+ Un soplón, un preso y un posible prófugo, es el resultado hasta ahora del caso Odebrecht. Pero ni un peso de los 4 mil 200 mdp ha sido recuperado por el fraude.
Ciudad de México. 25 de agosto de 2021.- Después de 5 años, la Fiscalía General de la República (FGR) decidió actuar con respecto al famoso caso Odebrecht, conocido como uno de los casos de corrupción más grandes en la historia reciente, que estalló en varios países de América Latina entre 2014 y 2016.
A un año de la primera orden de aprehensión en México, hoy comienzan a citar a los políticos involucrados en el caso que han sido delatados por a quien ahora muchos comparan con “Judas”.
Emilio Lozoya Austin
Entre 2012 y 2015, Emilio Lozoya Austin fungía como director de Petróleos Mexicanos (Pemex), periodo en el que se otorgaron contratos millonarios y sin convocar a una licitación pública, a la constructora brasileña Odebrecht. Pero en 2017, una investigación internacional hizo que altos ejecutivos de dicha compañía declararan que Lozoya aceptó 10.5 millones de dólares a cambio de favorecerlos con 115 mdd en contratos.
Así que en agosto de 2017, Lozoya fue denunciado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade). No obstante, la orden de aprehensión en su contra se giró hasta 2019, cuando ya había logrado salir del país para refugiarse en Alemania.
Tras “escaparse” y a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, en sus siglas en inglés), activó la ficha roja para la búsqueda y localización del exfuncionario público en 190 países del mundo.
Finalmente, Lozoya fue detenido el 13 de febrero de 2020 en Málaga, España y regresó a México en julio del mismo año. Desde entonces, ha buscado negociar con la FGR para frenar su encarcelamiento, sometiéndose a un “criterio de oportunidad” en el que ha denunciado a cerca de 70 políticos, funcionarios y empresarios, entre ellos tres expresidentes y más de una decena de legisladores y empresarios de alto nivel.
Jorge Luis Lavalle Maury
El ex senador panista originario de Campeche, fue el primer político vinculado a proceso en abril de este año por el caso Odebrecht y se encuentra encarcelado en el Reclusorio Norte, acusado de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.
En la denuncia de Lozoya presentada ante la FGR en julio de 2020, se acusa a Lavalle de ser “uno” de los senadores que recibieron sobornos de la constructora Odebrecht con el propósito de aprobar reformas estructurales, en particular la energética.
Una pieza clave en las acusaciones es Rafael Caraveo, ex secretario particular de Lavalle, quien se convirtió en testigo protegido de la FGR y ha atestiguado sobre los sobornos recibidos por el exlegislador, que ascienden a por lo menos 25 millones de pesos.
Aunque Lavalle interpuso una demanda de amparo para solicitar la suspensión definitiva contra la prisión preventiva justificada, argumentando que presenta un “trastorno mental” que le impide permanecer privado de su libertad, dicha petición resultó improcedente.
Ricardo Anaya Cortés
El ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, fungía como diputado federal durante el mandato del priista Enrique Peña Nieto, periodo en el que ocurrió el “fraude” que hasta la fecha, no ha sido reparado ni por la constructora brasileña, ni por los funcionarios federales involucrados.
De acuerdo a la declaración de Lozoya, Anaya es otro de los panistas por quien fue “extorsionado”, “con la finalidad de que se aprobaran las reformas estructurales influenciadas por Odebrecht y otras empresas extranjeras”.
Ante dichas acusaciones, la Fiscalía envió un citatorio a Ricardo Anaya para que se presente a declarar en un juzgado del Reclusorio Norte este jueves 26 de agosto a las 10:00 horas. Sin embargo, el panista acusó al presidente López Obrador de quererlo encarcelar para evitar que sea candidato presidencial en 2024.
Al respecto, AMLO aseguró que la venganza no es su fuerte y que Anaya fue denunciado por sus mismos compañeros del PAN desde hace tiempo. Tal es el caso Ernesto Cordero, quien en 2018 acusó a Anaya ante la entonces PGR, de presunto lavado de dinero.
Paradójicamente, la FGR también investiga a Ernesto Cordero y a otros ex senadores panistas como Pancho Domínguez (ahora gobernador de Querétaro) y Francisco García Cabeza de Vaca (actual gobernador de Tamaulipas), quienes de acuerdo a Lozoya, también aceptaron dinero para dar su voto a favor de la reforma energética.
Hoy, la Fiscalía dio a conocer la versión pública del caso Odebrecht en donde se citan las pruebas en contra de Ricardo Anaya, quien hace unos días advirtió sobre la posibilidad de “exiliarse” del país, con mucho dolor, como la única alternativa para seguir luchando.
¿Pero qué pasa si Anaya no acude al citatorio? De acuerdo a la abogada Adriana Greaves, cofundadora de la organización Tojil, el juez podría dictar una orden de comparecencia y llevarlo a través de la fuerza pública, como establece el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. O si se advierte que existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, se podría dictar orden de aprehensión en su contra con la finalidad de asegurarse de su presencia en el proceso.
Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso
De acuerdo al diario Reforma, la Fiscalía General de la República (FGR) tiene perfilada una imputación por los delitos de asociación delictuosa y cohecho, en contra del expresidente Enrique Peña Nieto y el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por los sobornos que presuntamente entregó el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, para que se aprobara la reforma energética.
“(Peña y Videgaray) forman parte de una asociación de hecho, cuyos efectos son visibles en la República Mexicana, entre abril de 2013 a agosto del 2014, con el propósito de realizar diversas conductas delictivas”, enuncia la imputación de la FGR contra Lavalle reproducida por el diario.
Sin embargo, Luis Videgaray ha negado la “amistad” que alguna vez demostró en redes sociales a Emilio Lozoya, calificando sus acusaciones como absurdas, inconsistentes y temerarias.
Mientras que Peña Nieto se ha mantenido al margen de la situación, pues a finales de julio de este año trascendió que la FGR aún no lo llamaría a comparecer.
