Cuando aún no se disipa en el ambiente de los valles de Oaxaca la evaporación de los más de 104 millones de pesos erogados en la construcción de la velaría del auditorio Guelaguetza, de lo cual apenas quedan algunos fierros inutilizados como recuerdo de uno de los últimos negocios del pasado gobierno priista, el actual de gobierno de la alternancia marca una nueva huella en materia de negocios: el centro de convenciones.
El proyecto “va con todo”, dice el gobernador Cué, y así recibe ovaciones de esa extraña mezcla de funcionarios-empresarios, una modalidad de servidores públicos que trabajan para sus intereses privados, y organizaciones vinculadas al PRI afiliadas a la CTM, con la mítica idea de que la inversión generará mayor atracción turística, más empleos y garantizará el despegue económico de Oaxaca.
Más bien podría tratarse del despegue económico de unas cuantas familias. Si una palabra sintetiza la nueva maniobra gubernamental, ésta es el despojo. Se trata del despojo de un bien común de los oaxaqueños ante la mercantilización de dicho espacio y su usufructo para unos cuantos.
¿La factibilidad? Eso no depende de la obra, sino de la creación de condiciones sociales y políticas favorables para la misma, condiciones que el actual grupo gobernante no está haciendo por crear, por el contrario, con esta acción destruye un espacio protegido, un patrimonio natural, y atenta contra el derecho de todos los oaxaqueños a decidir sobre sus espacios.
La muestra es que ha institucionalizado el chantaje, al grado que quienes presionan para que la obra se realice son los viejos grupos de poder.
Al parecer la alternancia regresa a su verdadera raíz, el PRI. La idea de que se trataba de un gobierno progresista, que prometía proximidad y diálogo con la sociedad ha sido arrastrada por los mismos vientos que se llevaron las lonas del auditorio y el presupuesto de los oaxaqueños.
En la trama de enredos y conflictos políticos heredados de antiguos gobiernos se suma la incompetencia y corto alcance del actual gobierno, porque no hay que ser muy avezado para prever que los bloqueos no terminarán y que los esperados convencionistas tampoco se acercarán ni remotamente a organizar un sólo evento en ese lugar, por la simple y sencilla razón de que no hay garantías políticas para su realización.
La incertidumbre ante los bloqueos aguafiestas evitará que los calculadores inversionistas eviten el lugar, pues es claro que los viejos problemas sociales y políticos no se han resuelto, y con la actitud del gobierno actual, tampoco se resolverán, sino que se harán más intensos.
Cabe entonces la pregunta ¿se está haciendo algo para desactivar inconformidades y protestas? No. Por el contrario, la imposición genera más rechazo y, de paso, desnuda la inutilidad de los presuntos logros de la alternancia entre los que se puede mencionar la Ley de Participación Ciudadana; la imposición declara la defunción de dicha ley en manos de la avaricia de unos cuantos. Pura letra muerta de los instrumentos participativos y de consulta.
Si se trata de rescatar los bienes públicos para alentar la inversión y el atractivo turístico de Oaxaca, podría empezarse atendiendo uno de los consejos del maestro Francisco Toledo, como por ejemplo la recuperación del privatizado ex convento de Santa Catalina de Siena, que se encuentra dedicado al enriquecimiento de los dueños de la cadena de hoteles Quinta Real, para que ese espacio regrese a los oaxaqueños.
Seguramente eso no ocurrirá porque es claro que los gobernantes trabajan para el beneficio de los sectores con mayor poder económico. Los empleos prometidos, si acaso, son de personal de servicio de limpieza con raquíticos salarios expuestos a la discriminación y a la explotación.
El uso mercantil de los espacios que deberían ser públicos desnuda el carácter representativo gubernamental. No hay representación popular más que de grupos de poder, en un asunto tan importante que ni siquiera ha merecido la atención del Cabildo de la capital oaxaqueña y de su munícipe priista (Noticias, 20/06/15). Simple y llanamente no entienden el asunto ni representan los intereses de la sociedad.
La defensa del Cerro del Fortín ante su mercantilización no es poca cosa. Así podría entenderse mejor la constitución del Frente por la Defensa del Cerro del Fortín en el que participan comités vecinales, colegios de profesionistas, ambientalistas y el Patronato Pro Defensa del Patrimonio Natural y Cultural del estado de Oaxaca (Pro-Oax).
Ante ello, es pertinente preguntar si acaso existe disposición política para el diálogo, para una comunicación distinta entre gobierno y sociedad como propone el maestro Toledo, para hacer política de la buena, con sensibilidad social o, por el contrario, prevalece la lógica de la imposición y la violencia como en los viejos tiempos del autoritarismo, que pensamos que era cosa del pasado.
El nuevo despilfarro ocurre en momentos en que persiste el tufo del fraude y la impunidad ante la velaría. Los oaxaqueños no merecemos otro error.