La vorágine de información que fluye diariamente en medios de comunicación sobre la vida política y los asuntos públicos del país y del mundo, provocó que pasara un poco inadvertida la reciente aprobación en lo general y en lo particular del dictamen que expide la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en la Cámara de Diputados. La iniciativa que da paso a esta ley fue propuesta por la bancada de MORENA y fue votada por 395 legisladores, el pasado 29 de septiembre. No se tuvo ningún voto en contra.
Esta ley responde a una demanda que desde hace varias décadas han venido planteando miles de víctimas que a lo largo y ancho del país han tenido que dejar sus casas y comunidades, sobre todo rurales e indígenas, para huir principalmente de la violencia del crimen organizado.
El Desplazamiento Interno Forzado data de los años setenta del siglo pasado, cuando el Estado mexicano emprendió la guerra sucia contra los luchadores sociales, pero se incrementó exponencialmente en el sexenio de Felipe Calderón, en el marco de su fallida y simulada guerra contra el narcotráfico.
En esta ley se reconocen por primera vez a nivel nacional, los derechos de las personas desplazadas, además de que establece atribuciones y competencias entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y los organismos autónomos para prevenir, atender, proteger y, sobre todo, generar soluciones duraderas para resolver este fenómeno.
La ley establece por primera vez la creación del Registro Nacional de Personas Desplazadas. Este registro será un paso altamente significativo, pues hasta el momento no existe una cifra oficial confiable a nivel nacional que nos permita saber con certeza el número de víctimas que han sido desplazadas de sus comunidades y sus territorios. Según la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), se pueden contabilizar al menos 346 mil personas desplazadas en este momento en el país.
La nueva legislación también establece la creación de un fondo para la atención integral de los casos de desplazamiento. Además, parte de una perspectiva integral, pues reconoce las múltiples causas que pueden generar el desplazamiento forzado: conflictos armados, violencia familiar, discriminación, xenofobia, intolerancia religiosa, desastres naturales o emergencias sanitarias.
La aprobación de esta ley es un paso fundamental en la agenda de derechos humanos de nuestro país. Sin duda era más que necesaria, urgente. Pero más importante que su aprobación es que da el fundamento para construir una política pública en materia de desplazamiento forzado interno que cuente con datos, indicadores, estrategias y soluciones culturalmente pertinentes para este fenómeno social, que se ha convertido en uno de los grandes problemas nacionales heredados por cuatro décadas de corrupción, neoliberalismo y narco-gobierno.
*Etnólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), maestro y doctor en Desarrollo Rural por la UAM-Xochimilco, investigador titular C de tiempo completo del Instituto Nacional de Antropología Historia (INAH).
