+ Acuerdos “perniciosos” de partidos degradan a la clase política, advierten

+ Larga lista de faltas a la Constitución representan una ofensa para la ciudadanía, lamentan

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 6.- El incumplimiento de los plazos constitucionales para el diseño y aprobación de leyes y reformas legales en el Congreso de la Unión deben ser sancionados “con rigor y de manera ejemplar”, demandan constitucionalista y legisladores federales.

Advirtieron que anteponer los acuerdos y negociaciones secretas de los partidos políticos en el Poder Legislativo por encima de la Constitución resulta “altamente pernicioso” y hacen cada vez “más decadente a la clase en el poder”, que convierte el trabajo parlamentario en “una farsa y un engaño para la sociedad”.

Tan sólo en las últimas tres legislaturas –hace nueve años- se registraron por los menos 10 casos de incumplimiento de los plazos constitucionales y nada pasó.

“Hacen lo que quieren con las leyes; su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución es un mero formalismo, una tomadura de pelo y una burla para la sociedad mexicana. Es indispensable establecer sanciones y mecanismos para hacer que los legisladores sean responsables, pero es algo prácticamente imposible por ellos hacen las reglas a su modo para facilitar sus acuerdos por encima de la ley”, expone la doctora en Derecho Constitucional e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pilar Hernández Martínez.

“En acuerdos perniciosos, ellos mismos generan los ´hoyos negros´ en la ley para facilitar sus intereses electorales, beneficiarse en los tiempos y en sus negocios en los sectores que impactan las leyes, y eso ha causado la decepción y el descrédito de la clase política”, añade.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, el jurista Daniel Ordóñez Hernández, admite que “es y será necesario buscar maneras para hacer que el Congreso, los partidos y sus legisladores sean más responsables y respetuosos de la ley y de la ciudadanía a la que representan”. “Los intereses electorales de los partidos no pueden ni deben estar por encima de la gente y de sus necesidades”.

“Es posible y es conveniente hacerlo, pero difícil porque los partidos no se pondrá un candado ni una soga al cuello. En el Congreso se considera que es menor el costo político posponer una ley por encimas de la Constitución, que aprobar una reforma o un nombramiento de prisa y sin consenso”, explicó el legislador del PRD.

Además del más reciente caso de la Ley Federal de Transparencia –que debió aprobarse desde el 7 de febrero del 2015 el Senado de la República, y que se aprobó hasta noviembre de ese mismo año por senadores, y luego hasta abril de este 2016 en la Cámara de Diputados- un caso ejemplar y de mayor antigüedad es el de la ley para reglamentar la Propaganda Gubernamental, que lleva ocho años y medio de retraso, pues debió estar aprobada desde noviembre del 2008.

Otros casos que siguen sin cumplir son el nombramiento del contralor interno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), que lleva un retraso de tres años y 5 meses; nombramiento del Contralor de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que lleva también tres años ocho meses de espera; el de la Ley General de Aguas tendría que haber sido votada por las dos Cámaras hace tres años y tres meses.

La institución más castigada por los desacuerdos en el Congreso de la Unión ha sido el Instituto Nacional Electoral (INE), además del retraso para la designación también de su Contralor Interno, ha tenido un retraso en cuatro ocasiones para la designación a tiempo de sus consejeros electorales.

Los momentos más críticos para el entonces IFE, hoy INE, fueron en el 2010, cuando diputados tardaron un año y un mes para hacer el nombramiento; y en el 2013, cuando se dejaron pasar 13 meses antes del nombramiento de los actuales consejeros del Instituto Nacional Electoral.

Incluso hoy, en medio del debate en torno a las leyes de transparencia y anticorrupción, no tienen pendiente también la designación del Contralor Interno del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).

Casos en los que incumplieron la Constitución:

– Ley Federal de Transparencia (2015)

-Ley de Propaganda Gubernamental (2008)

-Ley General de Aguas (2013)

-Nombramiento del Contralor Interno del Ifetel (2013)

-Nombramiento del Contralor de la Cofece (2013)

-Nombramientos de consejeros del IFE-INE (2010 y 2013)

-Nombramiento del Contralor Interno del INAI (2014)

-Ley General del Sistema Nacional de Archivos (2015)

-Ley de Registros Públicos Inmobiliarios (2014)

-Ley de Trata de Personas (2012)