Cienfuegos dijo que regresaría a los cuarteles si los mexicanos lo quieren, pero también pidió regularizar sus tareas.
En un extraño ejercicio retórico, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, dijo el 8 de diciembre que si los mexicanos quieren que los militares se regresen a los cuarteles lo harían inmediato; de otra manera que se regule su participación nacional en tareas de seguridad, para llevarlas a cabo en el marco de la ley. O sea no quieren, pero si quieren.
De ahí en adelante ocurrió una cauda de declaraciones que envuelven a la petición del presidente de la República de noviembre pasado, de hacer reformas que permitan regular la participación de las fuerzas armadas de México mediante una Ley de Seguridad Interna, para garantizar su participación sin problemas.
Ese día lo dijo así el general Cienfuegos: “Nosotros no pedimos estar ahí, no nos sentimos a gusto, no estudiamos para perseguir delincuentes, nuestra función es otra y se está desnaturalizando (…) a diez años de que ‘oficialmente’ las fuerzas armadas participan en la lucha contra la delincuencia, las policías estatales y municipales no se han reconstruido y no cumplen con sus obligaciones…”
Y como quien no quiere la cosa, deslizó su aspiración final: “…Las fuerzas armadas requieren un marco legal que dé certeza a su actuación, tarea que le corresponde impulsar a la Secretaría de Gobernación ante el Poder Legislativo.
“Los niveles de inseguridad en el país no son asuntos que se puedan resolver a balazos. (…) El nuevo sistema de justicia penal no ha funcionado como es debido, pues no mantiene en la cárcel a quienes hacen daño a la sociedad…”
Y de inmediato los senadores priístas comenzaron a empujar hacia un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso Mexicano para estudiar y quieren aprobar en menos de diez días la famosa Ley de Seguridad Interna que podría regular la participación del Ejército Mexicano así como de la Marina Nacional en tareas de seguridad.
El problema está en que queda claro que la seguridad interna del país es responsabilidad del gobierno federal, de los gobiernos estatales y municipales mediante cuerpos de seguridad policiaca y de inteligencia civiles. Pero en vista de que muchísimos de los integrantes de estas corporaciones están coludidos con el crimen organizado y se les ha perdido la confianza para garantizar su responsabilidad legal, se ha tenido que acudir a las fuerzas castrenses del país.
El gobierno federal y en especial la secretaría de Gobernación, se ha atenido a la participación de los militares para hacer tareas de inteligencia, seguridad, resguardo, detención y contraataque. Y, por lo mismo, han dejado de capacitar y limpiar, corregir y castigar a policías-delincuentes para dejar que los militares hagan esas tareas; y les ha costado muy caro.
En diez años de participación, han muerto 498 militares: 246 soldados en enfrentamientos, 252 murieron en accidentes diferentes y 403 heridos graves. Según datos de la misma SEDENA, por cada 100 presuntos delincuentes que perdieron la vida, fallecieron 12 soldados.
Pero al mismo tiempo, en estos diez años la SEDENA reportó que 389 soldados fueron implicados en algún proceso por presuntas conductas ilícitas relacionadas con violaciones a los derechos humanos; formalmente ha habido 123 recomendaciones y 10,089 quejas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Es esto es lo que hace a que tanto el presidente de la República como el general de división Cienfuegos, busquen que su participación en todo ese desastre en el que se ha convertido México, sea visto dentro de lo regulado y no como un invitado a una guerra, que no es su guerra.
Así que lo mejor es –según el presidente Enrique Peña Nieto, el Partido Revolucionario Institucional y sus representantes en el Congreso mexicano- reglamentar esta participación y dejarlos que hagan la tarea de resguardo social mediante la Ley de Seguridad Interna.
Se dice que esta intervención militar es ‘mientras se dan las condiciones y se regularice la situación’ lo que puede ser mucho tiempo dadas las circunstancias actuales de falta de policía confiable, capaz, transparente y digna. Esto tiene un alto costo para el país no sólo en lo económicos, sino también en seguridad nacional mientras el Ejército se ocupe de estos asuntos
El gobierno federal mexicano, ciertamente, “hizo concha” y se sintió tranquilo y seguro al enviar a las fuerzas armadas a las calles del país, pero ‘desnaturalizó’ al cuerpo militar mexicano.
¿Pero quieren los mexicanos al Ejército fuera de los cuárteles y verlos como policías? La impresión es de que no. No los quieren fuera y sí en los cuarteles.
Durante muchos años a las fuerzas armadas de México se les veía como una institución príncipe; una institución transparente, firme, leal, inmarcesible frente a avatares que amenazaran a la integridad nacional y a los mexicanos. Ya no.
¿Cómo formar policías de alto calado, dignos y confiables? Esa es tarea de gobierno y de gobernabilidad y corresponde al gobierno federal, como a los gobiernos estatales y municipales conseguirlo. Y urge. Ya. Los militares tienen un espacio natural, que sea ese su espacio.
Tomado de La Silla Rota: http://lasillarota.com/ejercito-en-las-calles-si-o-no/Joel-Hernndez-Santiago#.WFQYIVzILYZ
