La pregunta clave para el TEPJF


Utopía

+ Al general y posdoctor José Francisco Gallardo Rodríguez en la hora final.

Los que demasiado temprano festejan el polémico fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consistente en la cancelación de las candidaturas a gobernador de Félix Salgado Macedonio para Guerrero y Raúl Morón Orozco para Michoacán, escupen al cielo debido a que la legitimidad e incluso la credibilidad del máximo tribunal eleccionario son las principales dañadas en vísperas de unos comicios trascendentes por la disputa de la mayoría de la Cámara de Diputados, los muchos espacios en juego y un robusto padrón. Más todavía cuando el árbitro, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y su presidente Lorenzo Córdova, así como su aliado Ciro Murayama, son señalados como parciales por voces disímbolas, más allá de la coalición gobernante.

También debiera contemplarse el efecto positivo que tendrá en las urnas desempeñar el difícil pero ventajoso papel de partido agraviado, por Morena y sus dos nuevos candidatos en ambos estados y el país, de allí el pertinente llamado de Mario Delgado, presunto responsable de la no entrega oportuna de los informes de gastos por 14 mil pesos en el caso de Morón y 19 mil de Salgado.

Con todo, la pregunta clave es qué condujo a los integrantes del TEPJF a negarse a sí mismos, a contradecirse de manera frontal entre lo que postularon el 9 de abril y la decisión del llamado martes negro para el presidente Andrés Manuel y la 4T.

En el comunicado difundido por el Tribunal en torno a las sanciones que impuso el INE contra Salgado y Morón por no reportar gastos de precampaña, determinó que dicha falta implica la imposición de una multa al partido, pero consideró que la cancelación de registro de los precandidatos “resulta constitucionalmente desproporcional, pues su aplicación automática restringe el derecho a ser votado”.

De juzgar constitucionalmente desproporcional el castigo que acordó el INE, el Tribunal pasó en menos de tres semanas a aplicar la pena máxima porque el guerrerense actuó “de manera dolosa y deliberada” y el michoacano habría “incurrido en conducta dolosa al entregar su informe cuando el INE ya había concluido la revisión de los reportes de gastos de precampaña”.

¿Qué sucedió para que se produjera tal viraje del TEPJF? No lo sé y los opinócratas del oligopolio mediático –dictadura, la llaman en Suramérica– tampoco aportan gran cosa que no sean conjeturas. Como Raymundo Riva Palacio quien sostiene que el “avasallamiento” (Avasallar: “Sujetar, rendir o someter a obediencia. Hacerse súbdito o vasallo de algún rey o señor”) de López Obrador sobre el TEPJF y el INE, de los órganos autónomos, obligó a los magistrados a poner un “hasta aquí”. Y Sergio Sarmiento y hasta René Delgado le hicieron segunda al profesional de las voladas (fake news). “Olvidan” que los dueños de Televisa presumían en 2012-14 que nombraron a Enrique Peña como presidente de México. Esa era la “autonomía” del INE y otros de los órganos autónomos que tanto defienden los intelectuales orgánicos, incluidos Denise Maerker y Genaro Lozano.

Conocedor a detalle de tales prácticas de brutal y autoritaria simulación, resulta harto plausible el llamado presidencial a “que no se desanimen y al mismo tiempo que no se exalten, hay que actuar con la cabeza fría, aunque se tenga el corazón caliente. En la lucha por la democracia se tienen que enfrentar muchos obstáculos y hay que aprender a evadir el acoso y la provocación”; ciertamente.


Eduardo Ibarra Aguirre

Es autor de Utopía. Coordinador del Grupo María Cristina. Perseguido por la Sedena (1993-2002) por difundir la propuesta del ombudsman militar. Demandante laboral del CEN del PRI (1992-93). Editor de Forum en Línea desde diciembre de 1993. Redactor de cinco libros y coautor de ocho. Corresponsal en Moscú (1977-79) y becario en Berlín (1967-68).