaxaca de la Asociación Mexicana por el Derecho a la Información (AMEDI).

Pero es claro que aún hace falta la apertura de más espacios ciudadanos.

*Investigador del IISUABJO
sociologouam@yahoo.com.mx